Caso Greco: investigan al procurador

El fiscal Osorio lo imputó por el presunto cambio de un dictamen en el que había recomendado pagar




La causa judicial por el frustrado pago al grupo Greco involucra desde ayer, como sospechoso, a un alto funcionario del gobierno de Néstor Kirchner: es el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino.

El juez federal Sergio Torres investiga si el funcionario, jefe de los abogados del Estado, sustrajo un dictamen en el que recomendaba que se cumpliera con el pago de casi 600 millones de pesos al grupo empresario para cambiarlo por otro en el que se reusaba a intervenir en el caso.

Fue a partir de un pedido del fiscal Miguel Osorio, que solicitó ampliar el objeto procesal de la causa e imputó, con nombre y apellido, a Guglielmino, informaron a LA NACION dos funcionarios que intervienen en el expediente.

El aparente cambio de opinión de Guglielmino fue reflejado por varias notas periodísticas y denunciado en la causa por el abogado Ricardo Monner Sans.

De acuerdo con la presentación del letrado, el 23 de enero Guglielmino mandó un dictamen al Ministerio de Economía en el que sostuvo que como existía una orden judicial, que constituía "cosa juzgada", debía indemnizarse a los Greco, un holding mendocino que fue desapoderado de sus bienes durante la dictadura militar.

Monner Sans aportó una copia de ese primer dictamen, de ocho carillas, que no estaba firmada por Guglielmino, pero que, dijo, había sido por José Lapierre, un funcionario de la Procuración.

La postura chocaba de frente con lo que pocos días más tarde sostendría la ministra de Economía, Felisa Miceli, que anuló todos los actos administrativos por los que la cartera había autorizado el pago y denunció a los ex funcionarios que habían intervenido en el expediente.

Por eso, de acuerdo con la denuncia del abogado, ese mismo día y por pedido de Miceli, Guglielmino mandó a buscar el primer dictamen y lo cambió por otro en el que dijo que no había motivos suficientes para que se expidiera sobre el tema.

"Carece de trascendencia"

En Economía siempre lo negaron. En la Procuración intentaron minimizar el asunto. Consultados por LA NACION, voceros de Guglielmino dijeron que "este tema carece de trascendencia para el organismo y no es objeto de atención".

Para corroborar la veracidad de la denuncia, el fiscal Osorio pidió al juez que se solicitaran todos los antecedentes del tema a las mesas de entradas del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. Además quiere que sean citados a declarar como testigos los empleados encargados de esas áreas.

La causa que instruye Torres se inició por la denuncia que, por orden de Miceli, hizo en febrero la subsecretaria legal de la cartera, Alejandra Tadei.

La ministra reaccionó después de que el Senado frenara en enero una emisión de bonos por 1300 millones de pesos que tenía por objeto, entre otras cosas, la cancelación de la deuda con los Greco. La obligación es de 330 millones de pesos en bonos, cuya cotización actual se acerca a los 600 millones.

El pago había sido ordenado por el juez civil Juan Soto en septiembre de 2005, pero a los senadores les llamó la atención que la deuda con los Greco estuviera mezclada entre pagos menores a proveedores del Estado.

Desatado el escándalo, Miceli acusó a Beatriz Pernas, Alberto García, Yolanda Eggink y Osvaldo Siseles, todos ex abogados del ministerio, de haber avalado el pago en forma ilegal. Argumentó que en el monto que esos funcionarios habían acordado pagar a los Greco no se habían tenido en cuenta 164 millones de pesos que el Estado había abonado por cuenta y orden del grupo.

Mientras tanto, los Greco están a la espera de que la justicia civil resuelva la excusación presentada por el juez Soto, que decidió dar un paso al costado una vez que se desató el escándalo.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION