Crece la polémica entre el Gobierno y el juez Bisordi

El País



La polémica desatada entre el Gobierno y el juez Alfredo Bisordi, titular de la Cámara de Casación, sigue creciendo. Tras las duras críticas que hizo ayer el magistrado al presidente Néstor Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo hoy que el juez tiene "una actitud que preocupa y mucho" y justificó el hecho de haber solicitado su renuncia.

En ese sentido, aseguró que tiene la necesidad de defender al presidente Kirchner, a quien, según dijo, Bisordi "puso por debajo de asesinos como Onganía, Videla, Viola o Bignone". De esta manera, el ministro, en declaraciones radiales, salió a defender la actitud del Gobierno y rechazó las críticas por su presunta intromisión en asuntos de la Justicia.

Ayer, el juez lanzó fuertes críticas a Kirchner: atribuyó a la "simpatía que tiene el Gobierno por grupos que actuaron en el pasado" el duro cuestionamiento que recibió de parte del Presidente. Y denunció presiones kirchneristas, mediante la amenaza de un supuesto escrache del grupo HIJOS.

El 24 de marzo pasado, al cumplirse 31 años del golpe de Estado de 1976, Kirchner había cargado desde Córdoba contra el máximo tribunal penal del país, al cuestionar las "demoras" para resolver causas pendientes contra los militares involucrados en la última dictadura. A esa embestida se habían sumado ministros del Gobierno, entre ellos Fernández, que habían pedido a Bisordi que "le haga un favor a la patria y renuncie" al cargo.

El camarista, sin embargo, ratificó ayer que no presentará su renuncia, aunque aseguró que se jubilará en 2008, cuando cumpla 60 años, porque, según dijo, "ya no tiene sentido permanecer vinculado a la administración de Justicia".

Arranca el diálogo cara a cara con Uruguay

Funcionarios argentinos y del país vecino volverán a verse en Madrid para en el marco de la mediación del rey Juan Carlos; expectativa entre asambleístas




Tras cinco meses de gestiones del representante del rey Juan Carlos I de España y en un clima que combina cierta tensión con la falta de expectativas, funcionarios de la Argentina y Uruguay volverán a verse cara a cara en medio del trabado conflicto por las papeleras.

La esperada mesa de diálogo, tal como fue planteada por el hombre de la corona, el embajador ante la ONU, Antonio Yáñez, comenzará esta tarde en Madrid.

Enviados. Ni Néstor Kirchner ni Tabaré Vázquez serán de la partida. Por la Argentina estarán el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el canciller Jorge Taiana; la directora de Asuntos Legales de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti; la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y el gobernador electo de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

Será el retorno de Picolotti a las gestiones oficiales por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. La funcionaria había quedado golpeada y de hecho fue apartada del tema tras sus fracasadas gestiones para frenar los créditos que el Banco Mundial otorgó a la empresa finlandesa y que provocó el regreso de los asambleístas de Gualeguaycchú a las rutas en noviembre pasado.

Cerca del rey. El escenario del encuentro será el Palacio de Santa Cruz, sede de la cancillería local. Desde mañana, los funcionarios se encontrarán en el Palacio de la Quinta del Prado, a 15 kilómetros de Madrid, el mismo predio donde residió Francisco Franco y que está a cinco minutos de La Zarzuela, residencia del rey.

Por Uruguay estarán en Madrid el canciller, Reinaldo Gargano; el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres.

Posiciones. Las posturas que los enviados pondrán sobre la mesa son conocidas: la Argentina insistirá en que Uruguay violó el tratado del Río Uruguay por haber autorizado unilateralmente la instalación de la pastera e insistirá en reclamar que la planta sea relocalizada.

Esto último parece lo menos factible, sobre todo porque Botnia ya anunció que comenzará a producir pasta de celulosa en septiembre próximo.

Uruguay, por su parte, volverá a pedir que se levanten los cortes de ruta como condición necesaria para comenzar a dialogar. En este contexto, reiterará, esta vez con Yáñez Barnuevo como testigo, su propuesta de realizar un monitoreo conjunto de la planta una vez que esté funcionando.

Factor Botnia. Frente a estas posiciones, a primera vista irreconciliables, la expectativa está concentrada en lo que el emisario del rey tenga para decir sobre las conversaciones que mantuvo con las autoridades de Botnia. Hasta ahora la empresa demostró que se mantendrá firme en su decisión de empezar a funcionar, pero no se descarta que haya hecho alguna propuesta al español.

Carrió pidió el juicio político de Aníbal Fernández por el caso Skanska y al ministro le causa “gracia”

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo esta mañana que le causa " gracia" la decisión de la candidata presidencial Elisa Carrió de pedir que se lo someta a juicio político por haber cuestionado al juez que investiga presuntos sobornos en la denominada causa Skanka, Javier López Biscayart.

Fernández insistió en que él no está pidiendo enjuiciamiento para el magistrado, sino que le solicitó al Consejo de la Magistratura que evalúe una situación que él considera anómala, en cuanto al papel que deben cumplir los policías de la Federal en el traslado de presos.

Según Fernández dijo a radio América, "Carrió desconoce por completo de qué se trata el tema; alguien le ha contado un poquito, le pareció bárbaro pelearse con el ministro del Interior, porque le debe dar un poquito más de chapa de la que tiene para competir, y eso me llama la atención y, sin ser irrespetuoso, me causa gracia".

Fuente: DyN

Cronología del conflicto

La controversia entre la Argentina y Uruguay por la instalación de plantas papeleras a la vera del río que hace de frontera natural se inició hace tres años y medio a partir de las denuncias públicas de ciudadanos argentinos.

A continuación, los hechos salientes en el desarrollo del conflicto:

3 de octubre de 2003: vecinos de la ribera argentina del río Uruguay advierten sobre la eventual instalación de una planta de la española Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la argentina de Gualeguaychú. La Cancillería argentina emite por primera vez un comunicado en el que reconoce "preocupación" por el asunto y el presidente argentino, Néstor Kirchner, instruye al entonces canciller Rafael Bielsa a hacer un seguimiento del tema.

9 de octubre de 2003: El gobierno del entonces presidente uruguayo, Jorge Batlle, autoriza la instalación de Ence en Fray Bentos.

27 de octubre de 2003: La Cancillería argentina solicita a Uruguay detalles técnicos de la planta de Ence y presenta una queja por escrito porque, según alega, el proyecto fue autorizado unilateralmente por Uruguay, sin consulta previa a la Argentina, acto contrario al Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida de ese recurso fluvial.

2 de marzo de 2004: El Gobierno de Uruguay se compromete ante el de la Argentina a controlar la instalación y funcionamiento de la planta de Ence. El compromiso queda sellado en un acuerdo por el que también se crearía un sistema para vigilar la construcción de la planta y su posterior funcionamiento, con informes periódicos de las autoridades uruguayas a las argentinas, algo que finalmente nunca se concretaría.

15 de febrero de 2005: El gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez autoriza unilateralmente la construcción de una planta de la finlandesa Botnia, también en Fray Bentos.

15 de abril de 2005: Botnia inicia la construcción de su planta, con una inversión de 1100 millones de dólares.

6 de mayo de 2005: Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez acuerdan crear un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN) para estudiar el asunto.

Junio de 2005: La Argentina envía una carta al Banco Mundial en la que expresa su "preocupación" ante la posibilidad de que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende de ese organismo, contribuya a la financiación de las plantas. Como consecuencia, la CFI inicia un proceso de evaluación interno.

5 de julio de 2005: Uruguay autoriza unilateralmente la construcción de una terminal portuaria para Botnia sobre el río Uruguay.

3 de agosto de 2005: El GTAN se reúne por primera vez, en Montevideo.

13 de octubre de 2005: La "ombudsman" (defensora del pueblo) del Banco Mundial, Meg Taylor, se hace eco de las objeciones de los vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú a la instalación de dos papeleras frente a su costa, en Uruguay.

19 de diciembre de 2005: La Corporación Financiera Internacional (CFI) divulga un estudio "preliminar" de impacto social y ambiental del proyecto de Botnia, en el que señala que no prevé efectos negativos para la Argentina.

3 de enero de 2006: La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia los bloqueos sobre el puente hacia Fray Bentos. El corte, al que se suman temporalmente vecinos de los otros dos pasos fronterizos, dura 45 días.

30 de enero de 2006: El grupo de trabajo creado por la Argentina y Uruguay para evaluar el impacto ambiental de la instalación de dos papeleras en territorio uruguayo concluye su período de trabajo de 180 días sin ningún tipo de avances ni de acuerdos.

