Por un puñado de votos

Sabíamos que la política no había cambiado después de los estruendos de principios de siglo. Lo que nadie imaginó es que los desvaríos de la intacta política terminarían arrastrando a las instituciones hacia un descrédito más profundo aún. ¿Todo vale? ¿Un puñado de votos más o menos justificaría el uso y abuso de cualquier institución?

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cometió dos graves errores anteayer. En primer lugar, se negó a responder las preguntas de la oposición, gesto que motivó que ésta abandonara el recinto y no lo escuchara. El año electoral está en marcha -es cierto-, pero la República no podría quedar anestesiada hasta que la política consagre las victorias o las derrotas.

La lista de preguntas anticipadas por los adversarios políticos incluía desde el caso Skanska hasta la inflación, pasando por la crisis de los estatales en Santa Cruz y la devaluación del Indec. Fernández les mandó a los opositores un voluminoso libro de cerca de 800 páginas, apenas minutos antes de su exposición. No estaba dispuesto a hacer nada más para conformar la curiosidad opositora.

En lugar de ello, decidió ventilar un anónimo en el recinto más simbólico de las instituciones republicanas. La Cámara de Diputados reúne a los representantes de la sociedad argentina democráticamente elegidos. Al revés, el Senado tiene una representación que corresponde más a los Estados provinciales que a la gente común.

En ese sitio especial, Fernández reveló implícitamente dos cosas. Una: la campaña no tendrá tregua ni límites para cualquiera que se convierta en un riesgo electoral para el oficialismo. La otra: si el Gobierno debe perder en la Capital, prefiere hacerlo a manos de Mauricio Macri y no de Telerman.

Podría ser éste otro error político. El mínimo gesto de simpatía de Kirchner hacia Macri expulsaría a Ricardo López Murphy de la alianza con el presidente de Boca y lo empujaría a los brazos de Carrió. López Murphy ya anticipó que no tolerará ningún pacto, por más superficial que fuera, entre Macri y el Presidente.

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El núcleo del problema es, con todo, el institucional. ¿Fue realmente un anónimo lo que hizo flamear Fernández en la Cámara de Diputados? Si así hubiera sido, estaríamos ante un hecho muy serio, casi sin precedente: un ministro formuló una acusación con un papel sin remitente sobre cosas que supuestamente están en una investigación judicial en marcha, interdicta; por lo tanto, al conocimiento de cualquiera.

Para colmo, el propio Fernández y también el Presidente aseguraron que se habían ocupado de constatar que lo que había dicho el jefe de Gabinete está en la causa del caso Skanska que tramita el juez Javier López Biscayart. ¿Cómo lo verificaron? ¿Con qué grado de preocupación están siguiendo los dirigentes del oficialismo el curso de esa investigación?

La otra posibilidad es que el anónimo haya reflejado sólo los informes secretos que el Gobierno tiene sobre la marcha de esa causa. En tal caso, estaríamos ante una administración que está siguiendo minuto tras minuto los pormenores del proceso judicial más engorroso que le tocó enfrentar hasta ahora.

Fuentes judiciales señalaron que lo papeles que corresponden a la empresa Sol Group, mencionada por Fernández en el recinto legislativo, no están aún bajo la sospecha del juez. Estarían ahí porque cayeron en sus manos en los muchos allanamientos que realizó el magistrado en los últimos días. Esto no descarta que la sospecha se instale en algún momento. Lo que se asegura es que no está instalada aún.

Se trata de órdenes de publicidad que el gobierno de la Capital libró para que se emitiera en programas de la productora Ideas del Sur. Su propietario, el conductor Marcelo Tinelli, aclaró ayer que esa publicidad se pagó a precio de mercado, que fue emitida y que nunca hubo facturas fraudulentas de parte de su productora. Tinelli, que tenía una buena relación con Fernández hasta la incursión legislativa de éste, lo vapuleó ayer públicamente. ¿Por qué esa tenacidad en perder amigos?

No menos de cinco o seis periodistas habían recibido antes la información que Fernández terminó ventilando en la Cámara de Diputados. Todos los periodistas hicieron los chequeos necesarios y desistieron de publicar la noticia que les había llegado de altas fuentes oficiales. Desde hacía diez días, Telerman estaba atendiendo consultas periodísticas sobre el tema. Sorpresa fue lo único que no sintió.

Una cosa hubiera sido si Macri o Daniel Filmus lanzaban esa acusación desde una tribuna de campaña. Aunque criticable por su liviandad, el método se hubiera acomodado a las reglas del juego electoral, desgraciadamente obsceno. Otra cosa, mucho más grave, es que el jefe de Gabinete haya usado el principal recinto de la democracia para hacer campaña en un distrito que lo tiene a él como uno de sus jefes políticos.

Dicen que las últimas encuestas que maneja el propio oficialismo le habrían llevado malas noticias al gobierno sobre la elección de la Capital. Es la explicación y sería la razón de la avalancha de acusaciones. La supuesta razón no hace a la maniobra menos impura y a su legitimidad, menos viciada.

Es cierto que el Gobierno está incómodo porque Carrió, flamante aliada de Telerman, le viene refregando por las narices al Gobierno el caso Skanska. El Gobierno pudo iniciar una causa civil por calumnias -no penal- contra la candidata presidencial o, en la mejor de las alternativas, contestarle vaciando con argumentos los argumentos de Carrió. Hasta pudo precisar qué quiere decir cuando habla de corrupción entre privados y a quiénes se refiere concretamente.

Eligió, en cambio, enlodar la campaña mucho antes de los días decisivos. El reciente y patético caso de Enrique Olivera, acusado falsamente antes de las últimas elecciones legislativas, les podrían restar crédito a estas maniobras y, por el contrario, terminar beneficiando a Telerman. Eso no resolvería la declinación institucional de las últimas horas. El poder, su conservación o su conquista justifica muchas cosas, pero no todas. En síntesis: así, no.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION