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27 de abril de 2007

Fernández negó que denuncias sean parte de una "campaña sucia"

Agencia DyN

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, negó esta mañana que forme parte de una "campaña sucia" su denuncia sobre facturas falsas presuntamente utilizadas en el Gobierno de la Ciudad para triangular pagos de publicidad, y dijo que "el único responsable" de esa irregularidad "es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires".

También lamentó que Marcelo Tinelli, dueño de la empresa Ideas del Sur, a la cual la firma cuestionada le extendió facturas, se haya sentido "injustamente involucrado" en la acusación, y tras sostener que él no tiene nada que ver con ello, afirmó que anoche ambos pudieron aclarar las cosas "y quedamos bien".

"A mí me encantaría no haber encontrado nunca estas facturas y nunca haber tenido que decir estas cosas", dijo a radio América, y afirmó que "el único propósito que me impulsa es dejar en blanco esto", aunque admitió la posibilidad de que el jefe del gobierno porteño, Jorge Telerman, no haya sabido que en su administración se usaban los servicios de Soul Group.

Por un puñado de votos

Sabíamos que la política no había cambiado después de los estruendos de principios de siglo. Lo que nadie imaginó es que los desvaríos de la intacta política terminarían arrastrando a las instituciones hacia un descrédito más profundo aún. ¿Todo vale? ¿Un puñado de votos más o menos justificaría el uso y abuso de cualquier institución?

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cometió dos graves errores anteayer. En primer lugar, se negó a responder las preguntas de la oposición, gesto que motivó que ésta abandonara el recinto y no lo escuchara. El año electoral está en marcha -es cierto-, pero la República no podría quedar anestesiada hasta que la política consagre las victorias o las derrotas.

La lista de preguntas anticipadas por los adversarios políticos incluía desde el caso Skanska hasta la inflación, pasando por la crisis de los estatales en Santa Cruz y la devaluación del Indec. Fernández les mandó a los opositores un voluminoso libro de cerca de 800 páginas, apenas minutos antes de su exposición. No estaba dispuesto a hacer nada más para conformar la curiosidad opositora.

En lugar de ello, decidió ventilar un anónimo en el recinto más simbólico de las instituciones republicanas. La Cámara de Diputados reúne a los representantes de la sociedad argentina democráticamente elegidos. Al revés, el Senado tiene una representación que corresponde más a los Estados provinciales que a la gente común.

En ese sitio especial, Fernández reveló implícitamente dos cosas. Una: la campaña no tendrá tregua ni límites para cualquiera que se convierta en un riesgo electoral para el oficialismo. La otra: si el Gobierno debe perder en la Capital, prefiere hacerlo a manos de Mauricio Macri y no de Telerman.

Podría ser éste otro error político. El mínimo gesto de simpatía de Kirchner hacia Macri expulsaría a Ricardo López Murphy de la alianza con el presidente de Boca y lo empujaría a los brazos de Carrió. López Murphy ya anticipó que no tolerará ningún pacto, por más superficial que fuera, entre Macri y el Presidente.

* * *


El núcleo del problema es, con todo, el institucional. ¿Fue realmente un anónimo lo que hizo flamear Fernández en la Cámara de Diputados? Si así hubiera sido, estaríamos ante un hecho muy serio, casi sin precedente: un ministro formuló una acusación con un papel sin remitente sobre cosas que supuestamente están en una investigación judicial en marcha, interdicta; por lo tanto, al conocimiento de cualquiera.

Para colmo, el propio Fernández y también el Presidente aseguraron que se habían ocupado de constatar que lo que había dicho el jefe de Gabinete está en la causa del caso Skanska que tramita el juez Javier López Biscayart. ¿Cómo lo verificaron? ¿Con qué grado de preocupación están siguiendo los dirigentes del oficialismo el curso de esa investigación?

La otra posibilidad es que el anónimo haya reflejado sólo los informes secretos que el Gobierno tiene sobre la marcha de esa causa. En tal caso, estaríamos ante una administración que está siguiendo minuto tras minuto los pormenores del proceso judicial más engorroso que le tocó enfrentar hasta ahora.

Fuentes judiciales señalaron que lo papeles que corresponden a la empresa Sol Group, mencionada por Fernández en el recinto legislativo, no están aún bajo la sospecha del juez. Estarían ahí porque cayeron en sus manos en los muchos allanamientos que realizó el magistrado en los últimos días. Esto no descarta que la sospecha se instale en algún momento. Lo que se asegura es que no está instalada aún.

Se trata de órdenes de publicidad que el gobierno de la Capital libró para que se emitiera en programas de la productora Ideas del Sur. Su propietario, el conductor Marcelo Tinelli, aclaró ayer que esa publicidad se pagó a precio de mercado, que fue emitida y que nunca hubo facturas fraudulentas de parte de su productora. Tinelli, que tenía una buena relación con Fernández hasta la incursión legislativa de éste, lo vapuleó ayer públicamente. ¿Por qué esa tenacidad en perder amigos?

No menos de cinco o seis periodistas habían recibido antes la información que Fernández terminó ventilando en la Cámara de Diputados. Todos los periodistas hicieron los chequeos necesarios y desistieron de publicar la noticia que les había llegado de altas fuentes oficiales. Desde hacía diez días, Telerman estaba atendiendo consultas periodísticas sobre el tema. Sorpresa fue lo único que no sintió.

Una cosa hubiera sido si Macri o Daniel Filmus lanzaban esa acusación desde una tribuna de campaña. Aunque criticable por su liviandad, el método se hubiera acomodado a las reglas del juego electoral, desgraciadamente obsceno. Otra cosa, mucho más grave, es que el jefe de Gabinete haya usado el principal recinto de la democracia para hacer campaña en un distrito que lo tiene a él como uno de sus jefes políticos.

Dicen que las últimas encuestas que maneja el propio oficialismo le habrían llevado malas noticias al gobierno sobre la elección de la Capital. Es la explicación y sería la razón de la avalancha de acusaciones. La supuesta razón no hace a la maniobra menos impura y a su legitimidad, menos viciada.

Es cierto que el Gobierno está incómodo porque Carrió, flamante aliada de Telerman, le viene refregando por las narices al Gobierno el caso Skanska. El Gobierno pudo iniciar una causa civil por calumnias -no penal- contra la candidata presidencial o, en la mejor de las alternativas, contestarle vaciando con argumentos los argumentos de Carrió. Hasta pudo precisar qué quiere decir cuando habla de corrupción entre privados y a quiénes se refiere concretamente.