11 de marzo de 2006: Los presidentes de Argentina y de Uruguay se reúnen en Chile y acuerdan realizar dos encuentros para negociar un salida a la controversia en un plazo de 90 días, durante los cuales Botnia y Ence deberían suspender las obras. El acuerdo fracasa y hasta el momento (abril de 2007) ambos mandatarios no han vuelto a reunirse para dialogar sobre el conflicto.

4 de mayo de 2006: La Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay.

En tanto, Uruguay recurre al Tribunal Arbitral del Mercosur para que decida si la Argentina violó los acuerdos de libre circulación dentro del bloque al permitir el bloqueo de pasos.

12 de mayo de 2006: el conflicto bilateral logra amplia difusión internacional cuando la reina del carnaval de Gualeguaychú, Evangelina Carrozo, irrumpe en bikini en la foto de familia de la cuarta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea, América latina y el Caribe, en Viena, con un cartel en contra de las papeleras en Uruguay.

13 de julio de 2006: La CIJ resuelve no dar lugar al pedido cautelar de Argentina para que Uruguay suspenda la construcción de las plantas hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

6 de septiembre de 2006: el Tribunal Arbitral del Mercosur cuestiona los bloqueos de puentes, aunque señala que el gobierno argentino actuó de "buen fe" y no le impone sanciones.

4 de noviembre de 2006: durante la Cumbre Iberoamericana en Montevideo, el presidente argentino, Néstor Kirchner, pide al rey Juan Carlos de España que medie en el conflicto. El monarca acepta ejercer de "facilitador" y encomienda la tarea al embajador de España ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.

14 al 17 de noviembre de 2006: primera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

20 de noviembre de 2006: La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia un nuevo bloqueo por "tiempo indeterminado" sobre el paso a Fray Bentos.

28 de noviembre de 2006: Uruguay presenta ante la Corte Internacional de Justicia un pedido de medida cautelar contra Argentina por los cortes de ruta en los pasos fronterizos que conectan a ambos países.

4 al 7 de diciembre de 2006: segunda visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

12 de diciembre de 2006: La española Ence anuncia que construirá una papelera cerca de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en el Río de La Plata, después de que su proyecto en Fray Bentos, cerca del río Uruguay, fuera duramente criticado por los argentinos.

23 de enero de 2007: La CIJ rechaza la medida cautelar solicitada por Uruguay para que Argentina ponga fin a los bloqueos de pasos fronterizos.

29 al 31 de enero de 2007: tercera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

2 de febrero de 2007: El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anuncia que la Argentina y Uruguay han llegado a un "entendimiento para iniciar un diálogo directo" con el apoyo de España para abordar los problemas creados por la instalación de plantas de celulosa en la frontera.

9 de marzo de 2007: El Poder Legislativo de Entre Ríos aprueba una ley que prohíbe la exportación de madera a Uruguay, una iniciativa impulsada por los habitantes de esa provincia argentina que se oponen a la construcción de una papelera en el país vecino.

23 de marzo de 2007: El gobierno de España anuncia que la primera reunión entre representantes de los gobiernos de la Argentina y Uruguay sobre el conflicto de las papeleras comenzará el 18 de abril en Madrid.

La oposición colombiana denuncia que Uribe promovió grupos paramilitares

El senador del Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, ha denunciado que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, aprobó en los 90, cuando era gobernador de la región de Antioquia, la creación de un operativo de seguridad al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. A estos grupos, dirigidos por ultraderechistas, se les acusa del asesinato de cientos de campesinos con la excusa de la persecución de las guerrillas comunistas. El Gobierno ha rechazado las acusaciones.

La de Mancuso fue una de las 82 Convivir, como se conocieron en Colombia este tipo de escuadrones privados, que Uribe autorizó de 1995 a 1997 cuando era gobernador, según ha precisado el senador en un debate sobre los paramilitares realizado en el Congreso. Estos grupos fueron creados en un principio para ayudar a la policía a luchar contra las guerrillas, los grupos de secuestradores y otros delincuentes. Sin embargo, pronto se hicieron con ellos líderes paramilitares de extrema derecha acusados de masacrar a campesinos en su supuesta lucha contra las guerrillas.

