Graves disturbios en Santiago

El gobierno de la capital chilena aseguró que más de 150 personas fueron detenidas este jueves durante una manifestación para conmemorar lo que se conoce como el Día del Joven Combatiente.

La policía usó gas lacrimógeno y carros hidrantes para dispersar la manifestación de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, que lanzaron piedras y cócteles molotov a los efectivos de la policía apostados en la zona.

Varios de los detenidos, informan versiones periodísticas, son estudiantes menores de edad.

Imágenes de televisión mostraban varios vehículos con sus cristales destrozados durante los disturbios.

Las protestas se concentraron en la Alameda O'Higgins, la principal arteria de la ciudad.

Aniversario

La celebración de Día del Joven Combatiente -que rememora a una rebelión de izquierda contra el gobierno de ex mandatario militar Augusto Pinochet- este año coincidió con protestas por la calidad del sistema del transporte público de la ciudad y la velocidad de reformas educativas.

El Día del Joven Combatiente recuerda la muerte de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo en 1985, militantes de izquierda que lucharon contra el gobierno militar de Pinochet, que murió en diciembre de 2006.

El descontento de los ciudadanos de la capital con el sistema "Transantiago" llevó a una crisis de gobierno en la que la presidenta Michelle Bachelet reemplazó a cuatros de los ministros de su gabinete.

La presidenta admitió que los cambios en el sistema de transporte no habían producido los resultados esperados y designó a René Cortazar, un político con amplia experiencia, al frente del ministerio de Transporte.

Tras la desmentida de Solá sobre el múltiple robo en la Panamericana, una mujer ratificó la denuncia

El gobernador bonaerense Felipe Solá, desmintió hoy que hayan existido los asaltos a automovilistas, que según se infomó, quedaron en medio de un embotellamiento el domingo pasado en la ruta Panamericana, y denunció: "Fue un invento para instalar en la agenda y que apareciera políticamente un hecho de inseguridad fenomenal, espectacular".

Solá desmintió así que fuera cierto el presunto ataque sufrido por una decena de automovilistas en ruta 8 y 9, a metros del peaje de Pablo Nogués, en la Panamericana. De todas maneras, una mujer se presentó hoy ante Fiscalía Descentralizada de Malvinas Argentinas y ratificó la denuncia que hizo el lunes ante la prensa.

"Algunos se enteraron de que el domingo a las seis de la tarde hubo un ataque vandálico de cientos de delincuentes a automovilistas cerca del peaje de la Panamericana. Yo como gobernador, a 72 horas de eso, quiero decirles que eso no ocurrió", aseguró Solá.

Desde San Miguel, donde encabezó un acto por la inauguración de obras públicas, el gobernador dijo: "Ese hecho no está registrado por ninguna cámara de los peajes (...). No está registrado por ningún testimonio de ningún empleado de ninguna casillas".

"Nadie dijo absolutamente nada, ¿no les parece raro?. Una mujer hizo una declaración por radio. Averiguamos quién era y fue visitada por la policía. Dijo que a ella no le habían robado, pero que había visto otros. La fuimos a buscar para que hablara y dijo que no".

La versión sostenía que, aprovechando un embotellamiento de autos, una banda de asaltantes copó parte de la autopista Panamericana, entre el peaje y la bifurcación de los ramales Pilar/ Campana, y robó a los ocupantes de unos 10 autos.

Según se dijo, esto ocurrió el domingo pasadas las 19. La Policía bonaerense recibió varias llamados entre las 19.45 y las 21, pero según explicó a Clarín Víctor Manuel Castro, jefe de la División Zona Norte de Autopistas, cuando los patrulleros llegaron no vieron nada extraño.

Por orden del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, se inició una investigación de oficio ya que ninguno de los damnificados había hecho la denuncia de lo ocurrido.

Los únicos que habían aportado algún dato cierto fueron dos automovilistas que presuntamente sufrieron el ataque y hablaron con diferentes radios.

Nélida Maciel era una, quien dijo que ella iba rumbo a su casa, en San Martín: "El tráfico se paró. Entonces de la nada, de la mano izquierda, aparecieron entre quince y veinte hombres armados, violentos, golpeando los autos, pidiendo carteras, relojes, lo que tuviéramos".

Consultados por Clarín, los gendarmes dijeron que no recibieron denuncias de lo ocurrido, y que ellos no escucharon disparos. El jefe de la División Autopista confirmó ese dato.

Castro confirmó que sí hubo cuatro llamados al 911. Hablaron de detonaciones y de gente saltando las divisorias y corriendo por la ruta. Pero nadie habló de los robos. Y ahora, encima, parece que todo fue una mentira, según sostuvo el Gobierno bonaerense.

Pero esta tarde, el subsecretario de Seguridad bonaerense, Martín Arial Duval, aseguró a través de un comunicado que finalmente la mujer se presentó a declarar.

"Recién hoy, (la mujer) se presentó en la Fiscalía Descentralizada de Malvinas Argentinas y, obviamente, contó nuevamente lo que había relatado frente a los medios".

"Habla de una horda de 15 a 20 personas muy violentos, salvajes, tirando tiros al aire y pateando autos, que protagonizan los hechos que se denunciaron públicamente".

Sin embargo, Arias Duval sostuvo: "Lo que llama la atención es que en una Autopista como la Panamericana, con cámaras de televisión, que filman la cantidad de tránsito que había en el lugar, y la multiplicidad de víctimas que -según esta persona relata- existieron, hasta el día de hoy no se haya presentado una sola víctima".

"Estoy íntimamente convencido de que el hecho no existió, al menos de la manera en que se lo relata", dijo el subsecretario. "No niego que pudo haber habido alguna persona o que pudo haberse cometido algún ilícito en la zona. No lo niego porque es probable. Pero el dato objetivo es que hasta ahora no tenemos víctimas", afirmó.



(Fuente: Télam)

Prohibirán operar en el país a petroleras que lo hicieron en Malvinas

Las petroleras que operaron en las Islas Malvinas no podrán hacerlo en la Argentina.

Asi lo decidió hoy el Gobierno, escribiendo un nuevo capítulo en la pelea por la soberanía de las islas ya que complementa la decisión anunciada esta semana, de dar por terminado un acuerdo bilateral de hidrocarburos de 1995 que, según el país sudamericano, servía de excusa a Gran Bretaña para dar unilateralmente permisos de exploración.

"No van a poder operar en la Argentina explotando, operando o desarrollando cualquier tarea de tipo logístico aquellos que hayan prestado servicios en nuestras Islas Malvinas bajo legislación del Reino Unido", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La Argentina y Gran Bretaña mantienen una disputa de soberanía sobre las islas en el Atlántico Sur que llevó a los países a una guerra en 1982, en la que murieron unos 900 soldados.

