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16 de octubre de 2007

Descartan sanciones contra el ex juez de caso Skanska por viajar a Francia para asistir al Mundial de Rugby

Un abogado había reclamado medidas disciplinarias contra Guillermo Montenegro por su viaje a París, pero el Consejo de la Magistratura las rechazó por considerar que no había una "imputación concreta".

El Consejo de la Magistratura rechazó un pedido para sancionar a Guillermo Montenegro, ex juez de la causa Skanska y futuro ministro de Justicia de Mauricio Macri, por haber viajado a Francia para presenciar el partido inaugural del Mundial de rugby.

El planteo había sido formulado por el abogado Ricardo Sánchez, quien mediante un correo electrónico denunció que el ex magistrado había viajado a París para presenciar el debut de Los Pumas ante el seleccionado anfitrión.

El denunciante pidió que, de comprobarse la veracidad de la acusación, “se proponga las medidas disciplinarias necesarias frente a una realidad que francamente avergüenza”.

Pero el plenario del Consejo aprobó un dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina –que preside la diputada kirchnerista Diana Conti- en el que consideró que “la presentación en análisis carece de una imputación concreta que amerite una investigación”.

“Toda vez que la denuncia resulta manifiestamente improcedente, corresponde desestimar in limine las presentes actuaciones”, resolvió el Consejo.

Fuente: DyN

17 de abril de 2007

Piden juicio político para juez del caso Skanska

El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal económico y tributario, Javier López Biscayart, quien tiene a su cargo una de las causas por el Caso Skanska -que investiga presunta evasión y/o pagos de coimas en los que estarían involucrados funcionarios cercanos al ministro Julio De Vido- acusándolo de supuestas anomalías en su función.

Fuentes gubernamentales dijeron a DyN que la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar en una dependencia policial a un imputado por considerar que corría peligro su vida tras haber recibido amenazas.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a DYN que "en este caso de procesado con prisión preventiva debe ser alojado en una cárcel".

Y también desestimaron el argumento del magistrado de mandar al acusado Adrián López, de una empresa "fantasma" que habría emitido las facturas con las que se habrían pagado las coimas, a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Lugano, tras lo cual lo alojó en la cárcel contravencional de la Capital Federal.

Fuente: DYN

Caso Skanska: el Gobierno pidió el juicio político del juez

El Gobierno se involucró ayer en el caso Skanska al pedir el juicio político de uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas que la empresa constructora sueca habría pagado a funcionarios para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, cumplió con su palabra de denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez penal tributario Javier López Biscayart.

Este juez había querido alojar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal a Adrián López, un procesado que refirió el pago de las presuntas coimas de Skanska y que habría sido amenazado en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita tributaria.

López estuvo pocas horas en la Superintendencia la semana pasada porque el ministro del Interior se opuso e invocó dos resoluciones que impiden alojar a presos en dependencias policiales.

El juez replicó declarando la inconstitucionalidad de ambos decretos, pero el conflicto pareció atemperarse cuando el gobierno de la ciudad ofreció alojar a López en la cárcel de contraventores.

López Biscayart investigaba una evasión impositiva de numerosas empresas cuando descubrió el presunto pago de coimas.

La otra causa que también investiga los posibles sobornos está a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, a raíz de una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez.

En las próximas horas la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolverá este conflicto de competencia, pues López Biscayart le ha pedido a Montenegro que se abstenga de intervenir.

Ayer, el diputado Pérez criticó el pedido de juicio político: "Con la denuncia del ministro queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción". El legislador agregó que "el Gobierno busca obstaculizar permanentemente a la Justicia en causas de corrupción con el apriete, la amenaza y el chantaje".

Esteban Bullrich, diputado de Pro y también denunciante del caso, afirmó que "la presión que el Gobierno está ejerciendo sobre el Poder Judicial en esta causa es alarmante. Teme que se destape la olla. El tema de los derechos humanos es una pantalla".

Confrontación

Tanto el juez como el ministro fueron elevando el voltaje de su confrontación. López Biscayart estaba obligado a garantizarle seguridad a su detenido, y varias fuentes judiciales confirmaron que es común el alojamiento transitorio de presos en la Superintendencia.

Por eso, la reacción del ministro por el tema de un preso parece desmedida, especialmente si, según ha trascendido, la Cámara en lo Penal Económico podría decidir que López Biscayart no es competente para investigar las presuntas coimas.

Hasta ahora, las únicas intervenciones del Gobierno fueron un escrito del Ministerio de Planificación en el que aseguraba que la ampliación de los gasoductos fueron obras privadas financiadas con fondos privados, y una declaración del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. El Gasoducto Norte se financió con un fideicomiso que manejó Ulloa.

Adrián López era el apoderado de la firma Infiniti, que vendía facturas truchas. Skanska compró dos facturas por servicios que Infiniti no le brindó, y el dinero, según López, se destinó al pago de coimas. Pero a estas alturas el valor de sus dichos quedó superado por el de otras pruebas, como una auditoría interna de Skanska que confirmó el pago de sobornos sin decir quién cobró.

Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, la más cuestionada por el Gobierno, debe resolver si excarcela a López.

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION



16 de abril de 2007

El Gobierno denunció a uno de los jueces del caso Skanska

El País

Se trata de Javier López Biscayart, del fuero penal tributario. La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por presuntas anomalías en su función. La semana pasada, el funcionario había tenido un cruce con el magistrado, que le anuló una resolución para el traslado de un detenido.


El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska –por supuesta evasión impositiva y pago de coimas-, acusándolo de presuntas anomalías en su función.

Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia DyN, la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a la agencia DyN que "en este caso del procesado con prisión preventiva debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado -Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de la Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.