"Cualquier medio para destruir a la izquierda estaba justificado", ha dicho el congresista, para añadir que "la estrategia acabó creando el monstruo del paramilitarismo al que todavía nos enfrentamos". Petro ha explicado que esos escuadrones contaron con 4.118 miembros. El senador se ha propuesto desvelar los nexos de casi 2.000 personas con los escuadrones paramilitares ultraderecha, muchas de ellas políticos de ese departamento. Además, ha explicado en la sesión que estos grupos tuvieron lazos con grandes narcotraficantes y contaron con la colaboración de efectivos de la Fuerza Pública.

Según él, "los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 ó 30 vuelos con coca". Basándose en testimonios judiciales, Petro ha explicado que oficiales militares y policiales mantuvieron relaciones con los desaparecidos jefes mafiosos del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez y ha puesto varios ejemplos.

En la sesión en la que Petro ha realizado las denuncias estaban presentes los ministros del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en representación del Gobierno de Uribe, cuya familia también ha sido implicada por el congresista con grupos paramilitares. Holguín ha dicho que Petro "pinta a Colombia como un país de asesinos y paramilitares, y la gente sabe que eso es una bobada".

La sesión parlamentaria sobre el paramilitarismo en Antioquia ha despertado una gran expectativa en todo el país, por tratarse de la patria chica del presidente Uribe y por remontarse a los años en los que el actual presidente ejerció allí como gobernador.

Caso Greco: investigan al procurador

El fiscal Osorio lo imputó por el presunto cambio de un dictamen en el que había recomendado pagar




La causa judicial por el frustrado pago al grupo Greco involucra desde ayer, como sospechoso, a un alto funcionario del gobierno de Néstor Kirchner: es el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino.

El juez federal Sergio Torres investiga si el funcionario, jefe de los abogados del Estado, sustrajo un dictamen en el que recomendaba que se cumpliera con el pago de casi 600 millones de pesos al grupo empresario para cambiarlo por otro en el que se reusaba a intervenir en el caso.

Fue a partir de un pedido del fiscal Miguel Osorio, que solicitó ampliar el objeto procesal de la causa e imputó, con nombre y apellido, a Guglielmino, informaron a LA NACION dos funcionarios que intervienen en el expediente.

El aparente cambio de opinión de Guglielmino fue reflejado por varias notas periodísticas y denunciado en la causa por el abogado Ricardo Monner Sans.

De acuerdo con la presentación del letrado, el 23 de enero Guglielmino mandó un dictamen al Ministerio de Economía en el que sostuvo que como existía una orden judicial, que constituía "cosa juzgada", debía indemnizarse a los Greco, un holding mendocino que fue desapoderado de sus bienes durante la dictadura militar.

Monner Sans aportó una copia de ese primer dictamen, de ocho carillas, que no estaba firmada por Guglielmino, pero que, dijo, había sido por José Lapierre, un funcionario de la Procuración.

La postura chocaba de frente con lo que pocos días más tarde sostendría la ministra de Economía, Felisa Miceli, que anuló todos los actos administrativos por los que la cartera había autorizado el pago y denunció a los ex funcionarios que habían intervenido en el expediente.

Por eso, de acuerdo con la denuncia del abogado, ese mismo día y por pedido de Miceli, Guglielmino mandó a buscar el primer dictamen y lo cambió por otro en el que dijo que no había motivos suficientes para que se expidiera sobre el tema.

"Carece de trascendencia"

En Economía siempre lo negaron. En la Procuración intentaron minimizar el asunto. Consultados por LA NACION, voceros de Guglielmino dijeron que "este tema carece de trascendencia para el organismo y no es objeto de atención".

Para corroborar la veracidad de la denuncia, el fiscal Osorio pidió al juez que se solicitaran todos los antecedentes del tema a las mesas de entradas del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. Además quiere que sean citados a declarar como testigos los empleados encargados de esas áreas.

La causa que instruye Torres se inició por la denuncia que, por orden de Miceli, hizo en febrero la subsecretaria legal de la cartera, Alejandra Tadei.

La ministra reaccionó después de que el Senado frenara en enero una emisión de bonos por 1300 millones de pesos que tenía por objeto, entre otras cosas, la cancelación de la deuda con los Greco. La obligación es de 330 millones de pesos en bonos, cuya cotización actual se acerca a los 600 millones.

El pago había sido ordenado por el juez civil Juan Soto en septiembre de 2005, pero a los senadores les llamó la atención que la deuda con los Greco estuviera mezclada entre pagos menores a proveedores del Estado.