"Esta es una medida tanto preventiva como retroactiva. No tengo precisiones en cuanto a qué esta sucediendo en materia de hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Malvinas, pero esto se aplica a partir de esta resolución y dada la caída del Convenio de Cooperación, que habilitaba la posibilidad de funcionar en forma conjunta. Hoy entiendo que no hay exploración en la plataforma continental de Malvinas y por eso hacemos la resolución preventiva por situaciones que puedan presentarse a futuro", aclaró De Vido.

En conferencia de prensa, De Vido leyó una declaración complementaria de la decisión, anunciada hace 48 horas, de renunciar al convenio de cooperación entre Argentina y el Reino Unido en materia de hidrocarburos.

De Vido definió la resolución como una "medida preventiva" y dijo entender que "hoy no hay" empresas petroleras trabajando en la zona de Malvinas, pero admitió que "puede ser en el futuro".

Agencias Reuters, Télam y DyN

El ex jefe de gabinete de Gonzales le acusa de aprobar el despido de ocho fiscales en EEUU

EFE

WASHINGTON.- Kyle Sampson, ex jefe de gabinete del secretario de Justicia de EEUU, Alberto Gonzales, ha asegurado que tanto éste como Harriet Miers, ex asesora legal de la Casa Blanca, aprobaron el despido de ocho fiscales federales a finales de 2006.

"Yo y otros hicimos recomendaciones, pero [los ceses] fueron aprobados y firmados por los superiores", aseguró en su declaración voluntaria y bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado.

Según Sampson, que renunció al cargo el 12 de marzo, Gonzales y Miers participaron durante dos años en distintas conversaciones sobre qué fiscales despedir.

Desde que se conocieron los primeros detalles sobre este caso, que enfrenta a la Casa Blanca y el Congreso, los demócratas sostienen que los fiscales fueron despedidos por razones políticas.

En sus palabras ante el Senado, el ex asesor del secretario de Justicia indicó que los ceses se produjeron porque los fiscales federales no apoyaron lo suficiente las prioridades de la agenda del presidente, George W. Bush.

A este respecto, negó que cualquiera de ellos fuera cesado por perseguir supuestos casos de corrupción que pudieran causar algún tipo de problema al Gobierno. "Hasta lo que yo sé, nada de eso ocurrió", dijo.
Las 'excusas' del Gobierno

Según el ex funcionario, Gonzales acudió a una reunión sobre los despidos el 27 de noviembre de 2006, 10 días antes de que se llevaran a cabo las destituciones.

El senador republicano Arlen Specter reprendió a Sampson por dejar en entredicho al Departamento de Justicia y poner en peligro el puesto de su antiguo jefe. En cambio, otro senador republicano, John Cornyn, ofreció al ex colaborador su apoyo e indicó que no hay evidencia de que las dimisiones fueran "diseñadas para dificultar o que, de hecho, dificultasen una investigación".

Por parte de los demócratas, el actual presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, acusó al Ejecutivo de "evitar explicaciones y ofrecer excusas".

La jueza Carmen Argibay toma distancia de Bisordi y dice que no ve injerencia en el Poder Judicial

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, negó hoy que éste sea el momento de mayor injerencia de un gobierno sobre la justicia.

"No, yo no lo veo así", aseguró, terminante, la jurista quien, no obstante, defendió la actitud del máximo tribunal que integra al pedir "mesura" en las críticas ofíciales a la Cámara de Casación Penal.

Argibay hizo breves comentarios ante preguntas que le formuló el público en un panel sobre derechos humanos y sociales realizado en la Facultad de Derecho porteña.

En el mismo participaron, entre otros, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la senadora nacional Marita Perceval y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chilliers.

En su exposición, Chilliers había criticado a la Cámara de Casación a la que califican de "tribunal desprestigiado" que, dijo "tiene más de cien casos que no han tenido resolución en tres años".

Pese a ello, se manifestó por "preservar la legitimidad" de los procedimientos judiciales para "hacer avanzar los juicios de derechos humanos" que consideró que "entran en una etapa final".

También Carlotto criticó esas demoras aduciendo que "un tribunal no puede tardar años en resolver algunas cosas porque no están en juego propiedades sino personas" y al igual que el resto de los panelistas elogió a "esta Corte Suprema prestigiosa que tenemos".

Argibay, que fue presentada como una ex presa política que permaneció nueve meses detenida tras el golpe de 1976, concentró la mayor atención de la concurrencia, que al fin de las exposiciones le hizo llegar gran cantidad de preguntas.

Entre los interrogantes del público, integrado por gran cantidad de estudiantes de abogacía, trabajadores judiciales y funcionarios de la justicia, uno se refirió al porqué del pedido de "mesura" hecho en un comunicado de la Corte.

"Porque si no somos mesurados podemos ser desmesurados", dijo risueña la jurista, arrancando un aplauso de la concurrencia. Pero de inmediato, y ante otra pregunta sobre si coincidía con quienes aseguran que este es el momento de mayores presiones sobre la justicia en su historia, fue igualmente lacónica: "no, yo no lo veo así".

Las Primera Jornadas sobre derechos Humanos y Sociales en la Justicia, organizadas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y la Defensoría General de la Nación, proseguirá mañana.

En el panel de cierre, previsto para las 18, participarán el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entre otros expositores.

Pidió licencia el titular de la Cámara de Casación

El enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces de la Cámara de Casación denunciados ante el Consejo de la Magistratura produjo hoy su primera consecuencia concreta, tras varios días de cruces de declaraciones.

El juez Alfredo Bisordi, titular de Casación y uno de los magistrados cuestionados presentó hoy un pedido de licencia por treinta días ante el fuero que ya le fue concedido, según confirmaron a LANACION.com fuentes judiciales, que no precisaron los motivos por los que el juez solicitó el permiso.

Bisordi fue denunciado la semana pasada ante el Consejo de la Magistratura por supuesta demora en el trámite de causas contra ex militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Cruces. El duelo verbal entre el Gobierno y los jueces de Casación comenzó el sábado pasado, cuando en el acto por un nuevo aniversario del inicio de la dictadura, el presidente Néstor Kirchner pidió a los magistrados del fuero que aceleraran el tratamiento de las causas contra represores.

El jefe del Estado se quejó de que hay causas que "hace más de cuatro años" están "estancadas" en Casación.

"Yo empujo y empujo, pero algunos se hacen los distraídos", fue una de las frases más fuertes de su mensaje.

El embate siguió en boca del ministro del Interior, Aníbal Fernández, que le pidió a Bisordi que renunciara para hacerle "un bien a la patria".

Suma del poder. Bisordi no tardó en contraatacar, al advertir que Kirchner atenta contra la división de poderes y que se encamina a "la suma del poder público".

Frente a este panorama, el martes pasado la Corte Suprema se involucró en el conflicto y emitió un comunicado en el que pidió "respeto por la independencia judicial".

Insistencia. Ayer, durante un acto en la Casa Rosada, Kirchner ratificó sus críticas a la Cámara de Casación y sumó a la Corte a su embestida. Dijo que no hará "pactos de silencio" y que su desmesura promovió cambios en el máximo tribunal

Arslanián acusó a la agencia oficial Télam de intentar perjudicarlo para favorecer a Blumberg

El ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, acusó hoy a Juan Carlos Blumberg de llevar adelante "una gran operación psicológica y política" que busca "agitar el fantasma de la inseguridad" de cara a las elecciones de octubre, en la que el padre de Axel podría aspirar a un cargo en la Provincia.

Más tarde, los dichos de Arslanián fueron respaldados por el gobernador Felipe Solá, mientras que Blumberg volvió a acusarlo de "ocultar" las cifras de hechos delictivos y aseveró que "en la Provincia, hay una epidemia de inseguridad".

"Puedo asegurar que estamos, hoy por hoy, en el medio de una gran operación psicológica, política en el año electoral, buscando hacer eje en este problema tan sensible, acudiendo a las peores armas, como por ejemplo la fabricación del hecho de la Panamericana", manifestó Arslanián a radio Continental.

Blumberg, por su parte, ratificó a la misma emisora ese episodio, presuntamente ocurrido el domingo por la noche a la altura de la localidad de Pablo Nogués, donde ladrones habrían aprovechado una congestión de tránsito frente a una estación de peaje.

Arslanián dijo que el tema se originó en un cable de la agencia oficial Télam de las 4.22 de la mañana y señaló que "esa es la puntada inicial de lo que es toda esta gran operación, como yo la denomino".

Según el funcionario, "no hubo una sóla denuncia sobre el particular", y mencionó a " dos personas que salieron a hablar por radio", que luego evitaron ratificar la denuncia ante la Justicia.

Arslanián también ubicó en esa presunta "operación" a las denuncias de robos en countries. Según dijo, "este fantasma que están agitando de la inseguridad, es un acto de irresponsabilidad absoluta", pero aclaró que "lo que me trae tranquilidad es que se termina el 28 de octubre, porque pasado el tiempo electoral, las aguas volverán a su cauce".

Refiriéndose concretamente a Blumberg, Arslanián reiteró que "a partir de la tragedia personal que le tocó vivir, descubrió que era posible proyectarse en la vida política del país y sacar réditos de su circunstancia". Por su parte, Blumberg afirmó que "la inseguridad no tiene ideología" y agregó que "la que más la sufre es la gente pobre, que hasta tiene que pagar 'peaje' para volver a su casa".

Tras ratificar el hecho de la Panamericana, negado por Arslanián, Blumberg enfatizó: "estamos como en el Far West".

Por último, Blumberg refutó al gobernador Felipe Solá señalando que "esto no es un problema político, es algo que él ha sembrado durante todo su mandato. Es lo que está recogiendo actualmente. El ha desarticulado a la policía".

Más tarde Felipe Solá, aseguró hoy que "el hecho de inseguridad de la Panamericana no ocurrió" en referencia al episodio donde presuntamente delincuentes habrían asaltado a ocupantes de automóviles que aguardaban en la fila del peaje y consideró que la trascendencia que tuvo en los medios este hecho "fue para instalar la inseguridad en la agenda de la provincia".

Estas declaraciones fueron realizadas al término de un acto en San Miguel, donde inauguró un nuevo edificio del Registro Provincial de las Personas.

Solá insistió: "fue un invento para instalar en la agenda un hecho de inseguridad fenomenal, espectacular que asuste a los millones de automovilistas que circulan por la autopista".

"Yo, como gobernador, a las 72 horas de eso, quiero decirles que no ocurrió, no hubo absolutamente nada", enfatizó.
"El hecho no esta registrado por ninguna de las cámaras de los peajes, ni de la 8, ni del acceso a Pilar y tampoco en las cámara de la ruta 9" y agregó "no hay testimonio de ningún empleado de todas las casillas de peaje, nadie dijo absolutamente nada; ¨ no les parece raro?", se preguntó.

Explicó luego que "una mujer hizo una declaración en una radio, averiguamos quien era, fue visitada por la policía y les dijo que a ella no la habían robado pero que había visto a otros" y añadió "se negó a hablar, insistió en que a ella no le había pasado nada, que no era cierto", indicó Solá.

El gobernador indicó luego "trasladamos el caso al fiscal que la llamó a declarar y no concurrió por que estaba enferma y también se negó a que vaya a su casa para tomar su testimonio".

"Este hecho no ocurrió pero todas las radios hablaron del episodio, en una editorial de un diario importante también se habla de este hecho" y añadió "con esto quiero decirles que a veces se puede tejer una urdimbre, inventar algo, hacerlo circular por todos lados con una enorme velocidad y no ocurrió, todo fue una mentira", remarcó el mandatario.

Solá pidió a la ciudadanía a que denuncie los hechos delictivos "porque hay pícaros que en un año electoral lo que quieren es ensuciar la cancha todos los días llenándola de malas noticias, repitiendo las malas noticias hasta que uno crea que el país no tiene salida".

"Este país tiene salida, está bajando la inseguridad comparándola con el 2002 y 2003, esta creciendo y hay más trabajo" y acotó: "a la inseguridad no se la combate con campañas políticas o acusando a funcionarios, se la combate uniéndose, fortaleciendo a la Policía, al Poder Judicial y yendo para adelante con el Estado", concluyó.

Filmus y el titular de la UNESCO visitan la ESMA

El ministro de Educación, Daniel Filmus, recorrió este mediodía junto al director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, las instalaciones del "espacio para la Memoria", creado donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), emblema de la represión ilegal durante la última dictadura.

"La Argentina está planteando en la próxima reunión de Comité Ejecutivo de la UNESCO que este lugar sea sede de un instituto internacional para la educación en la memoria, para enseñar a los docentes a estudiar en base a la memoria para construir un futuro mejor", señaló Filmus en declaraciones a la prensa.

El ministro y candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria destacó que "es nuestro deseo que este espacio sea preservado por la UNESCO para que se pueda conservar la memoria y a partir de ello, las nuevas generaciones planteen un futuro mejor para que no se repitan estos hechos".

Por su parte, Matsuura, de visita en el país para participar de la reunión de los ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe, manifestó su asombro por conocer la negra historia de la ESMA: "Estoy impresionado de que me haya acompañado una dama que estuvo prisionera en estas instalaciones, y que me haya relatado sus vivencias", dijo.

Matsuura escuchó relatos de la Madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida, y de Munu Actis, una mujer que permaneció secuestrada en ese centro clandestino de detención desde mediados de 1978 hasta mediados de 1979.

"La UNESCO es un abogado internacional para los derechos humanos. Es muy importante que todos los habitantes del planeta tomen conciencia de la importancia del respeto a los derechos humanos", explicó.

El funcionario admitió haberse "impresionado por lo que me han mostrado, por lo que ocurrió durante la dictadura aquí, en la Argentina. Es muy importante que las generaciones futuras conozcan qué ha ocurrido acá en el pasado, y es muy importante aprender de él".

En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien participó de la recorrida, aseguró que en el predio que ocupó la ESMA "hay espacio suficiente para todas las actividades imaginadas, y las que puedan resultar de trabajos posteriores. Actualmente está desocupado el 60 por ciento, y esperamos el 30 de setiembre tomar posesión" de sus 17 hectáreas.

Fuente: DyN

Estatales vuelven a marchar en la provincia del Presidente

Una semana después de la masiva protesta que puso a la provincia natal de Néstor Kirchner en el centro de la escena y desató un duro cruce entre el Presidente y el obispo local, estatales de la provincia de Santa Cruz volverán a marchar por las calles de la capital.

Será esta tarde, cuando, mientras se cumple el 11º día de paro docente, empleados públicos, maestros y trabajadores de hospitales se concentren en las calles céntricas se concentren para reiterar su reclamo de mejoras salariales.

Reclamo. La exigencia principal de los estatales, a los que la semana pasada el gobernador Carlos Sancho les anunció un aumento del 15 por ciento, es que la mayor parte de los salarios que hoy cobran deje de estar en negro.

El miércoles pasado, entre cinco mil y siete mil manifestantes (de 196.000 habitantes) tomaron las calles del centro de Río Gallegos, cantaron consignas contra el gobernador y acompañaron la protesta encabezada por el gremio docente en reclamo de mejoras salariales, protesta que contó con la adhesión de los trabajadores estatales agrupados en ATE, personal legislativo, judiciales y la autoridad máxima de la Iglesia en la provincia, el obispo Juan Carlos Romanín.

Críticas de la Iglesia. Justamente las palabras del obispo durante la movilización iniciaron un cruce con Kirchner. "La paz social se encuentra amenazada [ ] todo reclamo debe ser recibido, escuchado y gestionado por las autoridades", afirmó el prelado frente a los manifestantes y pidió que se abra "una instancia de diálogo" ente el Gobierno y los gremios en conflicto.

La respuesta del Presidente no tardó en llegar. Al día siguiente, desde un acto en la Matanza, afirmó, aunque sin nombrar al obispo, que no aceptaría presiones.

"Algún distraído". "Le digo a algún distraído de mi provincia, que llegó hace un año a cumplir una importante función, que hay que ejercer una función para todos, que hay que ser amplio con todos y que hay que mirar lo que se hizo durante años", dijo el Presidente en obvia alusión al cura.

Tal como ocurrió la semana pasada, los puntos de la ciudad por los que pase la protesta estarán fuertemente custodiados, y, en particular, los alrededores de la casa que Kirchner tiene en la capital provincial.

Senado aprueba 30 decretos firmados por Kirchner

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó hoy la validez de alrededor de una treintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dictados por el Poder Ejecutivo entre 2006 y 2007 y que en su mayoría homologan aumentos salariales y de haberes.

De esos treinta decretos, sólo tres fueron aprobados por abrumadora mayoría (36 a 1, la única en contra fue la catamarqueña del Frente Cívico, Marita Colombo), mientras que el resto contaron sólo con el apoyo del oficialismo que logró ganar la votación con 26 votos a favor y 14 en contra.

En principio, contaron con el apoyo casi unánime los DNU 1, 7 y 13 de 2007 que observan, respectivamente, de manera parcial la Ley de Presupuesto Nacional; la Ley que declara la emergencia sobre la tenencia, portación, fabricación, importación, exportación, almacenamiento y demás de armas de fuego por el término de un año; y la cesión de un terreno a la Universidad Nacional de San Martín.

En cuanto a los decretos que no obtuvieron dictamen por unanimidad en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la oposición los criticó porque fueron dictados "cuando el Congreso se encontraba en funciones", por lo que no se firmaron "en el marco de grave riesgo social que paralice la sesiones".

"Todos o la mayoría, son homologaciones de convenios salariales. ¿Quién podría oponerse a un aumento salarial? Lo que ocurre es que estamos agravando una situación de hecho que es buscar un atajo con el propósito de que este Congreso no discuta ni debata", señaló el radical formoseño Luis Naidenoff.

En cambio, el titular de la Comisión Bicameral, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich sostuvo que en los decretos firmados por el Ejecutivo "se acreditan las circunstancias excepcionales" que señala la Ley, y que su dictado "no implica la no sesión del Congreso".
No obstante, defendió la creación de Decretos de Necesidad y Urgencia en "la falta de consensos que hace necesario avanzar para no genera la afectación del interés general".

Entre los decretos que no obtuvieron mayoría absoluta figuran el 678/06 que dispone de un régimen de compensaciones complementarias al transporte automotor; el 764/06 que incrementó en un 11 por ciento los haberes jubilatorios en junio de 2006; y el 782/06 que eliminó el tope para la percepción de las retribuciones de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional.

También fueron convalidados los decretos 828/06 que modifica la Ley de Ministerios otorgándole a la Jefatura de Gabinete de Ministros competencia en la implementación de políticas ambientales; el 940/06 que prorroga la suspensión del restablecimiento de los dos puntos porcentuales correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia; y el 1085/06 que mantiene en vigencia el régimen para la ejecución de las obras de Atucha II.

El resto de los decretos contiene homologaciones de acuerdos salariales y de creación de adicionales para personal del Estado Nacional, como militares, fuerzas de seguridad y de inteligencia y personal civil de las más diversas dependencias del Estado Nacional, como trabajadores del hospital de pediatría Juan P. Garrahan, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de la orquestas y coros dependientes de la Secretaría de Cultura.

Fuente: Télam

Irán retiene a la marine británica por la actitud «incorrecta» de Londres

EP/AP | LONDRES
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, ha confirmado a la televisión estatal que la militar británica Faye Turney no será puesta en libertad por el momento, tal como había anunciado Teherán, debido a la "incorrecta actitud" de Londres.
Tras anunciar la liberación de la soldado, el ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottak, se ha retractado de sus palabras, aunque ha confirmado el consentimiento de Teherán para que representantes británicos visiten a los quince detenidos.
El Gobierno británico ha solicitado apoyo al Consejo de Seguridad, para exigir la liberación de los marines, argumentando que se encontraban en aguas iraquíes bajo mandato de la ONU cuando fueron apresados.
Lariyani acusa a Londres de "congelar las relaciones y amenazar con el Consejo de Seguridad", en lugar de enviar equipo técnico que "examine el problema".
Reino Unido ha rechazado la demanda de Mottaki, que instaba a Londres a admitir la presencia británica en aguas iraníes, aunque ha declarado su deseo de resolver el conflicto "lo antes posible" y sin confrontaciones.
Desde la Oficina de Exteriores londinense se ha asegurado que "la detención es completamente equivocada, ilegal e inaceptable" y reiteran que las imágenes del satélite hechas públicas ayer demuestran que los marinos se encontraban en aguas iraquíes.

Irán retiene a la marine británica por la actitud «incorrecta» de Londres

EP/AP | LONDRES
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, ha confirmado a la televisión estatal que la militar británica Faye Turney no será puesta en libertad por el momento, tal como había anunciado Teherán, debido a la "incorrecta actitud" de Londres.
Tras anunciar la liberación de la soldado, el ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottak, se ha retractado de sus palabras, aunque ha confirmado el consentimiento de Teherán para que representantes británicos visiten a los quince detenidos.
El Gobierno británico ha solicitado apoyo al Consejo de Seguridad, para exigir la liberación de los marines, argumentando que se encontraban en aguas iraquíes bajo mandato de la ONU cuando fueron apresados.
Lariyani acusa a Londres de "congelar las relaciones y amenazar con el Consejo de Seguridad", en lugar de enviar equipo técnico que "examine el problema".
Reino Unido ha rechazado la demanda de Mottaki, que instaba a Londres a admitir la presencia británica en aguas iraníes, aunque ha declarado su deseo de resolver el conflicto "lo antes posible" y sin confrontaciones.
Desde la Oficina de Exteriores londinense se ha asegurado que "la detención es completamente equivocada, ilegal e inaceptable" y reiteran que las imágenes del satélite hechas públicas ayer demuestran que los marinos se encontraban en aguas iraquíes.

El Presidente pone al país al borde de un conflicto de poderes

Néstor Kirchner volvió a avalar ayer la dura ofensiva política contra los jueces de la Cámara de Casación. Lo hizo cuando parecía que el debate comenzaba a moderarse luego del oportuno documento de la Corte, de anteanoche, en el que pidió respeto por la honorabilidad de la Justicia y por la independencia de los poderes. El Presidente fue más allá: también le contestó, sin nombrarlo, al máximo tribunal de justicia del país. Las cosas comienzan, así, a tomar otro color.

Justificó su "desmesura" cuando la Corte había reclamado "mesura, equilibrio y respeto". Kirchner ha convertido la desmesura en virtud política, según lo explicó él mismo ayer en una de sus tribunas de fuego. ¿Fue eso, una conversión del defecto en virtud, o le recordó a la mayoría de los jueces de la Corte por qué están ahí y quién los nombró? Resulta difícil imaginar la inocencia de una simple mutación de conceptos cuando dijo que su "desmesura" había logrado cambiar la Corte; es decir, había erigido en jueces supremos a los actuales miembros del tribunal.

La doctrina del "pensamiento único" que prevalece en la política argentina se extendió, por lo tanto, a la Corte y, desde ya, al periodismo independiente y a LA NACION en particular. Esto último no es una novedad, aunque su incorregible insistencia en descalificar afecta ya seriamente la libertad y la tranquilidad con que deben trabajar los periodistas. La misma libertad y tranquilidad que precisan los jueces para interpretar las leyes. Ni periodistas ni jueces están a salvo ahora.

Más moderado, por la mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asumió públicamente la defensa de la cuestionada posición del Gobierno. Fue un progreso breve, muy fugaz. Habían quedado fuera del juego los más deslenguados voceros presidenciales, el ministro Aníbal Fernández y el diputado Carlos Kunkel.

Cuando caía la noche, el propio Kirchner tomó el liderazgo personal de la crispación frente a los jueces y sumó en su ofensiva a la Corte. ¿Qué se discute? ¿En qué consiste un debate que ya tiene como protagonistas a las cabezas mismas de dos poderes del Estado?

En rigor, el debate se ha desvirtuado con el correr de los días. Se ha insistido, por ejemplo, en que los jueces pueden ser sometidos a juicio político y que ese trámite no significa nunca la injerencia de un poder sobre otro poder. Están cambiando el eje de la polémica anterior. Nadie duda, como lo dijo la Corte, que todos los dirigentes del Estado pueden ser sometidos al escrutinio de sus actos.

El problema no era el trámite en sí en el Consejo de la Magistratura (a pesar de que su reciente modificación planteó serias dudas sobre su independencia), sino la forma en que el Poder Ejecutivo se metió en la Justicia. Las formas son inherentes a la mecánica de la democracia, sobre todo cuando un poder se refiere a otro poder.

El jefe de Gabinete también esbozó una mala defensa cuando señaló que cualquier ciudadano puede criticar a los jueces. De hecho, el periodismo ha criticado muchas veces a los jueces y a la propia Corte.

El problema es que ese criterio general tiene algunas excepciones. La primera excepción comprende al presidente de la Nación, que está impedido constitucionalmente de inmiscuirse en causas puntuales en manos de la Justicia. Alberto Fernández dijo ayer que el Presidente había hablado como "ciudadano". Pero, ¿dónde está la frontera que separa al presidente Kirchner del ciudadano Kirchner? ¿Es posible que un presidente se convierta en ciudadano sólo por algunos minutos y luego vuelva a ascender a la Presidencia?

Definitivamente, Kirchner ha perdido la condición de simple ciudadano mientras ejerza la primera magistratura de la Nación. Cada uno de sus actos públicos llevará siempre la impronta del Estado y marcará una política de su gobierno.

Otro ángulo del debate que se ha deformado se refiere a las presuntas infracciones que habrían cometido los jueces de la Cámara de Casación. La discusión pública pareciera referirse a delitos de corrupción o de prevaricato. En rigor, lo único que ha pasado, hasta ahora, es que el Consejo de la Magistratura decidió enviarle a la Cámara un pedido de informes sobre la demora de las muchas causas que hay por las violaciones de los derechos humanos en la década del 70. Exponentes del Poder Ejecutivo han cuestionado, en cambio, la ideología de algunos jueces, pero esas disidencias no son -hasta donde se sabe, al menos- un motivo de persecución judicial.

El Consejo de la Magistratura deberá averiguar, a todo esto, si las demoras están justificadas o no. La severidad de la condena tendrá que ajustarse a las consecuencias judiciales que hubieran tenido eventuales moras injustificadas. Una demora que no hubiese tenido consecuencias directas en las causas no acreditaría, desde ya, el relevo de ningún juez.

Si se colocaran las ideas a un lado, podría rescatarse que lo único que un juez no puede hacer es incumplir la ley. Y ésta es en última instancia la misión final del Consejo de la Magistratura: determinar con objetividad e independencia si los jueces han respetado -o no- los mandatos de la ley.

El gobierno de Kirchner pudo acatar este principio en silencio. ¿Por qué le agregó, entonces, el innecesario batifondo de la pelea y la crispación? Como suele pasarle con demasiada frecuencia, sus errores políticos resultan con un precio demasiado alto. Si hubiera existido una culposa demora por parte de algunos jueces, lo que no se ha demostrado aún, el escándalo de los últimos días no habría hecho más que convertir a los culpables en víctimas. Por si todo fuera poco, el Presidente colocó anoche a la nación política al borde de un conflicto de poderes.