Eligió, en cambio, enlodar la campaña mucho antes de los días decisivos. El reciente y patético caso de Enrique Olivera, acusado falsamente antes de las últimas elecciones legislativas, les podrían restar crédito a estas maniobras y, por el contrario, terminar beneficiando a Telerman. Eso no resolvería la declinación institucional de las últimas horas. El poder, su conservación o su conquista justifica muchas cosas, pero no todas. En síntesis: así, no.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION

19 de abril de 2007

Caso Skanska: los radicales se sumarían al pedido de juicio político contra Aníbal Fernández

La Unión Cívica Radical (UCR) evalúa pedir juicio político contra el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a raíz de la controversia surgida por el Caso Skanska, tal como lohicieran ayer los partidos opositores ARI y PRO.

"Posiblemente nuestro bloque acompañe el pedido de juicio político en contra de Aníbal Fernández", dijo hoy el titular de la UCR, Gerardo Morales, aunque dudó de que prospere la iniciativa ya que el funcionario, según dijo, " es impune para presionar" a los jueces.

Morales se mostró escéptico y sostuvo que el pedido de juicio político "no va a correr, porque Aníbal Fernández sabe que es impune para hacer, decir y presionar a los jueces como lo hace".

Ayer, el ARI y el PRO pidieron en el Congreso el juicio político para Aníbal Fernández, que denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, encargado de investigar el caso Skanska, un caso de presunta evasión y pago de coimas en el que podrían estar involucrados funcionarios del Gobierno.

Ese magistrado investiga dónde fueron a parar alrededor de 13,4 millones en sobornos que la empresa sueca Skanska admitió haber pagado para intervenir en la ampliación de un gasoducto en Córdoba.

El conflicto entre el ministro del Interiro y López Biscayart surgió a partir de un pedido del juez para alojar a Adrián López, uno de los detenidos de la causa, en una dependencia de la Policía Federal. Fernández rechazó la solicitud, argumentó que el Pacto de San José de Costa Rica lo impedía y terminó denunciando al magistrado ante el Consejo.

Diputados de ARI y Pro presentaron ayer en el Congreso un proyecto de resolución para iniciar un juicio político contra Fernández, al que acusan de haber ejercido presión sobre el juez penal tributario López Biscayart.

Ahora, la UCR podría sumarse a ese pedido en contra del titular de la cartera política, según anticipo Morales a radio América.

Fuente: DyN

18 de abril de 2007

Crece la polémica entre el Gobierno y el juez Bisordi

El País



La polémica desatada entre el Gobierno y el juez Alfredo Bisordi, titular de la Cámara de Casación, sigue creciendo. Tras las duras críticas que hizo ayer el magistrado al presidente Néstor Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo hoy que el juez tiene "una actitud que preocupa y mucho" y justificó el hecho de haber solicitado su renuncia.

En ese sentido, aseguró que tiene la necesidad de defender al presidente Kirchner, a quien, según dijo, Bisordi "puso por debajo de asesinos como Onganía, Videla, Viola o Bignone". De esta manera, el ministro, en declaraciones radiales, salió a defender la actitud del Gobierno y rechazó las críticas por su presunta intromisión en asuntos de la Justicia.

Ayer, el juez lanzó fuertes críticas a Kirchner: atribuyó a la "simpatía que tiene el Gobierno por grupos que actuaron en el pasado" el duro cuestionamiento que recibió de parte del Presidente. Y denunció presiones kirchneristas, mediante la amenaza de un supuesto escrache del grupo HIJOS.

El 24 de marzo pasado, al cumplirse 31 años del golpe de Estado de 1976, Kirchner había cargado desde Córdoba contra el máximo tribunal penal del país, al cuestionar las "demoras" para resolver causas pendientes contra los militares involucrados en la última dictadura. A esa embestida se habían sumado ministros del Gobierno, entre ellos Fernández, que habían pedido a Bisordi que "le haga un favor a la patria y renuncie" al cargo.

El camarista, sin embargo, ratificó ayer que no presentará su renuncia, aunque aseguró que se jubilará en 2008, cuando cumpla 60 años, porque, según dijo, "ya no tiene sentido permanecer vinculado a la administración de Justicia".

Carrió pidió el juicio político de Aníbal Fernández por el caso Skanska y al ministro le causa “gracia”

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo esta mañana que le causa " gracia" la decisión de la candidata presidencial Elisa Carrió de pedir que se lo someta a juicio político por haber cuestionado al juez que investiga presuntos sobornos en la denominada causa Skanka, Javier López Biscayart.

Fernández insistió en que él no está pidiendo enjuiciamiento para el magistrado, sino que le solicitó al Consejo de la Magistratura que evalúe una situación que él considera anómala, en cuanto al papel que deben cumplir los policías de la Federal en el traslado de presos.

Según Fernández dijo a radio América, "Carrió desconoce por completo de qué se trata el tema; alguien le ha contado un poquito, le pareció bárbaro pelearse con el ministro del Interior, porque le debe dar un poquito más de chapa de la que tiene para competir, y eso me llama la atención y, sin ser irrespetuoso, me causa gracia".

Fuente: DyN

17 de abril de 2007

Carrió impulsará un juicio político contra Aníbal Fernández

La candidata presidencial anunció que solicitará que se investigue al ministro del Interior por "avasallamiento a la independencia judicial"




La denuncia realizada por el ministro del Interior , Aníbal Fernández, contra uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas que la empresa constructora sueca habría pagado a funcionarios para la ampliación de los gasoductos tuvo su primera reacción.

La candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció hoy que presentará un pedido de juicio político contra el ministro por "avasallamiento a la independencia judicial, la división de poderes y el quiebre de las instituciones".

Según informó la fundadora de ARI, el pedido de juicio político será presentado por la diputada nacional Marcela Rodríguez, quien destacó que "el único objetivo buscado por Fernández es asustar y presionar a un juez que investiga hechos de corrupción que podrían involucrar al gobierno nacional".

El anuncio realizado por Carrió se produce un día después de que el Gobierno denunciara ante el Consejo de la Magistratura al juez penal tributario Javier López Biscayart.

Este juez había querido alojar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal a Adrián López, un procesado que refirió el pago de las presuntas coimas de Skanska y que habría sido amenazado en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita tributaria.

