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7 de abril de 2007

Críticas unánimes a la represión en Neuquén

Una vez más, dirigentes de todo el arco político rechazaron ayer los violentos enfrentamientos producidos en Neuquén y en los que murió el maestro Carlos Fuentealba.

El candidato presidencial Roberto Lavagna atribuyó el origen de los incidentes a un "clima de crispación" que vive la sociedad, fomentada por el Gobierno. Sostuvo que el conflicto docente que se vive en Neuquén se generó a partir de una "medida puramente electoralista" del Gobierno para apoyar a su candidato a jefe de gobierno porteño Daniel Filmus, cuando aumentó el salario de los maestros sin consultar a las provincias.

En el mismo sentido se expresó el candidato a gobernador bonaerense por el lavagnismo, Jorge Sarghini. "Ante lo sucedido, dolor y repudio, pero también reflexión: el Gobierno concentra para sí los recursos, y deja en manos de las provincias la resolución de los problemas", sostuvo.

Por su parte, el titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini; la vicepresidenta del cuerpo, Patricia Vaca Narvaja, junto al jefe de bloque oficialista Agustín Rossi, y otros diputados kirchneristas expresaron su profundo dolor por la muerte de Fuentealba y rechazaron "enérgicamente la represión de la protesta social ordenada por el gobernador Jorge Sobisch".

"Es necesario que el pueblo neuquino le diga basta a la soberbia sobischista y la mejor forma será a través del voto", enfatizó el diputado nacional neuquino Oscar Massei.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y Enrique Olivera, de ARI, decidieron abrir ayer un paréntesis en las negociaciones para arribar a un eventual acuerdo para las elecciones porteñas del 3 de junio. "La preocupación está centrada en la evolución de estos acontecimientos que hoy conmueven a los argentinos", dijeron en un comunicado.

La diputada de ARI y ex titular de Ctera, Marta Maffei, sostuvo que el conflicto docente "no finalizará hasta que el Gobierno no resuelva el problema de la coparticipación"."Que Filmus se haga cargo, que no repudie la violencia desde un despacho de la Capital. Hay muchos maestros con un sueldo básico de 161 pesos", advirtió.

El titular de la Ucedé, Jorge Pereyra de Olazábal, manifestó que el país asiste "al peligroso enfrentamiento entre el derecho legítimo de la protesta con el necesario orden para vivir en democracia". "Así como la corrupción de los años 90 perjudicó los valores de la libertad económica y el progreso, los excesos de la policia provincial en Neuquén pueden significar un riesgo para el orden institucional", advirtió.

22 de marzo de 2007

Kirchneristas y UCR frenan nulidad de indultos

La Cámara de Diputados no tuvo número suficiente de legisladores en el recinto para tratar en sesión especial, este mediodía, un proyecto de ley que declara la nulidad de la amnistía, indultos o conmutación de penas concedidos a favor de personas procesadas o condenadoras por delitos de lesa humanidad.

La convocatoria, hecha por el bloque ARI y otras bancadas minoritarias, no encontró eco en el bloque del Frente para la Victoria, que conduce Agustín Rossi, ni tampoco del radicalismo, por lo sólo había unos 15 diputados en el recinto cuando la vicepresidenta de la cámara, Patricia Vaca Narvaja, levantó la sesión.

Sólo concurrieron diputados del aristas, el socialista Héctor Di Pollino y Carlos Alberto Tinnirello (Red de Encuentro Social- Capital), autor del proyecto que se proponía tratar.

También asistió al fallido intento de sesión la ex diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, quien cuando era legisladora buscó infructuosamente que el Congreso sancionara la nulidad de los indultos concedidos a responsables de delitos de lesa humanidad.

El proyecto de Tinnirello incorpora como artículo 61 bis del Código Penal de la Nación una cláusula para determinar que "es absoluta e insanablemente nula la amnistía concedida en favor de personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el tiempo en que hubieran sido cometidos."

También hace otros agregados a la legislación para que la nulidad de extienda a los indultos o conmutación de penas.

Por otra parte el proyecto impone prisión o reclusión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que conceda amnistías o decrete indultos conmutación de penas a personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad.

A su vez, indica que "en ningún caso se concederá la detención domiciliaria a personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, cualquiera sea su edad o el tiempo en que los delitos hubieran sido cometidos".

El pedido de sesión especial por parte del ARI y otros bloques minoritarios estuvo vinculada al próximo aniversario del 24 de marzo, cuando se cumplirán 31 años del último golpe de Estado que sufrió el país y la siguiente instalación de la dictadura que se extendió hasta el 9 de diciembre de 1983.

FUENTE: PERFIL.COM


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