Desatado el escándalo, Miceli acusó a Beatriz Pernas, Alberto García, Yolanda Eggink y Osvaldo Siseles, todos ex abogados del ministerio, de haber avalado el pago en forma ilegal. Argumentó que en el monto que esos funcionarios habían acordado pagar a los Greco no se habían tenido en cuenta 164 millones de pesos que el Estado había abonado por cuenta y orden del grupo.

Mientras tanto, los Greco están a la espera de que la justicia civil resuelva la excusación presentada por el juez Soto, que decidió dar un paso al costado una vez que se desató el escándalo.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

La campaña para las Presidenciales francesas llega al final cargada de incógnitas

Desde el peso de los indecisos hasta la movilización del electorado, muchas incógnitas planean sobre la campaña de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a tan sólo cuatro días de la cita con las urnas. Tres o cuatro de cada diez electores franceses aún no han decidido para quién de los 12 candidatos será su voto el domingo o dicen que podrían cambiar de opinión, según las encuestas. Este dato, unido a que se espera una fuerte participación, deja muy abiertas todas las posibilidades.

Los sondeos dan por seguro que el conservador Nicolas Sarkozy pasará a la segunda y definitiva vuelta del 6 de mayo. Esos sondeos, los mismos que no previeron el pase del ultraderechista Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de 2002, vaticinan ahora que el contrincante de Sarkozy en el duelo final de 2007 por el Elíseo será la socialista Ségolène Royal o el centrista François Bayrou. Pero, escarmentados, no se pillan los dedos y, por eso, no jubilan aún a Le Pen, quien aparece sistemáticamente en cuarto lugar en intención de voto detrás de Bayrou, Royal y Sarkozy, el favorito.

La gran incógnita es si se confirmarán los pronósticos con tantos indecisos, aunque tradicionalmente entre el 20 y el 15% del electorado se decide en el último momento. Además de los indecisos, los nuevos inscritos en las listas electorales, las clases populares, los cargos intermedios, las mujeres y los jóvenes son clave en esta primera ronda. Los 1,8 millones de nuevos inscritos elevan a 44,5 millones el número de electores, lo que supone un récord y, según los analistas, desfavorecería a Le Pen. Según un estudio de Ifop publicado hoy en Le Parisien, el 30% de los nuevos inscritos menores de 30 años optaría por Sarkozy, un 23% por Bayrou, un 22% por Royal y un 9% por Le Pen. El nivel de indecisos entre los jóvenes electores es del 51%.

Bayrou, la gran sorpresa

El incremento de inscripciones en las listas electorales ha sido especialmente alto en las ciudades y en algunas barriadas conflictivas, cuyos votos serán observados con lupa y puestos en relación con la ola de violencia suburbana que azotó Francia en el otoño de 2005 y que gestionó Sarkozy como ministro de Interior. Al contrario que en 2002, las clases populares, que suponen un cuarto de la masa electoral, parecen ahora muy movilizadas. La sorpresa de ver a Le Pen hace cinco años en la segunda ronda se debió en parte al voto de los obreros, tradicionalmente de izquierdas y cuya fuerte abstención fue letal entonces para el socialista Lionel Jospin. Serán los cargos intermedios y los profesionales quienes, al igual que los obreros parecen seducidos por Sarkozy, los que podrían tener la última palabra al escoger entre Royal o Bayrou.

Las mujeres, más pesimistas que los hombres sobre la situación del país, más desconfiadas y conservadoras, tendrán también un peso importante en el dictamen, pues suponen el 53% del electorado. Los menores de 30 años son el 15% de los llamados a las urnas y, tradicionalmente, son los que se inclinan más por la abstención, que en la primera vuelta de 2002 alcanzó el récord del 28,4%. A imagen y semejanza de la campaña, de carácter volátil y errática, los electores de 2007 son cambiantes. La palabra que les define es la infidelidad y son numerosos los que se muestran tentados a cambiar de campo, en especial los de izquierda. Con todas estas variables está por ver si Sarkozy logra confirmar el domingo su imbatibilidad en los sondeos desde enero. Con una horquilla de entre el 27 y el 30% de intención de voto es el candidato de la derecha con mejores proyecciones desde 1981.

