Extenso debate en Diputados por la Ley de bosques nativos

Los legisladores continuaban con la primera sesión ordinaria del año. La iniciativa, que ya fue aprobada en general, era debatida en particular. Fue impulsada por el diputado Miguel Bonasso y busca evitar la tala de ese tipo de bosque.

La Cámara baja debatía esta noche, con fuertes cuestionamientos de diputados oficialistas y opositores de provincias norteñas, el proyecto de ley que crea los presupuestos mínimos de protección para los bosques nativos de la Argentina.

La normativa, promovida por el kirchnerista Miguel Bonasso y apoyada por la organización ecologista Greenpeace, sufrió algunas modificaciones respecto del proyecto original, aunque no alcanzaron para evitar que el oficialismo votara dividido por la resistencia de los diputados de las provincias productoras de madera, como Misiones, Formosa y Salta.

Incluso, en la discusión de los artículos hubo varios legisladores que amenazaron con no bajar al recinto y terminaron por votar en contra.

En su momento, Bonasso, titular de la comisión de Recursos Naturales, había denunciado, igual que Greenpeace, la existencia de un fuerte lobby sojero y maderero para frenar la prohibición de talado, pero hoy aceptó algunas modificaciones como la eliminación de la declaración de la emergencia forestal "para que la ley salga", según afirmó en el recinto. Un dato: Bonasso defendió el proyecto y enfrentó el debate sentado por primera vez en el medio del bloque Frente Para la Victoria-PJ, al lado de Mariano West y banca de por medio de Agustín Rossi, jefe del grupo de diputados oficialistas.

El legislador aclaró que la norma establece "presupuestos mínimos", es decir, "un piso general a partir de cual pueden haber regímenes incluso más restrictivos" y añadió que al aprobar la ley "no hablamos sólo del paisaje, hablamos de seres humanos", que están siendo "expulsados por una nueva oligarquía: sectores concentrados de la producción maderera y sojera".

Las presiones de los gobernadores y de los legisladores de las provincias que tienen bosques nativos hizo que la iniciativa tuviera un dilatado tratamiento en la Cámara baja, pese a que el proyecto ya había obtenido su aprobación en general el pasado 23 de noviembre.

Entre los más críticos estuvieron los justicialistas Irene Bosch (Misiones), Juan Manuel Irrazábal (Misiones), quien reclamó la sanción de "un régimen de compensación económica para las provincias que defienden el medio ambiente"; Zulema Daher (Salta), quien se quejó de las presiones "realizadas por Internet" a quienes se oponían al proyecto.

La iniciativa sufrió importantes modificaciones que permitieron destrabar el conflicto que generó en el transcurso del debate el texto, que había sido aprobado en general en diciembre pasado por la cámara baja.

Entre los cambios, los diputados incluyeron un artículo que busca fortalecer el rol de las provincias, reafirmando el dominio originario de las mismas sobre los bosques nativos y una serie de definiciones técnicas que apuntan a lograr la "efectiva sustentabilidad en el aprovechamiento" de éstos.

Estudios por impacto

En tanto, el Senado dio media sanción esta tarde -por unanimidad- a un proyecto que obliga a realizar estudios de impacto ambiental antes de la ejecución de una obra o instalación, pública o privada.

La norma establece los conceptos esenciales que deberán ser considerados en un procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), que deberá ser requerido antes de otorgar la autorización de una "obra nueva o la ampliación, modificación, cierre o desmantelamiento de una obra existente que sea susceptible de degradar el ambiente".

En la última versión de la iniciativa, que fue la que sancionaron los senadores, se incluyó un artículo relacionado con proyectos de "impacto transfronterizo", un apartado que podría ser aplicado en casos que afecten a terceros países, o que terceros países puedan afectar a la Argentina.

"Cuando los impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de revisión del EIA a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación", sostiene la primera parte del artículo 15 del texto.

El segundo párrafo parece una consecuencia de la controversia desatada por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos. "El Poder Ejecutivo Nacional solicitará el EIA de todo proyecto de obra o actividad comprendida en la presente ley que se desarrolle en terceros países y que pudiera afectar a nuestro país", indica el proyecto.

FUENTE: CLARIN.COM