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20 de abril de 2007

Carrió está convencida de que Telerman dio un paso hacia la oposición

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, está convencida de que Jorge Telerman, a quien apoya como candidato jefe de gobierno porteño, ya dio un paso definitivo hacia la oposición. Pese a que alguna vez Telerman había profesado simpatías por el Gobierno, Carrió confía que su ahora aliado en la Capital no la defraudará.

"Está garantizada la lejanía de Telerman del kirchnerismo", enfatizó ayer Carrió, luego de presentar en sociedad a los candidatos a legisladores porteños por la coalición. Carrió no quiso precisar si el actual jefe de gobierno porteño finalmente se sumará a su agrupación; con su clásica sonrisa se limitó a decir: "El está en el camino, está en tránsito".

En su entorno reina la misma confianza; si bien se insiste en que Telerman "es un riesgo" que hay que asumir, entienden que el jefe de gobierno y candidato a la reelección no anuncie formalmente su pase a la oposición por una cuestión de estrategia y supervivencia política. Pero observan como una buena señal la renuncia de un puñado de funcionarios kirchneristas del gobierno de la ciudad. "El oficialismo ya lo visualiza a Telerman de nuestro lado", aseguran allegados a Carrió.

A tal punto prima la confianza en las filas de ARI que ya comenzó a articularse un interbloque común en la Legislatura porteña. Así lo confirmó ayer a LA NACION el candidato vicejefe de gobierno porteño, Enrique Olivera. De esta manera, los bloques de ARI y los legisladores que responden a Telerman, junto con otros partidos, conformarán la segunda fuerza legislativa con 16 miembros.

Carrió se mostró exultante. "Viene un tiempo maravilloso, está germinando mayo", profetizó. En el acto, realizado en la terraza del Buenos Aires Design, los 36 grados de calor agobiante no parecían aplacar su ánimo ni sus palabras. Tuvo párrafos filosos contra el Gobierno, como cuando insistió en que el caso Skanska es "escandaloso" y se convertirá en un "tsunami" para el presidente Néstor Kirchner.

Carrió también se refirió al frustrado pago de 330 millones de pesos al grupo económico Greco por parte del Estado, al parecer en forma irregular. "Este caso es gravísimo", enfatizó la ex diputada, que involucró a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y al ministro de Infraestructura, Julio De Vido. También mencionó al ex ministro y candidato presidencial Roberto Lavagna, ya que durante su gestión los abogados del ministerio definieron el pago.

Carrió advirtió que el Gobierno podría impulsar una campaña sucia en la ciudad. "Ellos sólo saben hacer campaña sucia", enfatizó. Cuando se le preguntó a quiénes se refería, dijo "Aníbal y Alberto" Fernández, ministro del Interior y jefe de Gabinete, respectivamente.

"Cristiana radical"

Carrió desestimó a quienes la critican por haber dado un supuesto paso hacia la derecha ideológica al integrar a dirigentes como Patricia Bullrich en la coalición. "Nunca fui de centroizquierda porque leí un libro, soy liberal de izquierda porque soy cristiana radical", dijo.

"No se dejen correr los jóvenes por quienes, practicando en los hechos del submenemismo decadente y corrupto, se escudan en las banderas de los derechos humanos para seguir robando en nombre del progresismo", asestó y agregó: "Gracias a que no fuimos a la transversalidad mentirosa que nos llevaba a la vuelta de la decadencia".

También señaló estar "maravillada" por las palabras del arzobispo Jorge Bergoglio, que recomendó a los candidatos a no olvidarse de los muertos que provocó el incendio en Cromagnon. Carrió tiene una excelente llegada a Bergoglio, al punto tal que la flamante Coalición Cívica habría contado con su venia. "Es maravilloso lo que dijo Bergoglio; no hay que hacer de Cromagnon lo mismo que hicimos con los veteranos de Malvinas", sostuvo.