López estuvo pocas horas en la Superintendencia la semana pasada porque el ministro del Interior se opuso e invocó dos resoluciones que impiden alojar a presos en dependencias policiales, pero el juez replicó declarando la inconstitucionalidad de ambos decretos.

Ahora será la Sala IV de la Cámara de Casación -la más cuestionada por el Gobierno- la que deberá resolver si excarcela a López.

Piden juicio político para juez del caso Skanska

El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal económico y tributario, Javier López Biscayart, quien tiene a su cargo una de las causas por el Caso Skanska -que investiga presunta evasión y/o pagos de coimas en los que estarían involucrados funcionarios cercanos al ministro Julio De Vido- acusándolo de supuestas anomalías en su función.

Fuentes gubernamentales dijeron a DyN que la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar en una dependencia policial a un imputado por considerar que corría peligro su vida tras haber recibido amenazas.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a DYN que "en este caso de procesado con prisión preventiva debe ser alojado en una cárcel".

Y también desestimaron el argumento del magistrado de mandar al acusado Adrián López, de una empresa "fantasma" que habría emitido las facturas con las que se habrían pagado las coimas, a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Lugano, tras lo cual lo alojó en la cárcel contravencional de la Capital Federal.

Fuente: DYN

Caso Skanska: el Gobierno pidió el juicio político del juez

El Gobierno se involucró ayer en el caso Skanska al pedir el juicio político de uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas que la empresa constructora sueca habría pagado a funcionarios para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, cumplió con su palabra de denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez penal tributario Javier López Biscayart.

Este juez había querido alojar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal a Adrián López, un procesado que refirió el pago de las presuntas coimas de Skanska y que habría sido amenazado en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita tributaria.

López estuvo pocas horas en la Superintendencia la semana pasada porque el ministro del Interior se opuso e invocó dos resoluciones que impiden alojar a presos en dependencias policiales.

El juez replicó declarando la inconstitucionalidad de ambos decretos, pero el conflicto pareció atemperarse cuando el gobierno de la ciudad ofreció alojar a López en la cárcel de contraventores.

López Biscayart investigaba una evasión impositiva de numerosas empresas cuando descubrió el presunto pago de coimas.

La otra causa que también investiga los posibles sobornos está a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, a raíz de una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez.

En las próximas horas la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolverá este conflicto de competencia, pues López Biscayart le ha pedido a Montenegro que se abstenga de intervenir.

Ayer, el diputado Pérez criticó el pedido de juicio político: "Con la denuncia del ministro queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción". El legislador agregó que "el Gobierno busca obstaculizar permanentemente a la Justicia en causas de corrupción con el apriete, la amenaza y el chantaje".

Esteban Bullrich, diputado de Pro y también denunciante del caso, afirmó que "la presión que el Gobierno está ejerciendo sobre el Poder Judicial en esta causa es alarmante. Teme que se destape la olla. El tema de los derechos humanos es una pantalla".

Confrontación

Tanto el juez como el ministro fueron elevando el voltaje de su confrontación. López Biscayart estaba obligado a garantizarle seguridad a su detenido, y varias fuentes judiciales confirmaron que es común el alojamiento transitorio de presos en la Superintendencia.

Por eso, la reacción del ministro por el tema de un preso parece desmedida, especialmente si, según ha trascendido, la Cámara en lo Penal Económico podría decidir que López Biscayart no es competente para investigar las presuntas coimas.

Hasta ahora, las únicas intervenciones del Gobierno fueron un escrito del Ministerio de Planificación en el que aseguraba que la ampliación de los gasoductos fueron obras privadas financiadas con fondos privados, y una declaración del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. El Gasoducto Norte se financió con un fideicomiso que manejó Ulloa.

Adrián López era el apoderado de la firma Infiniti, que vendía facturas truchas. Skanska compró dos facturas por servicios que Infiniti no le brindó, y el dinero, según López, se destinó al pago de coimas. Pero a estas alturas el valor de sus dichos quedó superado por el de otras pruebas, como una auditoría interna de Skanska que confirmó el pago de sobornos sin decir quién cobró.

Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, la más cuestionada por el Gobierno, debe resolver si excarcela a López.

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION



El juez que enfrentó a Kirchner decidió acortar su licencia

Diez días antes de lo previsto, el juez Alfredo Bisordi, protagonista de la pelea más fuerte que la Cámara de Casación haya tenido jamás con un gobierno, pondrá fin a su licencia por enfermedad y volverá a los tribunales de Comodoro Py.

Con un juicio político que avanza en su contra, Bisordi quiere evitar aparecer como derrotado en su enfrentamiento con la Casa Rosada y cree que su defensa resultará más eficaz si la hace desde su despacho.

Pero para volver necesita que su médico le dé el alta. "El único fundamento de mi licencia fue mi problema de salud -dijo ayer Bisordi a LA NACION-. Mañana [por hoy] voy a ver al médico. Si me encuentra bien y me da el alta, vuelvo ahora. No hay ningún motivo para que no vuelva a trabajar."

Bisordi fue denunciado junto con otros tres miembros de la Cámara de Casación por "obstaculizar" las investigaciones de crímenes de la dictadura. La denuncia fue realizada por 62 querellantes de esas causas; contó desde el primer momento con el apoyo explícito del Gobierno, y ya se convirtió en la investigación más importante del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, hay algo que a Bisordi lo preocupa más: el acto de repudio que la agrupación Hijos anunció para el 28 de abril en la puerta de la casa de Villa Pueyrredón, donde el juez vive con su madre, de 83 años.

Bisordi vincula ese acto con una amenaza que dice haber recibido de gente vinculada al Gobierno.

"Antes de que me tomara la licencia, unos emisarios que dijeron que venían de parte del Gobierno me dijeron que, si no renunciaba, me iban a mandar a la agrupación Hijos a hacerme un escrache a mi casa. Cumplieron. La amenaza se hizo realidad y coincide incluso la agrupación. Es evidente que actúan en conjunto", dijo ayer Bisordi.

Cuando el magistrado decidió tomarse un mes de licencia, su relación con la Casa Rosada atravesaba el momento de mayor tensión. "Doctor Bisordi, renuncie. Váyase. Hágale un bien a la patria", le había dicho el ministro de Interior, Aníbal Fernández.

