El Presidente pone al país al borde de un conflicto de poderes

Néstor Kirchner volvió a avalar ayer la dura ofensiva política contra los jueces de la Cámara de Casación. Lo hizo cuando parecía que el debate comenzaba a moderarse luego del oportuno documento de la Corte, de anteanoche, en el que pidió respeto por la honorabilidad de la Justicia y por la independencia de los poderes. El Presidente fue más allá: también le contestó, sin nombrarlo, al máximo tribunal de justicia del país. Las cosas comienzan, así, a tomar otro color.

Justificó su "desmesura" cuando la Corte había reclamado "mesura, equilibrio y respeto". Kirchner ha convertido la desmesura en virtud política, según lo explicó él mismo ayer en una de sus tribunas de fuego. ¿Fue eso, una conversión del defecto en virtud, o le recordó a la mayoría de los jueces de la Corte por qué están ahí y quién los nombró? Resulta difícil imaginar la inocencia de una simple mutación de conceptos cuando dijo que su "desmesura" había logrado cambiar la Corte; es decir, había erigido en jueces supremos a los actuales miembros del tribunal.

La doctrina del "pensamiento único" que prevalece en la política argentina se extendió, por lo tanto, a la Corte y, desde ya, al periodismo independiente y a LA NACION en particular. Esto último no es una novedad, aunque su incorregible insistencia en descalificar afecta ya seriamente la libertad y la tranquilidad con que deben trabajar los periodistas. La misma libertad y tranquilidad que precisan los jueces para interpretar las leyes. Ni periodistas ni jueces están a salvo ahora.

Más moderado, por la mañana, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asumió públicamente la defensa de la cuestionada posición del Gobierno. Fue un progreso breve, muy fugaz. Habían quedado fuera del juego los más deslenguados voceros presidenciales, el ministro Aníbal Fernández y el diputado Carlos Kunkel.

Cuando caía la noche, el propio Kirchner tomó el liderazgo personal de la crispación frente a los jueces y sumó en su ofensiva a la Corte. ¿Qué se discute? ¿En qué consiste un debate que ya tiene como protagonistas a las cabezas mismas de dos poderes del Estado?

En rigor, el debate se ha desvirtuado con el correr de los días. Se ha insistido, por ejemplo, en que los jueces pueden ser sometidos a juicio político y que ese trámite no significa nunca la injerencia de un poder sobre otro poder. Están cambiando el eje de la polémica anterior. Nadie duda, como lo dijo la Corte, que todos los dirigentes del Estado pueden ser sometidos al escrutinio de sus actos.

El problema no era el trámite en sí en el Consejo de la Magistratura (a pesar de que su reciente modificación planteó serias dudas sobre su independencia), sino la forma en que el Poder Ejecutivo se metió en la Justicia. Las formas son inherentes a la mecánica de la democracia, sobre todo cuando un poder se refiere a otro poder.

El jefe de Gabinete también esbozó una mala defensa cuando señaló que cualquier ciudadano puede criticar a los jueces. De hecho, el periodismo ha criticado muchas veces a los jueces y a la propia Corte.

El problema es que ese criterio general tiene algunas excepciones. La primera excepción comprende al presidente de la Nación, que está impedido constitucionalmente de inmiscuirse en causas puntuales en manos de la Justicia. Alberto Fernández dijo ayer que el Presidente había hablado como "ciudadano". Pero, ¿dónde está la frontera que separa al presidente Kirchner del ciudadano Kirchner? ¿Es posible que un presidente se convierta en ciudadano sólo por algunos minutos y luego vuelva a ascender a la Presidencia?

Definitivamente, Kirchner ha perdido la condición de simple ciudadano mientras ejerza la primera magistratura de la Nación. Cada uno de sus actos públicos llevará siempre la impronta del Estado y marcará una política de su gobierno.

Otro ángulo del debate que se ha deformado se refiere a las presuntas infracciones que habrían cometido los jueces de la Cámara de Casación. La discusión pública pareciera referirse a delitos de corrupción o de prevaricato. En rigor, lo único que ha pasado, hasta ahora, es que el Consejo de la Magistratura decidió enviarle a la Cámara un pedido de informes sobre la demora de las muchas causas que hay por las violaciones de los derechos humanos en la década del 70. Exponentes del Poder Ejecutivo han cuestionado, en cambio, la ideología de algunos jueces, pero esas disidencias no son -hasta donde se sabe, al menos- un motivo de persecución judicial.

El Consejo de la Magistratura deberá averiguar, a todo esto, si las demoras están justificadas o no. La severidad de la condena tendrá que ajustarse a las consecuencias judiciales que hubieran tenido eventuales moras injustificadas. Una demora que no hubiese tenido consecuencias directas en las causas no acreditaría, desde ya, el relevo de ningún juez.

Si se colocaran las ideas a un lado, podría rescatarse que lo único que un juez no puede hacer es incumplir la ley. Y ésta es en última instancia la misión final del Consejo de la Magistratura: determinar con objetividad e independencia si los jueces han respetado -o no- los mandatos de la ley.

El gobierno de Kirchner pudo acatar este principio en silencio. ¿Por qué le agregó, entonces, el innecesario batifondo de la pelea y la crispación? Como suele pasarle con demasiada frecuencia, sus errores políticos resultan con un precio demasiado alto. Si hubiera existido una culposa demora por parte de algunos jueces, lo que no se ha demostrado aún, el escándalo de los últimos días no habría hecho más que convertir a los culpables en víctimas. Por si todo fuera poco, el Presidente colocó anoche a la nación política al borde de un conflicto de poderes.