El CELS le exige a Kirchner un plan de DD.HH.

El Centro de Estudios Legales y Sociales sostiene que "existe una relación endémica entre debilidad institucional y exclusión social, lo que constituye el principal obstáculo para consolidar en la Argentina un Estado protector de los derechos humanos".

El diseño institucional de un plan para resolver los casos de violaciones a los derechos humanos en Argentina es "fundamental" para fortalecer la democracia y sus instituciones, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La organización no gubernamental, que hoy presentó ante los corresponsales extranjeros el informe 2007 sobre derechos humanos en el país, insistió con ese reclamo al gobierno del presidente Néstor Kirchner, por considerar que debe ser articulada la tarea de todas las instituciones y organismos que hoy trabajan en forma dispersa y desorganizada.

Horacio Verbitsky, presidente del CELS, expresó su satisfacción porque, "a pesar de las debilidades estructurales, el tema de los derechos humanos está incorporado a la agenda de las instituciones del Estado".

"El problema son las dificultades en la gestión para que la voluntad expresada por este gobierno se traduzca en políticas concretas que permitan profundizar el proceso", agregó Verbitsky.

l informe, de unas 500 páginas, está dividido en diez ítems con los hechos positivos, los negativos y los reclamos que hace el CELS en áreas como las militar, judicial, social y hasta la libertad de expresión y acceso a la información.

"El año 2006 ha sido el escenario natural de las primeras sentencias, desde el histórico juicio a las Juntas, contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura" (1976-1983), recuerda el informe, y evalúa que ha sido un "progreso" en materia judicial, así como la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

Pero en contraste con estos y otros logros, el documento registra que en materia de calidad institucional "persisten núcleos elevados de fragilidad en temas sensibles" y que "subsisten retrasos u obstáculos generados por la instrumentación deficiente de políticas públicas".

El voluminoso informe revela además que "existe una relación endémica entre debilidad institucional y exclusión social, lo que constituye el principal obstáculo para consolidar en Argentina un Estado protector de los derechos humanos".

Denuncia además que sigue pendiente el fortalecimiento de instituciones que permitan el control civil de las fuerzas armadas y que no se ha superado el problema del hacinamiento en cárceles y la demora en el procesamiento de las causas judiciales.

En la presentación del informe se mencionó también el caso de la desaparición de Jorge Julio López, de quien no se tienen noticias desde hace seis meses, luego de testimoniar en el juicio a un ex comisario represor, condenado a cadena perpetua.

Verbitsky se limitó a comentar que el caso tiene "intencionalidad política" y admitió no saber si es "optimismo o triunfalismo político" lo expresado recientemente por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a "pistas firmes" para el esclarecimiento del caso.

En materia de libertad de expresión, Verbitsky fue categórico: "En Argentina hay libertad de expresión", aunque "hay algunas relaciones ríspidas entre el gobierno y algunos medios", dijo, y condenó la "distribución discriminatoria de la publicidad oficial", lo que el CELS considera "inadmisible, en cualquier caso".

Para el CELS este informe es un diagnóstico detallado, que también incluye reclamos, y enfatiza que la justicia llegará solamente cuando los responsables de los crímenes sean condenados. "No es posible avanzar en democracia sin juzgar esos crímenes", agregaron los voceros del CELS.

FUENTE: PERFIL