Era una respuesta a declaraciones de Bisordi, que había acusado al gobierno de Néstor Kirchner de pretender "darles órdenes a los jueces por televisión". Con esas declaraciones, se convirtió en el blanco de las quejas del Presidente por las demoras.

Dos días antes del pedido de licencia, Kirchner se había referido a Bisordi, sin nombrarlo, cuando dijo que había "jueces racistas" o que "tratan de terrorista a quien piensa distinto". La mención era casi explícita: Bisordi fue apercibido en 2005 por haber llamado "delincuente terrorista" a una ex detenida de la ESMA.

Desde ese episodio, se excusa en casi todas las causas de derechos humanos. Por eso, a él no se le imputan demoras en estos expedientes.

La acusación contra Bisordi consiste en haber trabado la actividad del tribunal que debe juzgar los delitos de la dictadura. Le cuestionan, en concreto, que le haya solicitado al tribunal que explicara las causas por las que pedía que no le enviaran otros expedientes y dedicarse sólo a juzgar a represores.

También lo acusan de haberse declarado "enemigo manifiesto" de los organismos de derechos humanos en su excusación. "Yo no dije que era enemigo de todos los organismos; sólo, de los que me habían denunciado", protesta el camarista.

Ayer, se le sumó otra denuncia. Un miembro del Consejo, el abogado Santiago Montaña, lo acusó de haber tratado con desprecio al presidente del Colegio de Abogados porteño cuando, por televisión, lo llamó "gordito".

Para los miembros de Hijos, Bisordi "era fiscal del juez que rechazaba los hábeas corpus y representa la continuidad del aparato judicial de la dictadura". El 28 de abril intentarán convencerlo de que renuncie.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

16 de abril de 2007

El Gobierno denunció a uno de los jueces del caso Skanska

El País

Se trata de Javier López Biscayart, del fuero penal tributario. La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por presuntas anomalías en su función. La semana pasada, el funcionario había tenido un cruce con el magistrado, que le anuló una resolución para el traslado de un detenido.


El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska –por supuesta evasión impositiva y pago de coimas-, acusándolo de presuntas anomalías en su función.

Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia DyN, la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a la agencia DyN que "en este caso del procesado con prisión preventiva debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado -Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de la Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.

En el Caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial.

Con el devenir de la investigación judicial fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal.

Finalmente Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la AFIP. Pero a la vez el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.

El supuesto pago de los sobornos, justamente, habría sido deslizado por el detenido López en una declaración ante la Justicia. En ese marco, el fiscal Stornelli también pidió que se cite a declarar a varios funcionarios del Gobierno.

El diputado nacional del ARI Adrián Pérez, uno de los denunciantes en el caso, criticó la denuncia presentada por el Gobierno contra el juez López Biscayart. "Con la denuncia del ministro (del Interior) queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción", dijo Pérez.

Telerman no se juega por Carrió

* El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, dijo ayer que su acuerdo con Elisa Carrió, por el cual incorporó a Enrique Olivera como compañero de fórmula para las elecciones del distrito, "no significa" que deba apoyar a la ex titular de ARI en los comicios nacionales de octubre. "Nuestro espacio es ex profeso multicolor", señaló Telerman, quien aclaró que el consenso "no significa un compromiso en octubre" y que lo pactado tiene "relación con la ciudad de Buenos Aires y el proceso electoral del 3 de junio". "No nos preocupa a quiénes van a votar en octubre los que nos van a votar a nosotros", dijo en declaraciones radiales. Afirmó, incluso, que los hombres de su gestión "votarán de distinta manera" cuando se celebren los comicios presidenciales. Respecto de las diferencias que pudieran surgir con la gestión Kirchner a partir del acuerdo con la opositora Carrió, manifestó: "Es una obligación nuestra que funcionen las relaciones institucionales con el gobierno nacional". Justamente, al acotar el acuerdo a los comicios comunales, Telerman procuraría no profundizar su distanciamiento con el gobierno nacional. Por su parte, su candidato a vicejefe, Enrique Olivera, criticó a Aníbal Fernández al referirse al reclamo de traspaso de la policía al ámbito local. "El ministro del Interior mira para otro lado, hace chistes sobre las coaliciones y sobre sus adversarios políticos, en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse", consideró.




13 de abril de 2007

La Legislatura riojana destituyó a Maza

(Télam).- La Legislatura riojana destituyó esta noche por mayoría al gobernador Angel Maza por los cargos de "mal desempeño de la función pública" y "falta del cumplimiento de los deberes a su cargo".

En tanto, fue absuelto por los cargos de delitos comunes mientras que el ex fiscal de Estado, Alfredo Pedrali, fue liberado de culpa y cargo.

El próximo martes a las 9 será leída la sentencia.

El 14 de marzo, tras 24 horas de resistencia, Maza, abandonó su despacho en la Casa de Gobierno, que fue enseguida ocupado por su ex vice y ahora gobernador, Luis Beder Herrera.

El día anterior, el suspendido gobernador había rechazado la decisión adoptada por la Legislatura de La Rioja, que dispuso la apertura del juicio político y su suspensión por 30 días, acusado de mal desempeño de sus funciones.

El mismo Maza se comunicó telefónicamente ese día con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a quien le comunicó su situación y le reiteró el pedido para que intervenga la provincia.

12 de abril de 2007

Sobisch calificó a Kirchner de “miserable, cobarde y perverso”

El gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, renovó con fortísimas críticas su embestida contra el presidente Néstor Kirchner, a quien calificó de "miserable" y "cobarde", en respuesta a las críticas del Gobierno por su responsabilidad en el asesinato de Carlos Fuentealba.

Contra el vocero. El embate también alcanzó al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que en las primeras horas tras la muerte del docente durante una protesta en Neuquén, y mientras Kirchner permanecía en silencio en El Calafate, fue el encargado de transmitir el pensamiento oficial frente a el trágico resultado de la represión policial en la provincia patagónica.

Poco después de que muriera Fuentealba Fernández deslindó responsabilidades por la represión en la policía de la provincia y dijo que no podía ser "el celador" de Sobisch.

En este contexto, el gobernador acusó, tanto al Presidente como al titular de la cartera política de ser "perversos" y los acusó de pretender obtener "rédito político" de la muerte del maestro.

"Miserables, cobardes y perversos". "Kirchner es un miserable, el ministro del Interior es un miserable, son dos perversos", aseguró el gobernador en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.

Insistió en que el Presidente "es un cobarde que utiliza la situación", en alusión al asesinato de Fuentealba mientras participaba de una protesta docente que pretendían cortar la ruta 22 cerca de la localidad de Arroyito el miércoles pasado.

Permanencia. Por otra parte, ratificó que no está en sus planes dejar su cargo, pese a que ese es uno de los reclamos que motoriza los reclamos de los docentes de la provincia por estas horas y del pedido de juicio político que impulsan, aunque sin demasiado consenso, los legisladores de la oposición.

"No voy a renunciar, el pueblo de Neuquén me ha dado un mandato a través de las elecciones y no voy a renunciar ante un problema difícil de la provincia", enfatizó.

Defensa. Además, reiteró que es "el responsable político" por la muerte de Fuentealba y defendió a la policía de Neuquén.

"La policía de la provincia no es una policía represora", afirmó. Enseguida justificó su orden de reprimir a los manifestantes. "Hice cumplir la constitución y la ley en mi provincia", se defendió.

Sin dar un paso atrás, sostuvo que "volvería a tomar las decisiones" para que "las minorías no manejen la provincia", aunque afirmó: "En ningún momento mandé a matar a nadie".

11 de abril de 2007

Telerman se alejó otro paso de Kirchner

En el discurso, la confirmación pública de la fórmula Jorge Telerman-Enrique Olivera, promocionada ayer con un acto-show organizado en un teatro del centro porteño, buscó ceñirse a una competencia y un debate exclusivamente locales. En el aire, sin embargo, la coalición dejó expuesta la probable transición del jefe de gobierno porteño de un "casi kirchnerismo" hacia la oposición nacional.

Telerman contará con la aprobación de Elisa Carrió, referente de Olivera y una de las más duras críticas de la gestión de Néstor Kirchner, y también las de la UCR, que a nivel nacional promueve la candidatura de Roberto Lavagna; del Partido Socialista, opositor al kirchnerismo, y de la Ucedé. El amplio abanico del oficialismo porteño incluirá a los piqueteros de Libres del Sur y a otros sectores progresistas y peronistas que responden más directamente a Telerman.

El acercamiento a dirigentes nacionales opositores reconocidos -Carrió, Hermes Binner, Rubén Giustiniani, el radicalismo que secunda a Lavagna- hizo que una de las ministras locales mejor consideradas por Telerman, la kirchnerista Lía María, renunciara a la cartera de Espacio Público en desacuerdo con las nuevas amistades políticas del jefe de gobierno.

Lía María era la responsable del bacheo y de las mejoras en las plazas y en el espacio público de la ciudad, tareas que Telerman considera centrales para ganar las elecciones del 3 de junio. La ministra había llegado al cargo tras un acuerdo con el kirchnerismo (en la ciudad adjudican su nombramiento al ministro del Interior, Aníbal Fernández).

El ministro de Hacienda, Sergio Beros, quedará por ahora a cargo, aunque en la práctica la conducción de Espacio Público recaerá en Mariano Bovero y Esteban Bellomo, actuales secretarios. El objetivo del gobierno porteño es mantener el equipo que conducía Lía María.

La autonomía

Telerman y Olivera, de cualquier manera, buscaron en todo momento despegarse de la discusión nacional. La única referencia cercana que hicieron fue el reclamo de una mayor autonomía para la Capital.

La policía, el puerto, el juego y el control del transporte público son algunos de los temas que, por ahora, se manejan desde el gobierno nacional. Telerman reclamó el traspaso de estas funciones a la órbita porteña.

El gobierno local llamará a una consulta popular el 24 de junio, día del posible ballottage, para que los porteños expongan si quieren o no una policía propia. Esta iniciativa de Telerman fue leída como otro gesto de distancia hacia la Nación. El ministro de Gobierno, Diego Gorgal, experto en políticas de seguridad, está encargado de avanzar con el diseño de una policía porteña.

Así las cosas, Telerman y Olivera se manifestaron a favor de la autonomía porteña, casi como un desafío a la Casa Rosada. "Para desarrollar el potencial de Buenos Aires es necesaria la autonomía. Así, no les sirve ni al pueblo porteño ni a los intereses de la Nación", afirmó el jefe de gobierno.

El candidato a vicejefe anotó cinco temas en la agenda de la coalición -llamada Autonomía por Buenos Aires-: "La seguridad, la educación, la salud, la cultura y el tránsito". Las políticas de seguridad y de tránsito, hoy, pertenecen a la órbita nacional.

Tras la presentación oficial de la fórmula, con una carta de intenciones políticas y la confirmación de que Olivera cumplirá -en el caso de ganar, obviamente- una función ejecutiva en el gobierno, quedará para esta semana la conformación de las listas de candidatos a legisladores.

La Coalición Cívica que hoy presentará Carrió -junto con Patricia Bullrich y algunos líderes religiosos y sociales- llevará una lista propia. Telerman, además, evalúa si "colgará" una o dos nóminas más. Por ahora, se estima que la ministra de Derechos Humanos y Sociales, Gabriela Cerruti, encabezaría una de ellas.

El voto a presidente

Telerman pretendió dejar claro que, en el acuerdo, no hubo una negociación sobre las siguientes posturas políticas que cada uno de los actores debía tomar. "Respetaremos nuestras diferencias", señaló.

Si bien Carrió buscó situar la fórmula Telerman-Olivera lejos del gobierno nacional (ver aparte), es un hecho que en la ciudad coexisten dirigentes que aprueban la gestión kirchnerista -Juan Pablo Schiavi, Enrique Rodríguez y Gabriela Cerruti, por ejemplo- con otros que se oponen -Roy Cortina, Silvana Giúdici, Raúl Fernández-. Telerman pretende mantener este equilibrio.

Fuentes del gobierno porteño afirmaron que "sólo en septiembre" se definirá a qué candidato presidencial votará Telerman. Carrió, su nueva aliada, se postulará contra Kirchner. El dilema, sin embargo, fue y tratará de ser evitado por la fórmula oficialista.

Se endurece la protesta contra Sobisch en Neuquén

Pocas horas después del multitudinario y pacífico reclamo que protagonizaron por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, los docentes de Neuquén resolvieron esta noche endurecer la protesta frente a la Casa de Gobierno y levantar los cortes carreteros, mientras que los estatales anunciaron una huelga por 48 horas.