También hay curiosidad por comprobar si surten efecto los llamamientos por el voto útil de los socialistas para Royal y si juega en su favor el miedo al espectro del 21 de abril de 2002, cuando Jospin fue eliminado por la dispersión del voto de izquierda. Entonces una parte del voto fue captado por candidatos radicales, que se hicieron un 14% de los escrutinios frente al 11% de intenciones que tienen ahora. Pero los focos se centran en Bayrou, la gran sorpresa de esta campaña, y en Le Pen. La cuestión será ver si el primero logra convencer a los indecisos y decepcionados de derechas e izquierdas de que confíen en su proyecto de "unión nacional" y si el segundo podrá repetir el seísmo político de hace cinco años.

"Scioli va a ser Acevedo"

Una prioridad de Roberto Lavagna y de sus aliados será impedir que el vicepresidente Daniel Scioli compita como gobernador de Buenos Aires, ya que consideran que no cumple los requisitos constitucionales.

Además, dijo que Néstor Kirchner no va a dejar que Scioli gobierne en caso de que pudiera ganar. "Va a ser Acevedo 2", dijo, en referencia a Sergio Acevedo, el ex gobernador de Santa Cruz que renunció tras fuertes disidencias con el kirchnerismo.

Y añadió: "En el Gobierno ya están pensando en Calabró-Bidegain. Le quieren poner un vice muy cercano al Presidente para marcarlo". Recordó así la fórmula bonaerense del PJ en 1973 (el vicegobernador ortodoxo Victorio Calabró terminó desplazando al gobernador Oscar Bidegain, afin a la izquieda peronista).

Lavagna confirmó que su candidato en Buenos Aires será el diputado Jorge Sarghini. Y reveló que retiró el apoyo a la postulación de Francisco de Narváez porque también "es discutible" desde lo legal.

A Scioli le achacan no haber ejercido la ciudadanía en la provincia durante cinco años, como exige la Constitución. "Dicen que no votó en la provincia porque había dictadura. Pero si se hubiera votado en el 76 habría tenido que hacerlo en la Capital; ya tenía domicilio ahí", denunció.

Sigue la ola de renuncias en el gobierno porteño

Tres funcionarios de tercera línea de los ministerios porteños de Espacio Público y de Descentralización dejaron hoy sus cargos como resultado directo del acuerdo entre el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

En el caso de Espacio Público -el Ministerio que estuvo a cargo de Lía María hasta la semana pasada- hoy anunciaron su alejamiento el director general de Enlace Comunitario, Roberto Samar, y Diego Fernández Garrido, a cargo de Políticas de Reciclado Urbano.

Fernández Garrido, quien tenía bajo su responsabilidad los proyectos vinculados con la situación de los cartoneros, aludió directamente al nuevo acuerdo político y afirmó que su coincidencia con el proyecto del presidente Néstor Kirchner le impedía "participar de un gobierno donde la nueva socia es Carrió".

"Hace 4 años, Carrió defendía las banderas del progresismo. Hoy que el progresismo se instaló en los actos del Gobierno, Carrió hizo un giro de 180 grados y armó una fuerza política con integrantes de la centroderecha", afirmó en su carta de renuncia.

Samar también mencionó que su alejamiento se debió a "las alianzas del gobierno porteño con la Ucedé, Carrió, Patricia Bullrich y Enrique Olivera con la única finalidad de sumar votos".

En el Ministerio Público también renunció la jefa de Gabinete, Dolores Mendilaharzu.

En el Ministerio de Descentralización, que conduce Roy Cortina, presentó su renuncia la socialista Mariana Alanis, quien se desempeñaba como directora General de Innovación de la Gestión Pública y afirmó que el gobierno de Telerman "dio un giro a la derecha".

Luego del acuerdo con la Coalición Cívica, también renunciaron Lito Borello como coordinador de Políticas comunitarias; Teresa Parodi, en un área de Cultura y un director del Ministerio de Planeamiento,Roberto Ahuad.

Los dos congresos de Ecuador

En Ecuador por estos días hay dos congresos. Uno legal, que sesiona en la sede del parlamento en Quito y otro, el que conforman el grupo de diputados destituidos que se reúnen en diferentes hoteles de la capital ecuatoriana.

En ambas instancias se espera que mas pronto que tarde el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la destitución de 57 diputados que hizo el Tribunal Supremo Electoral el mes pasado.

Mientras tanto este martes el Congreso, reunido en su sede provisional del antiguo edificio del Banco Central en el centro de Quito, procedió a elegir nuevas autoridades y repartir comisiones en un intento por regresar al normal funcionamiento.