Carrió, al igual que Olivera, destacaron las virtudes de la flamante Coalición Cívica. Competirán como candidatos a legisladores porteños la filósofa Diana Maffía, cabeza de lista; la secundará Sergio Abrevaya, Gladys Morandi, Maximiliano Ferraro, Fernanda Reyes, Claudio Cingolani, Narciso Muñiz, Silvia Datsira, Claudio Bargach, Adriana Montes, Mariana Dos Santos y Juan Pablo Arenaza.

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

18 de abril de 2007

Caso Greco: investigan al procurador

El fiscal Osorio lo imputó por el presunto cambio de un dictamen en el que había recomendado pagar




La causa judicial por el frustrado pago al grupo Greco involucra desde ayer, como sospechoso, a un alto funcionario del gobierno de Néstor Kirchner: es el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino.

El juez federal Sergio Torres investiga si el funcionario, jefe de los abogados del Estado, sustrajo un dictamen en el que recomendaba que se cumpliera con el pago de casi 600 millones de pesos al grupo empresario para cambiarlo por otro en el que se reusaba a intervenir en el caso.

Fue a partir de un pedido del fiscal Miguel Osorio, que solicitó ampliar el objeto procesal de la causa e imputó, con nombre y apellido, a Guglielmino, informaron a LA NACION dos funcionarios que intervienen en el expediente.

El aparente cambio de opinión de Guglielmino fue reflejado por varias notas periodísticas y denunciado en la causa por el abogado Ricardo Monner Sans.

De acuerdo con la presentación del letrado, el 23 de enero Guglielmino mandó un dictamen al Ministerio de Economía en el que sostuvo que como existía una orden judicial, que constituía "cosa juzgada", debía indemnizarse a los Greco, un holding mendocino que fue desapoderado de sus bienes durante la dictadura militar.

Monner Sans aportó una copia de ese primer dictamen, de ocho carillas, que no estaba firmada por Guglielmino, pero que, dijo, había sido por José Lapierre, un funcionario de la Procuración.

La postura chocaba de frente con lo que pocos días más tarde sostendría la ministra de Economía, Felisa Miceli, que anuló todos los actos administrativos por los que la cartera había autorizado el pago y denunció a los ex funcionarios que habían intervenido en el expediente.

Por eso, de acuerdo con la denuncia del abogado, ese mismo día y por pedido de Miceli, Guglielmino mandó a buscar el primer dictamen y lo cambió por otro en el que dijo que no había motivos suficientes para que se expidiera sobre el tema.

"Carece de trascendencia"

En Economía siempre lo negaron. En la Procuración intentaron minimizar el asunto. Consultados por LA NACION, voceros de Guglielmino dijeron que "este tema carece de trascendencia para el organismo y no es objeto de atención".

Para corroborar la veracidad de la denuncia, el fiscal Osorio pidió al juez que se solicitaran todos los antecedentes del tema a las mesas de entradas del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. Además quiere que sean citados a declarar como testigos los empleados encargados de esas áreas.

La causa que instruye Torres se inició por la denuncia que, por orden de Miceli, hizo en febrero la subsecretaria legal de la cartera, Alejandra Tadei.

La ministra reaccionó después de que el Senado frenara en enero una emisión de bonos por 1300 millones de pesos que tenía por objeto, entre otras cosas, la cancelación de la deuda con los Greco. La obligación es de 330 millones de pesos en bonos, cuya cotización actual se acerca a los 600 millones.

El pago había sido ordenado por el juez civil Juan Soto en septiembre de 2005, pero a los senadores les llamó la atención que la deuda con los Greco estuviera mezclada entre pagos menores a proveedores del Estado.

Desatado el escándalo, Miceli acusó a Beatriz Pernas, Alberto García, Yolanda Eggink y Osvaldo Siseles, todos ex abogados del ministerio, de haber avalado el pago en forma ilegal. Argumentó que en el monto que esos funcionarios habían acordado pagar a los Greco no se habían tenido en cuenta 164 millones de pesos que el Estado había abonado por cuenta y orden del grupo.

