Julio De Vido y el vocero de Kirchner podrían ser citados a declarar, acusados de recibir "dádivas"

El ministro de Planifciación, Julio de Vido y el vocero presidencial, Miguel Angel Núñez, podrían ser citados a prestar declaración indagatoria por el juez federal Daniel Rafecas, por el presunto delito de “dádivas”, al aceptar la entrega de vehículos en comodato para usos oficiales, pero que habrían sido utilizados en beneficio personal.

El juez Rafecas recibió un pedido de indagatoria para una decena de funcionarios del segundo nivel del gobierno, pero en sendos dictámenes a los que tuvo acceso la agencia DyN figuran también De Vido y Nuñez.

El abogado Alejandro Argibay, en representación del empresario Eduardo Meller –quien denunció una situación similar durante el gobierno de la Alianza y disparó la actual investigación- le pidió al juez Rafecas que llame a indagatorias a los funcionarios que le señalaron el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal Guillermo Marijuán.

Los funcionarios a los que Garrido, Marijuán y ahora Argibay ya le pidieron las indagatorias son Flavio Riquelme, Diego González, José María Caula, Roberto Baratta, Eduardo Beltrame, Carlos Del Prato, Antonio Beatrice, Enrique Pena y Elizabeth Quiroga.

Un dictamen de Garrido de diciembre de 2006 le achaca al ministro De Vido haber recibido un automóvil “para fines diferentes a los debidos” porque “dicho automóvil no es de propiedad del Estado Nacional sino que pertenece a la empresa Autovía del Oeste, que resultó adjudicataria del Corredor Via Nacional Número 2”.

Ese automóvil -que según el dictamen De Vido utilizó para fines personales- fue entregado por la concesionaria “para uso exclusivo de la supervisión, es decir para que fueran utilizados solamente por el personal que fuera designado” por el entre controlador y la Dirección Nacional de Vialidad.

En el caso de Núñez, el dictamen de Garrido de diciembre de 2006 sostiene que “más allá de las objeciones que merece el acto de recepción del automóvil al margen de cualquier reglamentación y estructura burocrática, lo cierto es que la utilización de dicho bien para beneficio propio, como si lo hubiera adquirido con sus propios medios, es una conducta abusiva del funcionario que resulta claramente reprochable”.

El documento sostiene que también recibieron automóviles que usaron con fines distintos a los previstos el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Planificación, José María Caula; el subsecretario de coordinación y control de esa cartera, Roberto Baratta; el jefe del Aeropuerto de Ezeiza, comodoro Eduardo Beltrame.

También incluye al jefe de la División Automotores, comisario Carlos Del Prato; el jefe del aeropuerto Jorge Newbery, Antonio Beatrice; el empleado del Ministerio de Trabajo Enrique Pena y la Directora de Documentación de la Presidencia, Elizabeth Quiroga. El fiscal Garrido incluyó en la lista a Diego González Alazard, secretario privado del ministro del Interior, Aníbal Fernández.

El fiscal federal Guillermo Marijuán, al adherir al dictamen de Garrido, también pidió las indagatorias de “los presidentes de las respectivas compañías automotrices”, Peugeot Citroen S.A., Ford Argentina SCA, y Volkswagen.

El abogado Argibay, en representación de Meller, pidió además que se notifique a la Oficina Anticorrupción de los dictámenes de Garrido y Marijuán “a fin de que inicien por ante la sede pertinente las investigaciones administrativas que estimen corresponder”.

Fuente: DyN