Los delegados sindicales de toda la provincia del gremio docente tomaron la decisión de continuar con el paro en una reunión plenaria en la que debatieron la estrategia que seguirán para para confrontar con el gobernador Jorge Sobisch, a quien responsabilizan por la muerte de Fuentealba.

Paro de estatales. En tanto, los estatales de Neuquén, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y los profesionales y técnicos de los hospitales de la provincia, resolvieron hoy un paro de 48 horas.

La medida fue adoptada en un plenario de secretarios generales de ATE-Neuquén y otro de las asociaciones de profesionales y técnicos de hospitales, en repudio por la represión aplicada a los docentes de ATEN.

Asambleas. Los docentes estuvieron reunidos hoy en asambleas en distintos puntos de la provincia para evaluar cómo seguir con el plan de lucha.

Renuncia. El secretario general del gremio docente neuquino, Marcelo Guagliardo, dijo hoy a LANACION.com que la protesta ya trascendió las fronteras del reclamo docente. “Esto ya no tiene un objetivo sectorial sino que el pedido es por un cambio profundo en la politica de Neuquén” y añadió que ese cambio supone “sí o sí” la renuncia de Sobisch.

Los docentes continuaban desde ayer acampando frente a la Casa de Gobierno de la provincia.

Gendarmes. En tanto, el Gobierno no descartó la posibilidad de enviar efectivos de Gendarmería a la convulsionada provincia, aunque aclaró que sólo tomará esa decisión si Sobisch o la Justicia así se lo piden.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, se encargó de dejar en claro que su cartera no recibió de parte del gobierno neuquino ninguna solicitud de refuerzos de seguridad ante eventuales disturbios.

Además, puntualizó que el ministerio a su cargo mandó refuerzos "a Salta cada vez que lo pidió", y que sólo partirán contingentes a Neuquén si "hay un delito federal o por pedido expreso de la Justicia". Enseguida añadió: "No tuvimos ninguna situación en Neuquén, ni hemos tenido un pedido especifico del gobierno de la provincia", afirmó.

Fernández se mostró así más conciliador que la semana pasada, cuando, a pocas horas de la muerte de Fuentealba, provocada por el disparo de una granada de gas lacrimógeno atribuido a un policia, había asegurado: "Cada provincia es dueña de su seguridad. No soy el celador de Sobisch".

10 de abril de 2007

Kirchner persigue a la prensa con un archivo

El presidente Néstor Kirchner aprovechó la inauguración de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el partido bonaerense de Hurlingham para arremeter otra vez contra la prensa y defender este tipo de actos, los que consideró de gestión y no de campaña.

" No me van a presionar mediáticamente", advirtió, para luego defender la decisión de rescindir el contrato de Aguas Argentinas. "Recuperamos la empresa junto a los trabajadores para poner las obras al servicio del pueblo", gritó ante una multitud que se congregó para vivarlo. "Pedían aumento de tarifas pero no hacían obras", criticó.

"Esto no es gasto publico, es inversión. Esa es la discusión eterna con los han fundido el país", se defendió, para luego cargar contra los medios de comunicación que, según él, lo atacan permanentemente.

"Es hora que la Argentina se dé un baño de humildad. Hay muchos sectores de la prensa argentina que tienen que hacer una autocrítica. Que vean su historia, que no resisten el archivo. Analicen para atrás lo que han dicho y apoyado", pidió.

Respecto a las elecciones, si bien dijo que todavía la campaña no comenzó, se preocupó por remarcar que en octubre próximo los argentinos "van a votar seguramente por la profundización del cambio".

El Presidente llamó a "la clase trabajadora, la clase media y los empresarios nacionales" para que lo ayuden en su proyecto. "El candidato o la candidata va a ser un pingüino o pingüina", adelantó, en referencia a la posible candidatura de la Primera Dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Respecto a las elecciones, dijo que "Daniel (Scioli) ya es candidato y el 10 de diciembre va a jurar como gobernador".

Kirchner estuvo acompañado por el vicepresidente y candidato a gobernador bonaerense por el oficialismo, Daniel Scioli; el mandatario bonaerense actual, Felipe Solá; los ministros Julio de Vido, de Planificación, y Aníbal Fernández, de Interior, y el intendente local, Luis Acuña, entre otros funcionarios.

8 de abril de 2007

Sobisch acusó a Kirchner de "aprovechar en forma miserable" la muerte del docente Carlos Fuentealba

El gobernador neuquino, Jorge Sobisch, acusó al presidente Néstor Kirchner de "aprovechar en forma miserable" la muerte del docente Carlos Fuentealba en esa provincia, ocurrida el jueves pasado luego de una protesta por un reclamo salarial, para obtener rédito político.

Sobisch ratificó también que sigue en campaña para la presidencia, pese a las durísimas críticas que recibió por la brutal represión ejercida el último miércoles, al expresar que se siente "confiado y seguro" de mantener sus aspiraciones.

El mandatario, por otra parte, criticó a su ex aliado político Mauricio Macri, quien anunció la ruptura del frente tras los incidentes que costaron la vida del docente Fuentealba: "Pensé que tenía otra fortaleza moral y por lo menos me podría haber llamado por teléfono y decírmelo", se quejó.

"Lamento que no haya tenido valentía para llamarme porque yo hubiera entendido esta actitud política, pues no se quiere juntar con alguien que tiene un problema. Si lo primero que hace es salir corriendo, ¿cómo le irá como intendente de Buenos Aires?", planteó.

En declaraciones a los matutinos La Nación y Clarín, el gobernador asumió que es el "responsable político" de los hechos, pero destacó que da "la cara" mientras Kirchner "no la ha dado ante los grandes problemas".

Además, acusó al jefe de Estado de tratar de "voltear al único gobernador que se la plantado enfrente".

"No se puede ser hipócrita y aprovechar esto en forma miserable, como lo han hecho el Presidente y sus colaboradores", acusó Sobisch.

También atacó duramente al ministro del Interior, Aníbal Fernández, al declarar: " Me preocupa que el ministro tenga esa actitud de energúmeno, donde sólo le importa desacreditar a Sobisch, rodeado de una banda de cuasi mafiosos".

Fuente: DyN

5 de abril de 2007

Con críticas a Sobisch, el Gobierno buscó despegarse de la crisis

En medio del silencio presidencial tras los incidentes que se dieron ayer en Neuquén, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, criticó hoy el accionar de la policía de Neuquén y deslindó al gobierno nacional de cualquier responsabilidad.