En la primera sesión "normal" del parlamento, Miguel Castro, uno de los diputados suplentes y ahora principal, fue elegido como primer vicepresidente del Congreso, y Byron Pacheco como el segundo.

Esperando por la Corte

Pero en la votación no participaron algunas bancadas opositoras, que consideraron que se estaría violando la legalidad ya que el Congreso debería esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el futuro de los diputados destituidos.

"Eso hubiera sido ideal y esa era mi posición" aseguró a BBC Mundo, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, quien explicó que tenía que cumplir con una decisión tomada por el pleno la pasada semana.

Aunque Cevallos considera que la tensión política se ha reducido reconoce que el parlamento está debilitado y que "carece de fuerza para legislar y fiscalizar como debería ser".

Tensión

La tensión podría aflorar nuevamente si la Corte Constitucional falla a favor del regreso de los diputados a sus curules. En cuyo caso habrá no sólo un segura expresión de inconformidad en las calles sino también dentro del parlamento.

Es previsible que los eventualmente restituidos quieran regresar a los cargos en comisiones que ejercían antes de ser apartados de sus puestos.

Clemente Vásquez, jefe del bloque del Partido Socialcristiano, aseguró a BBC Mundo que haber elegido nuevas autoridades es ilegal pues habría que respetar a las que ya estaban elegidas.

"Hay un amparo a favor de los diputados (¿) Esperemos tener una resolución lo más pronto posible del Tribunal Constitucional para que una vez que se resuelva, si es que los diputados tienen que irse se tendrán que ir", afirmó Vásquez a BBC Mundo.

Algunos consideran que el resultado del referéndum para la Asamblea Constituyente, cuya convocatoria considerada ilegal por algunos grupos es el origen de este enfrentamiento entre poderes, sella la suerte de los destituidos.

Gloria Gallardo, diputada destituida, no cree que ese resultado pueda entenderse como un rechazo a su grupo.

"Hay encuestas que dicen que nosotros debemos seguir sesionando hasta que se restituyan nuestros derechos", aseguró a BBC Mundo en un hotel del norte de Quito donde "sesionaba" el grupo de 57 parlamentarios destituidos.

Para Gallardo ese grupo conforma el "verdadero congreso nacional" y sus reuniones tienen valor "legal y moral" frente al que ocupa la sede parlamentaria es "espurio"

En cambio Jimmy Jairala, jefe del bloque del Partido Roldosista, del ex presidente Abdalá Bucaram, considera que lo que decide ese grupo no tiene efecto vinculante.

"Además no deciden nada. Este es el único congreso. Si (los destituidos) insistían en llamarlo paralelo estarían cometiendo un delito de carácter penal inclusive por abrogación de funciones" explicó Jaraila.

Jaraila espera que el Tribunal Constitucional decida "en derecho" y no por inclinaciones políticas, las que asegura, favorecerían a los destituidos.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la tardanza del Tribunal en presentar su decisión se debe a la cautela con la que habría manejado el caso.

Legisladores limitados

Una decisión que restituya a los congresistas apartados no sería bien recibida por los grupos afectos al gobierno del presidente Rafael Correa, que ya en el pasado han expresado violentamente su rechazo a los parlamentarios.

Algunos dicen que con la contundencia del resultado del referéndum constituyente (82% a favor del Si, según resultados oficiales) habría hecho que hasta los partidos de esos parlamentarios estén reconsiderando su inicial posición de defensa de los destituidos.

Además ya muchos le auguran corta vida a este Congreso, ya que dan por sentado que la Constituyente de plenos poderes que deberá instalarse para el ultimo trimestre del año, lo disuelva o limite las facultades del legislativo.

Y por eso ya muchos diputados estarían considerando renunciar para postularse como asambleístas. Sólo los destituidos no podrían, pues han perdido sus derechos políticos.

Lavagna cree "más que nunca" que su rival será el Presidente

Dijo que la economía "está derrapando" y que Kirchner se verá forzado a competir




En el camino a su primera experiencia electoral, Roberto Lavagna quemó una etapa: ya no se presenta sólo como "una alternativa" para corregir los desvíos del modelo del que participó hasta su salida del gobierno de Néstor Kirchner. Su discurso se ha poblado de diagnósticos pesimistas sobre la salud de la economía y hasta de advertencias que rozan la denuncia.