Mientras tanto, los Greco están a la espera de que la justicia civil resuelva la excusación presentada por el juez Soto, que decidió dar un paso al costado una vez que se desató el escándalo.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

2 de abril de 2007

Senadores radicales piden a la Justicia que intime a Felisa Miceli a responder sobre el caso Greco

Los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales le pidieron a la Justicia que intime a la ministra de Economía, Felisa Miceli, a responder sobre el controvertido expediente por el cual estuvieron a punto de pagarse unos 600 millones de pesos a los herederos del Grupo Greco.

Según documentación, los legisladores plantearon ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de la magistrada María José Sarmiento, un pedido de "pronto despacho" para que Miceli responda un total de 17 preguntas.

En ese listado se destaca el reclamo de los senadores sobre si "existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho Grupo con el Estado por parte del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía".

El dato no es menor, pues podría trocar la posición del Estado argentino, de deudor a acreedor del Grupo Greco, explicaron a la agencia DyN fuentes cercanas a los legisladores radicales.

Sanz y Morales también preguntaron su "existe alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito" de la ministra Miceli "solicitando la cancelación de la deuda con el Grupo Greco o advertencia alguna al Presidente de la Nación (Néstor Kirchner) o al Jefe de Gabinete de Ministros (Alberto Fernández) para no cancelar las mismas e investigar la situación".

La presentación, que en términos jurídicos es una "acción de amparo por mora", responde -según los senadores opositores- a que "el Ministerio de Economía no respondió lo solicitado oportunamente", cuando se tramitó un proyecto de ley que reclamaba unos 1.300 millones de pesos adicionales, casi 600 de los cuales estaban destinados al Grupo Greco.

"Si bien la ministro de Economía, Felisa Miceli, remitió una respuesta, ésta fue recibida por los senadores fuera del término legal y además la misma es parcial, insuficiente y no responde lo sustancial como indica el decreto 1.172, que afirma que el Poder Ejecutivo debe informar 'debidamente'", dijeron los legisladores radicales.

Morales señaló que "Miceli reiteradamente ha entorpecido la búsqueda de información necesaria para analizar y eventualmente aprobar el proyecto de ley" que había pedido Economía y luego, cuando los senadores radicales advirtieron de qué se trataba, fue dejado sin efecto.

Entre las preguntas que los senadores le pidieron a la Justicia que Miceli responda figuran "¿cómo se determinó en definitiva el monto indicado como obligación a cancelar al Grupo Greco?; ¿existen informes por escritos que avalen tal determinación?; ¿intervino en el proceso de determinación y requerimiento de cancelación del crédito la Oficina Nacional de Crédito Público?; ¿cuál fue el grado de participación y, eventualmente de control del proceso Judicial, de la Procuración del Tesoro de la Nación?".

El escrito inquiere también si "intervinieron la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación en el trámite de consolidación de la deuda, si hubo alguna objeción respecto del procedimiento de determinación del monto que en definitiva se remite para cancelación y si existe algún informe o participación de los funcionarios del Ministerio respecto de la negativa de la SIGEN".

Los senadores también quieren saber "qué funcionario -o funcionarios- realiza la solicitud del monto a incluir en el pedido realizado mediante proyecto de Ley ante el Congreso de la Nación".

Y -agregan- "por qué el Ministerio de Economía y Producción no actuó de la misma manera en que lo hicieron las anteriores autoridades del mismo ministerio en el caso Meller, que fuera una de las causales de juicio político al Dr. (Eduardo) Moliné O'Connor, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de las intimaciones realizadas por la Justicia con amenazas de sanción que iban desde aplicación de astreintes (conminaciones judiciales que pueden transformarse en indemnizaciones en favor del damnificado) hasta arresto".

El Grupo Greco era un conglomerado mendocino de 44 empresas que quebró en 1980; su caída tuvo un fuerte impacto negativo en la economía provincial y el Estado, en manos de los militares, se hizo cargo de parte de los débitos y luego lo expropió.

El grupo demandó al Estado y la Justicia ordenó resarcirlo en un monto que alcanza los 598 millones de pesos.