"No nos podemos meter dentro de la provincia de Neuquén y decirles qué tienen que hacer con su poder de policía", afirmó el ministro tras recibir al titular de Ctera, Hugo Yasky. El gremialista pidió un gesto del presidente Néstor Kirchner que, hasta el momento, no se ha expresado respecto de la represión policial ocurrida ayer en la provincia gobernada por uno de sus rivales políticos, Jorge Sobisch.

Fernández criticó a Sobisch y al secretario de Seguridad de Neuquén, quien justificó la represión contra los docentes.

"Si vemos que el gobernador dice que dio la instrucción de que se despejara la ruta con represión pero que no se hacía cargo de los desbordes, bueno habrá alguien que se haga responsable de esos desbordes y va haber que investigar y sancionar", dijo el ministro, que además, agregó: "[Los conflictos] se resuelven hablando, con la discusión política, buscando el acuerdo y no con un escopetazo en la cabeza".

"Cada provincia es dueña de su poder de policía", enfatizó Fernández, al deslindar cualquier responsabilidad del gobierno nacional de los incidentes, que dejaron a un delegado gremial de los docentes en un estado de coma "casi rreversible", según el último parte médico difundido por personal del Hospital Provincial Castro Rendón.

"Para qué lo voy a llamar al gobernador, qué sentido tiene que lo llame si su propio secretario de Seguridad reivindica la represión", dijo el ministro Fernández, ante la consulta de los periodistas en la Casa Rosada acerca de si se pondría en contacto con Sobisch.

"Qué le voy a decir yo, por qué paso lo que pasó, lo primero que está en este caso es la defensa de la vida", insistió el ministro.

Paro contra la represión. El otro funcionario que se refirió a los incidentes fue el ministro de Educación y candidato a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus.

"El Estado nacional no tiene vinculación con los incidentes de Neuquén y Salta, donde hubo represión de la policía provincial", dijo Filmus en declaraciones a la agencia de noticias DyN.

Pese a que los conflictos con los docentes que se desataron en el interior del país están vinculados con el último aumento salarial anunciado por Filmus, el ministro deslindó cualquier responsabilidad del gobierno nacional.

"Este el primer paro nacional de Ctera, pero no es un paro que hacen al gobierno de la Nación, sino en repudio a la represión a los maestros en Neuquén", dijo el ministro al consultársele sobre la anunciada medida del magisterio para el lunes, y agregó: "El mismo [Hugo] Yasky aclaró cual era el objetivo de la huelga".

"Siempre que hubo un conflicto salarial, incluidos los piqueteros, la forma de resolverlo del gobierno nacional fue con el diálogo", afirmó.

2 de abril de 2007

Daniel Scioli: "Ni la guerra ni el tiempo pueden cambiar la realidad, las Malvinas son argentinas"

La ausencia del presidente Néstor Kirchner fue el punto saliente del acto central por el 25 aniversario de la Guerra de Malvinas, que se realizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, pese a que su participación había sino anunciada por la ministra de Defensa.

Un vocero del Gobierno aseguró que hace diez días Kirchner le había adelantado al gobernador fueguino Hugo Coccaro que no iba a estar, pero se abstuvo de puntualizar los motivos de la ausencia y negó que haya estado motivada por una manifestación de docentes.

Esta mañana, unos 300 docentes de esta capital provincial esperaban la llegada del presidente Kirchner, para "repudiar" lo que calificaron de "militarización" del conflicto docente en Santa Cruz, pero se quedaron con las ganas, ya que el jefe del Estado no viajó desde El Calafate, donde pasó el fin de semana.

La ceremonia, que se inició a las 11.35 con la ejecución del himno "Aurora" en la Plaza Islas Malvinas, situada a orillas del canal Beagle, sí fue encabezada por el vicepresidente Daniel Scioli, el canciller Jorge Taiana, los ministros de Defensa, Nilda Garré, del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Jorge Chevalier, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

Scioli, quien ofreció un discurso en nombre del Gobierno, señaló que "vamos a mantener el reclamo a toda costa" para que la Argentina recupere la soberanía sobre el archipiélago.

No obstante, remarcó que las demandas se formularán "desde el diálogo y con la fuerza que nos da la razón", y vaticinó que por ese camino "vamos a recuperar lo que nos pertenece".

"Una vez más convocamos al Reino Unido a que atienda los llamamientos internacionales y reanude las conversaciones de la manera indicada por la ONU. Ni la guerra ni el tiempo cambian la realidad: las Malvinas son argentinas", indicó.

Al cerrar el acto, Scioli dijo que "a la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía" sobre el archipiélago "nos lo marca nuestro corazón, nuestra responsabilidad y nuestro sentido del deber".

A su turno, Chevalier, admitió que "ya se ha derramado demasiada sangre" y que las Islas Malvinas deben ser recuperadas por "la vía diplomática y la paz".

"El objetivo de recuperar nuestras islas es irrenunciable. Los esfuerzos en conseguirlas no deben cejar. La metodología hoy es clara: la vía diplomática, la paz", dijo Chevalier y subrayó: "ya se derramó demasiada sangre. No se debe repetir jamás".

Más temprano, el canciller Taiana ratificó que la Argentina insistirá con sus reclamos ante "todos los foros internacionales" con el fin de "recordarle al mundo los incumplimientos del Reino Unido".

El ministro de Relaciones Exteriores no fue orador en el acto central, pero durante la vigilia en la ciudad de Río Grande, junto a decenas de ex veteranos de la guerra, dijo que "el Gobierno está tomando muchas decisiones en varios frentes y una de las principales acciones es recordarle al mundo los incumplimientos del Reino Unido".

Taiana, quien calificó de "honor participar en esta vigilia", sostuvo que como canciller "tengo el compromiso del gobierno nacional de buscar una mayor firmeza en el reclamo del ejercicio de la soberanía" sobre el archipiélago.

Junto al canciller, Aníbal Fernández aseveró que para el gobierno "es una obligación" la reivindicación de "todas las banderas de los veteranos" de Malvinas y rogó para "no volver a equivocarnos".

Fernández llamó a "sostener todas las banderas que los veteranos reivindicadas todos los días es una obligación", y afirmó que "jamás pedimos que se arríen una de estas banderas porque es una sola la causa de Malvinas: no permitir que se desmalvinice".