Castro rompe su silencio con un artículo tras ocho meses desde que cedió el poder

EFE

LA HABANA.- El líder cubano, Fidel Castro, ha roto su silencio con un artículo en el diario oficial 'Granma', cuando se cumplen ocho meses de la cesión provisional del poder a su hermano Raúl por una enfermedad mantenida como "secreto de Estado".

"Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 millones de personas en el mundo" es el título del artículo de Castro que aparece en la edición del jueves del diario 'Granma', órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, adelantaron fuentes oficiales.

En el texto, Castro, que en agosto cumplirá 81 años, no hace referencia a su estado de salud ni a temas de la política interna cubana, sino que se refiere al uso de combustibles alternativos y al cambio climático.

El artículo aborda la estrategia de Washington para impulsar el uso de combustibles alternativos, como el etanol, y sus repercusiones en los países pobres. "He meditado bastante después de la reunión del presidente (de EEUU, George) Bush con los fabricantes norteamericanos de automóviles", señala el texto, en alusión a la "idea siniestra" de "convertir alimentos en combustible establecida como política exterior de Estados Unidos".

El líder cubano se refiere a la reunión mantenida el pasado 26 de marzo entre Bush y los principales productores de automóviles en la que se defendió la idea de impulsar la producción de etanol y combustibles alternativos.

"Reducir y además reciclar todos los motores que consumen electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de toda la humanidad. La tragedia no consiste en reducir esos gastos de energía, sino en la idea de convertir los alimentos en combustible", afirma Castro.

Estima que sería necesaria una producción gigantesca de maíz para producir etanol y cuantiosas inversiones "al alcance sólo de las empresas más poderosas, en las que todo se tiene que mover sobre la base de consumo de electricidad y combustible".

"Aplíquese esta receta a los países del Tercer Mundo y verán cuántas personas dejarán de consumir maíz entre las masas hambrientas de nuestro planeta", afirma. "O algo peor: présteseles financiamiento a los países pobres para producir etanol del maíz o de cualquier otro tipo de alimento y no quedará un árbol para defender la humanidad del cambio climático", insiste el líder cubano.

En Cuba, los alcoholes se producían como subproducto de la industria azucarera, continúa, pero el cambio de clima "está afectando ya nuestra producción azucarera". "Por ello, independientemente de la excelente tecnología brasileña para producir alcohol, en Cuba el empleo de tal tecnología para la producción directa de alcohol a partir del jugo de caña no constituye más que un sueño o un desvarío de los que se ilusionan con esa idea", afirma.

"En nuestro país, las tierras dedicadas a la producción directa de alcohol pueden ser mucho más útiles en la producción de alimentos para el pueblo y en la protección del medio ambiente", insiste Castro.

El líder cubano apunta que todos los países del mundo, ricos y pobres, "podrían ahorrarse millones de millones de dólares en inversión y combustible simplemente cambiando todos los bombillos incandescentes por bombillos fluorescentes, algo que Cuba ha llevado a cabo en todos los hogares del país". "Eso significaría un respiro para resistir el cambio climático sin matar de hambre a las masas pobres del mundo", asegura.

Fidel Castro cedió el poder a su hermano menor y ministro de las Fuerzas Armadas el pasado 31 de julio tras someterse a una intervención provocada por una hemorragia debida a una enfermedad cuyas causas se mantienen en secreto. En los últimos días se han incrementado las declaraciones de funcionarios cubanos y aliados de La Habana sobre la mejoría de su estado de salud.

Advertencia de Kirchner a los jueces de la Corte

El presidente Néstor Kirchner le respondió a la Corte Suprema, con una fuerte dosis de ironía, las críticas que el máximo tribunal le había dedicado anteayer al reclamarle mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial.

“Gracias a esa desmesura por ahí tenemos una nueva Corte”, le enrostró a los jueces del máximo tribunal, y agregó: “No vine a invadir ningún poder”. Fue en la presentación de un nuevo canal educativo que se lanzó en la Casa de Gobierno.

Visiblemente molesto por los cuestionamientos que desde todo el arco judicial despertó su pedido para que se sometiera a juicio político a cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país–, el Presidente eligió llamarlos “las corporaciones” y les advirtió: “No vine a hacer pactos de silencio”.

A contramano de las palabras del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que a la mañana había decidido bajarle el tono a la disputa, Kirchner optó por reforzar su embestida. “A mí no me van a extorsionar con casos de corrupción o con denuncias, truchas o no, porque el día que descubra o esté marcado con certezas que es un corrupto no tengo ningún problema. Yo siempre dije que vine con las manos así y me voy a ir con las manos así”, repitió, mientras alzaba los brazos y recibía los aplausos de un salón Sur colmado. Kirchner se refería así a la posibilidad de que las investigaciones por el pago al grupo Greco o la causa Skanska, que involucran al Gobierno, también podrían pasar por las manos de la Cámara de Casación.

Los cuatro camaristas cuestionados por el jefe del Estado son Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Alfredo Bisordi. Pero ningún párrafo del discurso de ayer estuvo destinado exclusivamente a ellos.

Sí el Presidente dedicó críticas veladas a Bisordi, el juez que esgrimió hace unos días una defensa pública propia tras las palabras de Kirchner el sábado pasado, en el acto en Córdoba, en el 31er. aniversario del golpe militar.

"En La Perla vi los rostros de muchísima gente que está esperando que no tengamos más jueces racistas, o que porque alguien piensa diferente lo tratan de terrorista y demás", dijo. En 2005, el Consejo de la Magistratura apercibió a Bisordi por haberse referido a una ex detenida en la ESMA como "delincuente terrorista".

Lejos de retractarse ante el comunicado que ayer emitió la Corte, Kirchner reforzó sus palabras: "Asumo las responsabilidades de las cosas que digo". Enseguida volvió a aclarar: "No vine a invadir ningún poder".

Para usar otra vez las mismas palabras con las que lo criticó al máximo tribunal, el Presidente insistió: "Creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la desmesura es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más están esperando ver en el lugar que corresponde a aquellos que violaron todos los derechos humanos. ¿Y qué hay?".

Un ministro cercano a Kirchner, en diálogo con LA NACION, interpretó: "Con estas declaraciones el Presidente hizo explícito su fuerte diferencia con la Corte. Pero no está mal eso."

A pesar de que Kirchner apuntó también a ciertos fiscales de la Cámara de Casación, en el Gobierno no está previsto que la embestida se extienda más allá de los cuatro magistrados cuestionados, indicó el funcionario, con despacho en la Casa Rosada.

Estos cuatro jueces de la Cámara de Casación fueron denunciados por organismos de derechos humanos por supuesto retraso en la investigación. Y el Consejo de la Magistratura ya analiza el caso.

Horas antes de la reacción de Kirchner, el juez de la Corte Carlos Fayt había procurado no exacerbar los ánimos al negar que existiera un conflicto de poderes. "El país está harto de escándalos", había dicho.

En la misma línea, el jefe de Gabinete había considerado que fue Bisordi quien "se dio por aludido" ante las palabras de Kirchner, en otro intento de poner fin a la disputa.

Durante un acto de campaña, el candidato de Pro a jefe de Gobierno porteño sentó su posición en favor de los jueces: "En el nivel institucional, la Argentina retrocede más de un 9 por ciento anual. Hay que mantener las formas institucionales y la división de poderes", agregó.

Denuncia de Bisordi

* El presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, que acusó al presidente Kirchner de pretender manejar a los jueces, denunció ayer que era vigilado por dos personas desconocidas. En la mañana de ayer, el camarista se presentó en la comisaría 47a, de Villa Pueyrredón, y declaró que al salir de su casa había visto a dos individuos que lo observaban desde un auto, a unos 25 metros de la puerta de su domicilio. Uno de ellos lo filmaba y el otro le sacaba fotos, según su relato. Ahora, el hecho lo investiga el juez federal Daniel Rafecas, que ayer abrió una causa para averiguar quiénes eran estas personas.

Irán plantea sus condiciones

Irán le dice al Reino Unido: resolveremos la crisis si reconocen que cometieron un error y que los 15 marinos detenidos el pasado viernes estaban en aguas iraníes.

Así lo planteó el canciller iraní, Manouchehr Mottaki, desde Arabia Saudita donde asiste a la cumbre de la Liga Árabe.

"Primero tienen que admitir que cometieron un error. Admitir el error facilitará una solución al problema", afirmó Mottaki, añadiendo que la única mujer entre los marinos hechos prisioneros podría ser liberada.

Sin embargo, el principal negociador nuclear iraní, Ali Larijani, advirtió que su liberación podría retrasarse si el Reino Unido continúa provocando "furor".

Todavía no se ha producido una reacción de Londres a estas declaraciones.

Por otro lado, Irán ofreció permitir visitas oficiales británicas a los marinos capturados.

La cancillería británica afirmó que está a la espera de recibir detalles sobre las posibles visitas consulares pero que todavía no ha recibido una propuesta oficial del gobierno iraní.

Este miércoles, el Reino Unido suspendió todos los contactos bilaterales con Irán y de lo único que hablará a partir de ahora con Teherán será del caso de los marinos.

El primer ministro británico, Tony Blair, calificó la acción iraní de "errónea, inaceptable e ilegal" y añadió que acudiría a sus socios de la Alianza Atlántica (OTAN) y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para presionar a Irán.

Irán sostiene que los marinos británicos incursionaron en aguas iraníes cuando fueron detenidos, aunque Londres asegura que se encontraban en aguas iraquíes bajo el mandato de la ONU.

El ministerio de Defensa británico mostró datos satelitales que, según afirman, prueban que los soldados británicos detenidos se encontraban 1,7 millas náuticas (unos 3 kilómetros) dentro de aguas territoriales iraquíes.

La UCR porteña podría sellar hoy su apoyo formal a Telerman

Después del cuarto intermedio que se acordó anteayer, la convención de la UCR porteña podría finalmente hoy formalizar su apoyo a la candidatura de Jorge Telerman para la jefatura de gobierno de la ciudad.

Con la mayoría segura de los radicales que buscan un acuerdo con Telerman, la oficialización del acuerdo se había trabado por un tema no menor: el radicalismo no terminó de acordar qué lugares ocupará en las listas del jefe de gobierno (la otra opción es alinear la Lista 3 de la UCR a su candidatura) ni quién será el vice que lo acompañe.

En busca de destrabar esa negociación, el líder de la UCR de la ciudad, Jesús Rodríguez, se reunirá hoy con el propio Telerman para buscar una alternativa que conforme a todos y por la noche poder sellarla en la convención partidaria. Sin embargo, si eso no se logra, fuentes del radicalismo no descartaron volver a postergar una definición hasta el martes, cuando vence el plazo para presentar alianzas electorales en la Justicia.

La intención, sin embargo, es cerrar el tema hoy. Para eso la UCR renunció a su anhelo de que el acompañante de Telerman en la fórmula fuera un radical (se hablaba de Silvana Giúdice), pero sigue pidiendo un nombre que no haga ruido en el electorado del partido (podría ser un socialista o alguien de la izquierda progresista).

Mientras tanto, en minoría, sigue el rechazo tanto de los radicales que se fueron con Mauricio Macri (que pretendían libertad de acción) como del sector que quería imponer un candidato propio. "Esto se convirtió en una negociación casi contractual y que apoya a un candidato kirchnerista", se lamentó Guillermo Moreno Hueyo, el postulante a jefe de gobierno que pretendía ese sector.

Gobernadores K

La interna de la UCR porteña llegó incluso a los radicales K del interior del país.

"Nos quieren expulsar a nosotros y ellos también apoyan a un kirchnerista", se quejó a LA NACION el diputado mendocino Alfredo Cornejo, al término de una reunión donde los radicales K cuestionaron la nueva intervención partidaria a la UCR mendocina.

Los gobernadores Julio Cobos (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Arturo Colombi (Corrientes), más un enviado del gobierno rionegrino y una decena de intendentes reunidos en esta Capital difundieron ayer un documento sugestivamente titulado "Pronunciamiento de los excluidos del radicalismo" donde critican la intervención que la semana última ratificó la UCR nacional al comité de Mendoza por su expreso alineamiento con Néstor Kirchner.

En el documento acusan al comité nacional de "caer en una oposición irracional" y de una "incapacidad de interpretar ideas fundacionales de la política partidaria".

"Se interviene [la UCR mendocina] atendiendo a una posición obstinada y anteponiendo intereses personales, lejos de intentar siquiera escuchar el reclamo social y muy lejos de respetar los principios básicos de un partido caracterizado por su defensa de las instituciones democráticas", dice la carta crítica.

En pie de guerra ante las intenciones del partido de no permitirles acompañar a Kirchner usando el sello de la UCR, los radicales K adelantaron que el 20 de abril harán un encuentro masivo en la Capital apoyando al Gobierno y a la concertación oficialista.

Dirigentes africanos discuten Zimbabue

Una cumbre de emergencia de catorce países del sur de África se a cabo en Tanzania, con la agenda centrada en la crisis de Zimbabue. Se espera una mensaje firme al presidente de ese país, Robert Mugabe.

Con la inflación en en la economía zimbabuense acercándose a 1.700% anual, y la violencia política en aumento, hay creciente preocupación en la Comunidad de Desarrollo del Sur de África, una organización que agrupa a catorce países de la región, acerca del impacto que la crisis está teniendo en toda la zona.

Según el corresponsal de la BBC en Tanzania, Peter Greste, el lenguaje utilizado en la cumbre será bastante fuerte.

Fuentes diplomáticas aseguran que los dirigentes le dirán al presidente Mugabe que no debería aspirar a la reelección el año entrante, sino planear su retiro.