Fuente: DyN

29 de marzo de 2007

Advertencia de Kirchner a los jueces de la Corte

El presidente Néstor Kirchner le respondió a la Corte Suprema, con una fuerte dosis de ironía, las críticas que el máximo tribunal le había dedicado anteayer al reclamarle mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial.

“Gracias a esa desmesura por ahí tenemos una nueva Corte”, le enrostró a los jueces del máximo tribunal, y agregó: “No vine a invadir ningún poder”. Fue en la presentación de un nuevo canal educativo que se lanzó en la Casa de Gobierno.

Visiblemente molesto por los cuestionamientos que desde todo el arco judicial despertó su pedido para que se sometiera a juicio político a cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país–, el Presidente eligió llamarlos “las corporaciones” y les advirtió: “No vine a hacer pactos de silencio”.

A contramano de las palabras del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que a la mañana había decidido bajarle el tono a la disputa, Kirchner optó por reforzar su embestida. “A mí no me van a extorsionar con casos de corrupción o con denuncias, truchas o no, porque el día que descubra o esté marcado con certezas que es un corrupto no tengo ningún problema. Yo siempre dije que vine con las manos así y me voy a ir con las manos así”, repitió, mientras alzaba los brazos y recibía los aplausos de un salón Sur colmado. Kirchner se refería así a la posibilidad de que las investigaciones por el pago al grupo Greco o la causa Skanska, que involucran al Gobierno, también podrían pasar por las manos de la Cámara de Casación.

Los cuatro camaristas cuestionados por el jefe del Estado son Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Alfredo Bisordi. Pero ningún párrafo del discurso de ayer estuvo destinado exclusivamente a ellos.

Sí el Presidente dedicó críticas veladas a Bisordi, el juez que esgrimió hace unos días una defensa pública propia tras las palabras de Kirchner el sábado pasado, en el acto en Córdoba, en el 31er. aniversario del golpe militar.

"En La Perla vi los rostros de muchísima gente que está esperando que no tengamos más jueces racistas, o que porque alguien piensa diferente lo tratan de terrorista y demás", dijo. En 2005, el Consejo de la Magistratura apercibió a Bisordi por haberse referido a una ex detenida en la ESMA como "delincuente terrorista".

Lejos de retractarse ante el comunicado que ayer emitió la Corte, Kirchner reforzó sus palabras: "Asumo las responsabilidades de las cosas que digo". Enseguida volvió a aclarar: "No vine a invadir ningún poder".

Para usar otra vez las mismas palabras con las que lo criticó al máximo tribunal, el Presidente insistió: "Creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la desmesura es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más están esperando ver en el lugar que corresponde a aquellos que violaron todos los derechos humanos. ¿Y qué hay?".

Un ministro cercano a Kirchner, en diálogo con LA NACION, interpretó: "Con estas declaraciones el Presidente hizo explícito su fuerte diferencia con la Corte. Pero no está mal eso."

A pesar de que Kirchner apuntó también a ciertos fiscales de la Cámara de Casación, en el Gobierno no está previsto que la embestida se extienda más allá de los cuatro magistrados cuestionados, indicó el funcionario, con despacho en la Casa Rosada.

Estos cuatro jueces de la Cámara de Casación fueron denunciados por organismos de derechos humanos por supuesto retraso en la investigación. Y el Consejo de la Magistratura ya analiza el caso.

Horas antes de la reacción de Kirchner, el juez de la Corte Carlos Fayt había procurado no exacerbar los ánimos al negar que existiera un conflicto de poderes. "El país está harto de escándalos", había dicho.

En la misma línea, el jefe de Gabinete había considerado que fue Bisordi quien "se dio por aludido" ante las palabras de Kirchner, en otro intento de poner fin a la disputa.

Durante un acto de campaña, el candidato de Pro a jefe de Gobierno porteño sentó su posición en favor de los jueces: "En el nivel institucional, la Argentina retrocede más de un 9 por ciento anual. Hay que mantener las formas institucionales y la división de poderes", agregó.

Denuncia de Bisordi

* El presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, que acusó al presidente Kirchner de pretender manejar a los jueces, denunció ayer que era vigilado por dos personas desconocidas. En la mañana de ayer, el camarista se presentó en la comisaría 47a, de Villa Pueyrredón, y declaró que al salir de su casa había visto a dos individuos que lo observaban desde un auto, a unos 25 metros de la puerta de su domicilio. Uno de ellos lo filmaba y el otro le sacaba fotos, según su relato. Ahora, el hecho lo investiga el juez federal Daniel Rafecas, que ayer abrió una causa para averiguar quiénes eran estas personas.










20 de marzo de 2007

Greco: reclamo de Lavagna

El candidato presidencial Roberto Lavagna dijo ayer que esperaba que la Justicia "se animara" a investigar a los funcionarios involucrados en el frustrado pago de unos 600 millones de pesos a herederos del Grupo Greco, aun cuando el Gobierno, según dijo, "intente hacer un poco de humo y confusión" sobre el caso.

El ex ministro advirtió que "evidentemente es un caso grave y están intentando disimularlo de alguna manera" desde el Poder Ejecutivo.

"Se intentó ocultar un pago muy importante en una planilla donde había pagos a proveedores de mil pesos, y éstos eran 500 y pico de millones", manifestó Lavagna, que denunció que "después de estallado el escándalo, el procurador del Tesoro hizo un dictamen de 16 hojas en favor del pago, pero un alto funcionario de Presidencia lo obligó a retirar ese dictamen y a cambiarlo".

"Esperemos que esta vez la Justicia funcione y se anime con los funcionarios", agregó.

Insistió: "Por más que [el Gobierno] intente hacer un poco de humo y confusión, espero que esta vez la Justicia pueda ir adelante con este tema".

Por el caso, el abogado Ricardo Monner Sans pidió la investigación judicial de la ministra de Economía, Felisa Miceli.

FUENTE: LANACION.COM

19 de marzo de 2007

Lavagna espera que "se animen" a investigar a los funcionarios K involucrados en el caso Greco

El candidato presidencial denunció que el Gobierno intenta "hacer un poco de humo y confusión". " Se intentó ocultar un pago muy importante en una planilla donde había pagos a proveedores de mil pesos", afirmó .

Lavagna le apuntó a la Justicia por el Caso Greco. Dijo que esperaba "se animen" a investigar a funcionarios K.

El candidato presidencial Roberto Lavagna dijo hoy esperar que la Justicia "se anime" a investigar a los funcionarios involucrados en el frustrado pago de unos 600 millones de pesos a herederos del Grupo Greco, aún cuando el Gobierno "intente hacer un poco de humo y confusión" sobre el caso.

El ex ministro de Economía sentenció que "evidentemente es un caso grave y están intentando disimularlo de alguna manera" desde el Ejecutivo.

"Se intentó ocultar un pago muy importante en una planilla donde había pagos a proveedores de mil pesos, y estos eran 500 y pico de millones", manifestó Lavagna, quien denunció que " después de estallado el escándalo, el procurador del Tesoro hizo un dictamen de 16 hojas en favor del pago, pero un alto funcionario de Presidencia lo obligó a retirar ese dictamen y a cambiarlo".

"Esperemos que esta vez la Justicia funcione, se anime con los funcionarios", indicó. Insistió que "por más que (el Gobierno) intente hacer un poco de humo y confusión, espero que esta vez la Justicia pueda ir adelante con este tema".

Por el caso, el abogado Ricardo Monner Sans pidió la investigación judicial de la ministra de Economía, Felisa Miceli, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según su denuncia, la titular del Palacio de Hacienda primero motorizó el pago al Grupo Greco y después, cuando dos senadores (los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz) advirtieron sobre su supuesta irregularidad, dio marcha atrás y denunció a sus propios colaboradores.

Monner Sans reclamó que también sea citado a declarar el senador chaqueño Jorge Capitanich, el primero que habría reconocido entre sus pares que estaba destinado a los Greco parte del "pago a proveedores" consignado en un pedido del Poder Ejecutivo al Congreso.

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo.

FUENTE: PERFIL.COM


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