Skanska: el Gobierno eligió el silencio

El caso de las presuntas coimas que habría pagado la empresa constructora sueca Skanska durante la ampliación del Gasoducto Norte preocupa tanto al Gobierno como a directivos de algunas de las empresas que desde el sector privado participan del negocio del gas.

Ayer, ningún vocero oficial respondió a las consultas de LA NACION tras los allanamientos que el juez penal tributario Javier López Biscayart realizó anteayer en el Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y en Nación Fideicomisos.

Tampoco respondieron los directivos de Transportadora Gas del Norte (TGN), la sociedad anónima que opera el Gasoducto Norte y que tuvo a su cargo las obras de la ampliación.

La preocupación oficial fue confirmada por fuentes judiciales. La de algunas empresas privadas, por directivos que manifestaron su temor a ser vistos con redactores de este diario.

La postura del Gobierno la adelantó el ministerio de De Vido hace pocas semanas, cuando respondió a un pedido de informes del juez federal Guillermo Montenegro, que investiga el posible pago de coimas.

Ese escrito, firmado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, afirma que tanto las obras de la ampliación como los fondos para su financiamiento mediante un fideicomiso fueron privados.

Y agrega que no hubo licitación pública para seleccionar a las empresas, sino contrataciones a cargo de TGN.

Pero en la justicia federal no están de acuerdo con este enfoque que, de prevalecer, los dejaría sin nada que investigar, pues no habría funcionarios públicos ni dinero público en danza.

A esta divergencia entre la Justicia y el Gobierno se suma otra dentro de los tribunales: López Biscayart considera que el juez federal Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli no tienen competencia para investigar el caso de las eventuales coimas, que surgió a partir de una evasión tributaria que investiga López Biscayart.

Este magistrado sostiene que la competencia es suya. Los allanamientos que realizó fueron una manera de ratificarlo.

A su vez, dentro de su fuero, la postura del juez choca con la de su fiscal, Germán Bincaz, quien dictaminó que las eventuales coimas deben investigarse en el fuero federal.

Bincaz llegó a esa conclusión luego de que los diputados de Pro Esteban Bullrich y Esteban Eduardo Jerez denunciaron el eventual pago de coimas. Una denuncia similar del diputado de ARI José Adrián Pérez en el fuero federal originó la causa de Montenegro y Stornelli.

Arbitraje judicial

La última palabra en la disputa entre López Biscayart y su fiscal la tendrá la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, donde apeló el magistrado.

En su juzgado, el sumario de Skanska es uno entre más de cien que el juez abrió para investigar la evasión tributaria de otras tantas empresas que se valieron de facturas falsas de una firma llamada Calibán y luego rebautizada Infiniti.

El caso de las coimas surgió cuando uno de los responsables de Infiniti declaró que sus facturas le habían servido a Skanska para pagar coimas en la ampliación del Gasoducto Norte.

Esta empresa sueca tuvo a su cargo la construcción de la planta impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.

Un informe interno de la firma encontró indicios de un posible pago de comisiones, y la casa matriz desplazó a más de media docena de gerentes argentinos.

Otro dato interesante del escrito en el que el Gobierno respondió al juez Montenegro son las numerosas referencias, sin ningún tipo de acusaciones, a las responsabilidades de TGN en la ampliación del gasoducto.

Sin embargo, la aprobación técnica de las obras corría por cuenta del Enargas y de la Secretaría de Energía.

FUENTE: LANACION.COM