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25 de marzo de 2007

Escándalo por el caso Skanska: para la Justicia, la fuente de financiamiento de las obras es ilegal

El andamiaje legal y financiero que montó el ministro Julio De Vido para la construcción del Gasoducto Norte, comenzó a derrumbarse. Dos jueces federales trabaron la aplicación de la cuestionada Ley de Cargos Específicos que impulsó el hiperministro y se utilizó para financiar las obras y supuestos sobreprecios que habrían tenido como fin el pago de coimas millonarias.

En Tucumán, el juez federal Mario Racedo, le ordenó al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, al Enargas y a “la persona del Ministro Sr. Julio de Vido” que se abstengan de cobrarle a Papelera Tucumán —del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberti Pierri— el cargo fijo de $0,95 por metro cúbico de gas que se destina a financiar la obra.

Y también el juez federal de San Martín Carlos Luft, hizo lugar a una medida cautelar similar de la Cooperativa de Trabajo San Justo. Luft consideró que la aplicación del cargo es “inaceptable” porque representa un impuesto y por lo tanto no puede formar parte de la tarifa. De quedar firme este argumento, la Ley de Cargos Específicos con la que el Gobierno pretende financiar el Plan Energético Nacional, sería inconstitucional.

Ley gaseosa. En noviembre de 2004 el Gobierno firmó con Repsol YPF un acuerdo para expandir el Gasoducto Norte que gerencia la empresa TGN. La compañía española prometió una inversión de US$100 millones que irían a uno de los fondos fiduciarios que controla De Vido. El Ejecutivo ofreció recuperar la inversión mediante un cargo que pagarían los beneficiarios de la obra. Repsol YPF pidió que la cláusula sea ratificada por el Congreso para evitar trabas judiciales.

El 21 de diciembre de 2004, De Vido envió al Parlamento el proyecto de ley de Cargos Específicos. El expediente 0084-PE-2004 también llevó la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, del entonces ministro Roberto Lavagna y del presidente Néstor Kirchner. Pero no prosperó: fue rechazado por las tres comisiones a las que fue girado porque aportaba más dudas que certezas.

El proyecto permitía que el Ejecutivo impusiera tributos discrecionalmente para financiar obras “específicas” que no se detallaban en ningún lado.

La ruta legislativa. Al día siguiente de enviar el entonces larvario texto de la ley de Cargos Específicos, TGN firmó con la Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos y el Banco Nación la creación de un subfideicomiso para financiar al Gasoducto Norte. En el prospecto del fondo incluyeron a los cargos específicos como garantía del repago a los inversores.

Las oficinas de todas las entidades que integran el fideicomiso fueron allanadas por el juez Javier López Biscayart hace dos semanas. Y, como reveló PERFIL el domingo pasado, se habrían hallado evidencias de que el presupuesto de la porción de obra que ejecutó la constructora sueca Skanska habría sido inflado en más del 150 por ciento. ¿Con qué finalidad? Los investigadores sospechan que fue para el presunto pago de coimas. ¿Quién “financió” los “pagos ilegítimos”? Los grandes consumidores de gas que pagaron cargos específicos.

Escándalo. Cuando los tiempos financieros comenzaron a apurar a los inversores, el Gobierno volvió a insistir con su ley de Cargos. Aprovechando la relación de fuerzas que consiguió en el Congreso después de las elecciones legislativas de 2005, el oficialismo logró imponer el proyecto en las primeras sesiones ordinarias de 2006. Pero con escándalo.

El entonces flamante presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, asumió la autoría del proyecto de De Vido de la mano del jujeño Carlos Snopek. El texto había sido ajustado en las oficinas de un conocido de Snopek: otro jujeño, Néstor Ulloa, gerente general de Nación Fideicomisos, hasta hoy el único funcionario imputado en la causa Skanska, sospechado de haberle recomendado a la constructora que operara con la empresa fantasma Caliban Infiniti.

El proyecto llegó al recinto sin debate previo en comisión y, amparado en que –según el oficialismo– la norma no creaba ningún impuesto, Alberto Balestrini dio por aprobada la ley con la mayoría simple de votos de los diputados. La Constitución reclama para esos casos una mayoría absoluta. Otro tratamiento sumario recibió el proyecto en el Senado. Y un par de meses más tarde, la jugada se completó en los mercados financieros.

Con los Cargos Específicos como garantía de cobro, Nación Fideicomisos lanzó al mercado en noviembre último, títulos de deuda del Fideicomiso de Gas. Sin ningún riesgo para los inversionistas, la operación fue catalogada por la prestigiosa The Banker Magazine como “la inversión del año”. Semanas más tarde De Vido reglamentó e instrumentó los cargos. La Justicia ahora frenó la bicleta.

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