Prometen artillería pesada para Alberto Fernández por el caso Skanska en el Congreso de la Nación
Voceros de legisladores del ARI y del PRO anticiparon que, las preguntas que le harán al jefe de Gabinete, girarán en torno a fideicomisos, fondos fiduciarios, la ampliación del gasoducto y el control del Estado.
Diputados de la oposición están ultimando una batería de preguntas sobre el caso Skanska para el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando éste se presente pasado mañana al Congreso Nacional para brindar su informe de gestión.
Fuentes legislativas dijeron que los bloques del ARI y del PRO están elaborando un paquete de10 preguntas cada uno, y que mañana se reunirán representantes de ambas bancadas para consensuar el contenido, con el fin de no ser reiterativos "ni permitir que el funcionario evada las respuestas".
Los voceros anticiparon que los interrogantes girarán, por ejemplo, en torno a fideicomisos, fondos fiduciarios y cargos específicos destinados a obras públicas -como en este caso la ampliación de gasoductos- y el control por parte del Estado.
El Caso Skanska, llamado así porque está involucrada esa empresa sueca, es investigado por la Justicia, que indaga sobre evasión impositiva y posible pago de coimas, incluso a funcionarios.
En el marco de la causa, está detenido y procesado un directivo de una empresa supuestamente "fantasma", que habría participado en facturación irregular. Los voceros dijeron que uno de los puntos principales será "determinar el rol que tuvo el Estado en estas obras, en cuanto a la misión de los funcionarios en la tarea de control".
También señalaron que " desde el Gobierno no pueden argumentar ligeramente que son problemas entre privados, pues están involucrados dineros públicos que terminan siendo administrados por los particulares".
El Caso Skanska entró en el terreno judicial cuando se conocieron operaciones presuntamente anómalas en el proceso de realización de obras gasíferas en las zonas norte y sur del país.
En la investigación intervienen el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart y el juez federal en lo Criminal y Correccional Guillermo Montenegro. Pero se planteó un problema de competencia y la Cámara en lo Penal Económico debería dirimir en los próximos días sobre cuál de los magistrados continúa con el expediente.
Además, la Cámara Nacional de Casación Penal debe resolver una serie de recursos del hasta ahora único detenido en la causa, Adrián López, referidos a su arresto y procesamiento. Justamente, el alojamiento de López por seguridad en una sede policial, dispuesto días pasados por López Biscayart, provocó que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, denunciara al juez ante el Consejo de la Magistratura. Pero como no fue un pedido de juicio político concreto el tema tiene destino de archivo.
Sin embargo, en el Congreso, el ARI y el PRO pidieron el juicio político de Aníbal Fernández, al considerar que hubo intromisión y presión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Francisco D'Albora, abogado de López Biscayart, aseguró hoy que las "operaciones de inteligencia" que denunció el juez "buscan alterar el funcionamiento del Tribunal, pero no lo conseguirán". El juez denunció que "personas desconocidas, que podrían estar vinculadas con servicios de inteligencia, habrían contactado a sus ex parejas".
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