Según los diplomáticos, la región no puede darse el lujo de presenciar una continuación, o posiblemente un deterioro de la situación en Zimbabue, que resulte en una guerra civil.


Más violencia

El encuentro subregional de alto nivel tiene lugar un día después de que la policía zimbabuense detuviera al principal dirigente de la oposición, Morgan Tsvangirai, por algunas horas.

Fuentes policiales negaron, sin embargo, que Tsvangirai estuviese entre los detenidos cuando allanaron las oficinas del del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés).

La policía acordonó la sede principal del partido opositor en la capital, Harare, poco antes de que empezara una conferencia de prensa convocada por Tsvangirai.

Se esperaba que hablara de la violencia política en el país.

A comienzos del mes, Tsvangirai fue supuestamente golpeado en custodia policial luego de su arresto en una manifestación prohibida.

Se espera que en la cumbre en Tanzania también se discuta la reciente violencia en la República Democrática de Congo entre los militares y combatientes leales al ex vice presidente Jean-Pierre Bemba.

Hubo más objeciones al Gobierno

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país pidió ayer "respeto" a la independencia del Poder Judicial y manifestó su preocupación por las "injerencias" sobre la Justicia. Se sumó así a las críticas realizadas por la Corte Suprema y por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, que anteayer le solicitaron "mesura" al Presidente.

Los titulares de cámaras de apelaciones de todo el país se entrevistaron ayer con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y manifestaron "como tema prioritario" su "grave preocupación por que se respete la independencia del Poder Judicial, frente a la injerencia de otros poderes del Estado, como una cuestión institucional que hace a la seguridad jurídica de la ciudadanía".

Así lo informó la Corte Suprema por medio de un comunicado que dio a conocer en la tarde de ayer.

De acuerdo con los integrantes de esta Junta, la polémica abierta por las declaraciones del Presidente en relación con la denuncia contra cuatro jueces de la Cámara de Casación es una cuestión que "supera las situaciones personales, por encontrarse vinculada a cuestiones institucionales".

Los camaristas, que reclamaron "el absoluto respeto que merecen las garantías previstas en la Constitución Nacional", coincidieron "en un todo con las expresiones vertidas por la Corte", afirma el comunicado. El máximo tribunal había solicitado "mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial".

Ecuador: se agrava crisis política

El enfrentamiento en Ecuador entre el presidente Rafael Correa y los partidos tradicionales que controlaban el Congreso se acentuó este miércoles con la decisión del presidente de la Cámara, Jorge Cevallos, de no sesionar hasta que se aclare la situación de los 57 diputados cesados.

Los legisladores, suspendidos el pasado 7 de marzo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusados de obstruir el proceso de convocatoria a una Asamblea Constituyente, lograron una victoria judicial este martes cuando un juez acogió un recurso de amparo presentado por ellos para revertir su destitución.

"Yo no puedo instalar una sesión cuando existe un amparo concedido a los diputados y eso es lo que he hecho, cumplir con la Ley", dijo Cevallos, quien aceptó que los cesados pudieran ingresar al Parlamento aunque esto fue evitado después por la policía.

El TSE, por su parte, destituyó al juez de Guayaquil Juan Ramírez por considerar que el magistrado no tenía la facultad de acoger ese recurso legal presentado por los legisladores suspendidos.

El presidente de ese tribunal, Jorge Acosta, declaró que el juez Ramírez debió rechazar el amparo y agregó que al aceptarlo incurrió en una falta constitucional.

Ese recurso legal había sido presentado en cuatro ocasiones anteriores por los diputados opositores a Correa pero las cuatro veces fue rechazado por distintos magistrados.

El presidente ecuatoriano dijo este miércoles que el fallo de Ramírez era "ilegal e ilegítimo" y agregó que "esos legisladores están sancionados correctamente".

Marzo, un mes movido

El pasado 6 de marzo, 52 diputados resolvieron "sustituir" al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber aceptado la consulta popular promovida por Correa para convocar una Asamblea Constituyente.

Otros 5 presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta convocatoria.

Acosta decidió entonces destituir a los 57 legisladores considerando que sus acciones interferían con el desarrollo del plebiscito.

La semana pasada juraron 28 diputados suplentes, el número necesario para sesionar con quorum.

Estallan cuatro artefactos explosivos en Santiago de Chile sin provocar heridos

EFE | DPA

SANTIAGO DE CHILE.- La policía chilena ha detonado un artefacto explosivo ubicado a 100 metros del palacio presidencial de La Moneda y constató otros cuatro ataques en la capital. No se han registrado heridos pero sí daños materiales.

Los artefactos fueron colocados por desconocidos en los municipios de Maipú, Cerrillos, Providencia y Santiago, y afectaron a locales comerciales, una sucursal bancaria y un módulo de pagos de permisos de circulación de vehículos, precisaron las fuentes.

En los lugares donde explotaron los artefactos se encontraron hojas impresas firmadas por un hasta ahora desconocido grupo 'Juventud 29 de marzo' y frases alusivas a la conmemoración, este jueves, del 'Día del joven combatiente'.

Para ese día, grupos de ultraizquierda chilena han convocado manifestaciones en recuerdo de dos hermanos adolescentes, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, muertos por carabineros el 29 de marzo de 1985 durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Cada año, en esa fecha, se registran disturbios violentos en sectores periféricos de Santiago, especialmente en la 'Villa Francia', en el municipio de Estación Central, donde agentes de la policía mataron a los hermanos Vergara Toledo.

El lunes, medio centenar de encapuchados que anticipaban esa conmemoración se enfrentaron a la policía chilena y quemaron con bombas incendiarias algunas dependencias de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en el sector de Ñuñoa.

Dos alumnos de universidades privadas fueron imputados este martes y quedaron en detención preventiva en relación con ese incidente.

En los atentados el más perjudicado fue un local de ventas de la marca Mercedes Benz en el municipio de Providencia, donde una bomba fabricada con pólvora negra dentro de un cilindro de gas dañó algunos automóviles y destrozó las ventanas, según la policía.

En el municipio de Maipú, otra bomba causó daños a un módulo de pago de permisos de circulación situado frente a un local de la cadena "McDonald's", mientras en Santiago resultó afectada una sucursal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

Un cuarto artefacto estalló en el "Camino a Melipilla", en el municipio de Cerrillos, dijo la policía.
Crisis por un nuevo sistema de transporte

Las operaciones subversivas ocurren en medio de la crisis política y social que afecta al Gobierno. El conflicto estalló cuando la presidenta Michelle Bachelet puso en marcha un nuevo y fallido sistema de transporte público el pasado mes de febrero.

El ministro del Interior, Belisario Velasco, advirtió que el Gobierno coordina con la policía uniformada un plan especial para evitar nuevos ataques.

El nuevo sistema vial fue ideado para modernizar un servicio que aportaba el 70% de la contaminación de la capital y que era operado por cientos de microempresarios, que fueron reemplazados por diez consorcios.