Fuente: DyN

29 de marzo de 2007

El Presidente pone al país al borde de un conflicto de poderes

Néstor Kirchner volvió a avalar ayer la dura ofensiva política contra los jueces de la Cámara de Casación. Lo hizo cuando parecía que el debate comenzaba a moderarse luego del oportuno documento de la Corte, de anteanoche, en el que pidió respeto por la honorabilidad de la Justicia y por la independencia de los poderes. El Presidente fue más allá: también le contestó, sin nombrarlo, al máximo tribunal de justicia del país. Las cosas comienzan, así, a tomar otro color.

Justificó su "desmesura" cuando la Corte había reclamado "mesura, equilibrio y respeto". Kirchner ha convertido la desmesura en virtud política, según lo explicó él mismo ayer en una de sus tribunas de fuego. ¿Fue eso, una conversión del defecto en virtud, o le recordó a la mayoría de los jueces de la Corte por qué están ahí y quién los nombró? Resulta difícil imaginar la inocencia de una simple mutación de conceptos cuando dijo que su "desmesura" había logrado cambiar la Corte; es decir, había erigido en jueces supremos a los actuales miembros del tribunal.

La doctrina del "pensamiento único" que prevalece en la política argentina se extendió, por lo tanto, a la Corte y, desde ya, al periodismo independiente y a LA NACION en particular. Esto último no es una novedad, aunque su incorregible insistencia en descalificar afecta ya seriamente la libertad y la tranquilidad con que deben trabajar los periodistas. La misma libertad y tranquilidad que precisan los jueces para interpretar las leyes. Ni periodistas ni jueces están a salvo ahora.

Más moderado, por la mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asumió públicamente la defensa de la cuestionada posición del Gobierno. Fue un progreso breve, muy fugaz. Habían quedado fuera del juego los más deslenguados voceros presidenciales, el ministro Aníbal Fernández y el diputado Carlos Kunkel.

Cuando caía la noche, el propio Kirchner tomó el liderazgo personal de la crispación frente a los jueces y sumó en su ofensiva a la Corte. ¿Qué se discute? ¿En qué consiste un debate que ya tiene como protagonistas a las cabezas mismas de dos poderes del Estado?

En rigor, el debate se ha desvirtuado con el correr de los días. Se ha insistido, por ejemplo, en que los jueces pueden ser sometidos a juicio político y que ese trámite no significa nunca la injerencia de un poder sobre otro poder. Están cambiando el eje de la polémica anterior. Nadie duda, como lo dijo la Corte, que todos los dirigentes del Estado pueden ser sometidos al escrutinio de sus actos.

El problema no era el trámite en sí en el Consejo de la Magistratura (a pesar de que su reciente modificación planteó serias dudas sobre su independencia), sino la forma en que el Poder Ejecutivo se metió en la Justicia. Las formas son inherentes a la mecánica de la democracia, sobre todo cuando un poder se refiere a otro poder.

El jefe de Gabinete también esbozó una mala defensa cuando señaló que cualquier ciudadano puede criticar a los jueces. De hecho, el periodismo ha criticado muchas veces a los jueces y a la propia Corte.

El problema es que ese criterio general tiene algunas excepciones. La primera excepción comprende al presidente de la Nación, que está impedido constitucionalmente de inmiscuirse en causas puntuales en manos de la Justicia. Alberto Fernández dijo ayer que el Presidente había hablado como "ciudadano". Pero, ¿dónde está la frontera que separa al presidente Kirchner del ciudadano Kirchner? ¿Es posible que un presidente se convierta en ciudadano sólo por algunos minutos y luego vuelva a ascender a la Presidencia?

Definitivamente, Kirchner ha perdido la condición de simple ciudadano mientras ejerza la primera magistratura de la Nación. Cada uno de sus actos públicos llevará siempre la impronta del Estado y marcará una política de su gobierno.

Otro ángulo del debate que se ha deformado se refiere a las presuntas infracciones que habrían cometido los jueces de la Cámara de Casación. La discusión pública pareciera referirse a delitos de corrupción o de prevaricato. En rigor, lo único que ha pasado, hasta ahora, es que el Consejo de la Magistratura decidió enviarle a la Cámara un pedido de informes sobre la demora de las muchas causas que hay por las violaciones de los derechos humanos en la década del 70. Exponentes del Poder Ejecutivo han cuestionado, en cambio, la ideología de algunos jueces, pero esas disidencias no son -hasta donde se sabe, al menos- un motivo de persecución judicial.

El Consejo de la Magistratura deberá averiguar, a todo esto, si las demoras están justificadas o no. La severidad de la condena tendrá que ajustarse a las consecuencias judiciales que hubieran tenido eventuales moras injustificadas. Una demora que no hubiese tenido consecuencias directas en las causas no acreditaría, desde ya, el relevo de ningún juez.

Si se colocaran las ideas a un lado, podría rescatarse que lo único que un juez no puede hacer es incumplir la ley. Y ésta es en última instancia la misión final del Consejo de la Magistratura: determinar con objetividad e independencia si los jueces han respetado -o no- los mandatos de la ley.

El gobierno de Kirchner pudo acatar este principio en silencio. ¿Por qué le agregó, entonces, el innecesario batifondo de la pelea y la crispación? Como suele pasarle con demasiada frecuencia, sus errores políticos resultan con un precio demasiado alto. Si hubiera existido una culposa demora por parte de algunos jueces, lo que no se ha demostrado aún, el escándalo de los últimos días no habría hecho más que convertir a los culpables en víctimas. Por si todo fuera poco, el Presidente colocó anoche a la nación política al borde de un conflicto de poderes.











Calendario Electoral

Calendario Electoral Americas 2007

Fecha

País

Tipo de elección

Marzo

Bahamas

Legislativas

Abril

Comoros

Presidencial

Mayo

Bahamas

Parlamentaria

Julio

Perú

Eleciones Municipales Complementarias

Agosto

Bolivia

Referéndum Constitucional

1 de octubre

Trinidad y Tobago

Parlamentarias

28 de octubre

Argentina

Presidencial y Legislativas

 

Diputados Nacionales: En los 24 distritos. Se renueva la mitad de la Cámara.
Senadores Nacionales: Sólo en 8 distritos. Se renueva un tercio del Senado. Se vota en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Sgo. del Estero y Tierra del Fuego.
Elecciones provinciales.
Elecciones presidenciales.

 

28 de octubre

Colombia

Elecciones Locales

1 de noviembre

Guatemala

Presidencial y Legislativa


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