En el Caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial.

Con el devenir de la investigación judicial fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal.

Finalmente Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la AFIP. Pero a la vez el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.

El supuesto pago de los sobornos, justamente, habría sido deslizado por el detenido López en una declaración ante la Justicia. En ese marco, el fiscal Stornelli también pidió que se cite a declarar a varios funcionarios del Gobierno.

El diputado nacional del ARI Adrián Pérez, uno de los denunciantes en el caso, criticó la denuncia presentada por el Gobierno contra el juez López Biscayart. "Con la denuncia del ministro (del Interior) queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción", dijo Pérez.

12 de abril de 2007

Caso Skanska: detenido teme que lo maten

Uno de los dos detenidos del el caso Skanska, Adrián Félix López, teme por su vida, y le pidió al juez que lo mantiene preso que lo traslade de un complejo penitenciario federal a una cárcel VIP “por razones de seguridad”.

Cuando fue indagado hace un año, López vinculó el pago de sobornos con el ministerio de Planificación. López era titular de dos de las sociedades fantasma que operaron con la empresa sueca Skanska y fue procesado por el juez en lo penal Tributario Javier López Biscayart como jefe de asociación ilícita fiscal.

López consiguió una audiencia el martes con López Biscayart y le dijo, —según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas ayer por el diario Clarín, que publica hoy la información en su edición impresa— que por "razones de seguridad" desea que lo trasladen del complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, a la sede de Delitos Complejos de la Policía Federal, en la calle Cavia, en Palermo, donde también estuvo alojada la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray.

En Marcos Paz, López había gozado de medidas de resguardo personal a las que luego renunció. Miguel Hernández, el segundo detenido del caso está preso en Ezeiza. Ahora, el juez López Biscayart debe resolver si acepta el pedido de López o no.

En tanto la Cámara en lo Penal Económico debe anunciar si la investigación de los funcionarios públicos sospechados le queda a López Biscayart o pasa al juzgado federal de Guillermo Montenegro.

Las obras en las que se habrían pagado coimas fueron la ampliación de gasoductos, en los que Skanska hizo sólo un tramo y se habla de 17 millones de pesos en sobornos.

18 de marzo de 2007

Skanska: el Gobierno eligió el silencio

El caso de las presuntas coimas que habría pagado la empresa constructora sueca Skanska durante la ampliación del Gasoducto Norte preocupa tanto al Gobierno como a directivos de algunas de las empresas que desde el sector privado participan del negocio del gas.

Ayer, ningún vocero oficial respondió a las consultas de LA NACION tras los allanamientos que el juez penal tributario Javier López Biscayart realizó anteayer en el Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y en Nación Fideicomisos.

Tampoco respondieron los directivos de Transportadora Gas del Norte (TGN), la sociedad anónima que opera el Gasoducto Norte y que tuvo a su cargo las obras de la ampliación.

La preocupación oficial fue confirmada por fuentes judiciales. La de algunas empresas privadas, por directivos que manifestaron su temor a ser vistos con redactores de este diario.

La postura del Gobierno la adelantó el ministerio de De Vido hace pocas semanas, cuando respondió a un pedido de informes del juez federal Guillermo Montenegro, que investiga el posible pago de coimas.

Ese escrito, firmado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, afirma que tanto las obras de la ampliación como los fondos para su financiamiento mediante un fideicomiso fueron privados.

Y agrega que no hubo licitación pública para seleccionar a las empresas, sino contrataciones a cargo de TGN.

Pero en la justicia federal no están de acuerdo con este enfoque que, de prevalecer, los dejaría sin nada que investigar, pues no habría funcionarios públicos ni dinero público en danza.

A esta divergencia entre la Justicia y el Gobierno se suma otra dentro de los tribunales: López Biscayart considera que el juez federal Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli no tienen competencia para investigar el caso de las eventuales coimas, que surgió a partir de una evasión tributaria que investiga López Biscayart.

Este magistrado sostiene que la competencia es suya. Los allanamientos que realizó fueron una manera de ratificarlo.

A su vez, dentro de su fuero, la postura del juez choca con la de su fiscal, Germán Bincaz, quien dictaminó que las eventuales coimas deben investigarse en el fuero federal.

Bincaz llegó a esa conclusión luego de que los diputados de Pro Esteban Bullrich y Esteban Eduardo Jerez denunciaron el eventual pago de coimas. Una denuncia similar del diputado de ARI José Adrián Pérez en el fuero federal originó la causa de Montenegro y Stornelli.

Arbitraje judicial

La última palabra en la disputa entre López Biscayart y su fiscal la tendrá la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, donde apeló el magistrado.

En su juzgado, el sumario de Skanska es uno entre más de cien que el juez abrió para investigar la evasión tributaria de otras tantas empresas que se valieron de facturas falsas de una firma llamada Calibán y luego rebautizada Infiniti.

El caso de las coimas surgió cuando uno de los responsables de Infiniti declaró que sus facturas le habían servido a Skanska para pagar coimas en la ampliación del Gasoducto Norte.

Esta empresa sueca tuvo a su cargo la construcción de la planta impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.

Un informe interno de la firma encontró indicios de un posible pago de comisiones, y la casa matriz desplazó a más de media docena de gerentes argentinos.

Otro dato interesante del escrito en el que el Gobierno respondió al juez Montenegro son las numerosas referencias, sin ningún tipo de acusaciones, a las responsabilidades de TGN en la ampliación del gasoducto.

Sin embargo, la aprobación técnica de las obras corría por cuenta del Enargas y de la Secretaría de Energía.

FUENTE: LANACION.COM


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