"Estamos derrapando. El deterioro de la economía y la política es mayor de lo que yo podía imaginar hace un año", dijo ayer en su oficina durante una charla con un grupo reducido de medios, entre ellos LA NACION. Destacó "la incapacidad del Gobierno para frenar la inflación", sostuvo que "se interrumpió el proceso de redistribución del ingreso" y enfatizó que, con la reforma jubilatoria, "ahora corren riesgo los fondos previsionales".

Y, en su papel de candidato presidencial, hizo pública una predicción: "Más que nunca creo que Kirchner va a competir por la reelección. El humor social lo está llevando a tener que ser él quien defienda al oficialismo".

No ofreció datos, pero descree de la postulación de Cristina Kirchner, que en el Gobierno dan como un hecho. Explicó así su pálpito: "Las ausencias del Presidente las conozco bien. Son síntomas de problemas". Se refería, en particular, a la reacción de Kirchner tras su falta al acto de ex combatientes de Malvinas y a su actitud inicial tras la muerte en una protesta del docente neuquino Carlos Fuentealba.

Lavagna trata de evitar los tics de un político en campaña. Por eso, afirmó, no hace actos tradicionales, rechaza hablar de futuras alianzas electorales y se niega a involucrarse en las elecciones porteñas, a las que califica como "una discusión local". Incluso minimizó la posibilidad de negociar con Mauricio Macri y negó que una alianza así entre dirigentes pudiera tener impacto real.

"El Gobierno trabaja para que no haya polarización en octubre." Sonó a una referencia elíptica al lanzamiento nacional de la coalición cívica de Elisa Carrió, que incluye el apoyo a Jorge Telerman en su capítulo porteño.

"¿Hasta cuándo dura?"

De aquí a las elecciones, el objetivo de Lavagna será lograr que su mensaje "llegue a la gente". Su argumento central incluye el diagnóstico sobre "el serio deterioro" de la economía.

"La pregunta entre los empresarios ahora es: ¿hasta cuándo dura? Es preocupante; ellos deciden la inversión", indicó. Y enumeró: "El final de 2006 fue mucho menos bueno que el de 2005 [su último año como ministro de Economía]. Y 2007 va a ser menos bueno todavía. La foto todavía es buena, pero la dinámica muestra otra cosa".

Según él, la inflación real es del 15 por ciento. Destacó que el crecimiento de 2006 bajó un punto y también cayeron el superávit y la inversión. "Lo que único que creció es el gasto y volvimos a endeudarnos. Todo impacta en la inflación y no se aplican medidas serias para frenarla. Para colmo, con la ofensiva contra el Indec el país está perdiendo su aparato estadístico."

Focalizó sus críticas sobre Kirchner: "No habla de la inflación. En el verano dio una respuesta como las que daba Martínez de Hoz. Dijo que las playas estaban llenas. Eso significa un millón de familias, nada más. Es un síntoma de que no se entienden las cosas".

El dinero de los jubilados

La reforma previsional, que autorizó el pase de afiliados de las AFJP al sistema estatal de reparto, ofreció otro argumento a Lavagna. Aunque él apoyó la libre elección, cuestiona que el Gobierno pueda disponer de los fondos jubilatorios.

"Es una mentira lo que dijo Kirchner acerca de que el Estado nunca falló a los jubilados -señaló-. El sistema de reparto quebró en el pasado. No hay seguridad para esos fondos si no se hace lo que nosotros propusimos, que es crear una cuenta intangible con los fondos previsionales. Si no, ¿quién garantiza que el Gobierno no los va a usar para otra cosa?"

Lavagna consideró que el deterioro en la economía se sentirá más después de las elecciones. Dijo que espera ganar para corregir el rumbo: "Espero que no tengamos como en el 95 cuatro años de agonía de un gobierno reelegido". Incluso refutó la alegría oficialista por el récord de reservas: "A Cavallo en 2001 se le fueron 20.000 millones de dólares en unos meses".

En su apuesta personal, el ex ministro indicó que seguirá recorriendo el país con sus aliados del peronismo y de la UCR (esta semana irá a Mendoza), que al menos hasta ahora no piensa en Macri ("no perdamos tiempo; no hay nada") y que sólo en julio elegirá a su compañero ("o compañera") de fórmula. Casi seguro será radical.

Se mantendrá fiel también a una premisa: "No voy a gastar un centavo en encuestas".

Por Martín Rodríguez Yebra
De la Redacción de LA NACION