Lorenzetti vio riesgo de golpe en 2002

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reconoció hoy que el accionar de la Justicia "es lenta" y nunca se avanzó "seriamente" en una reforma para mejorarla, pero en defensa del Poder Judicial enfatizó también que sin su intervención en la crisis de 2002 "hubiéramos tenido un golpe de Estado" en Argentina.

El magistrado analizó hoy el presente de la Justicia, fijó posición frente a los conflictos sociales y anticipó la agenda de la Corte de 2007, al inaugurar el ciclo de conferencias convocadas por un grupo de periodistas de diferentes medios, junto a la fundación Konrad Adenauer.

"Si no hubiésemos tenido Justicia en 2002, hubiéramos tenido un golpe de Estado", afirmó el titular de la Corte Suprema, al marcar claros y oscuros del papel del Poder Judicial.

Lorenzetti trazó una cuidadosa diferenciación al referirse al papel de la Justicia frente a los conflictos sociales y, en particular, los cortes de rutas.

Tras advertir sobre la necesidad de instrumentar "mecanismos de diálogo" y así evitar que "se llegue tanto a la Justicia", el magistrado reconoció que existe una "colisión de derechos", una "zona intermedia" en diferentes protestas, entre quienes buscan manifestarse y quienes, por ejemplo, reclaman la libre circulación.

Sin embargo, Lorenzetti fue terminante al afirmar que el límite aparece frente a la comisión de delitos durante una protesta.

"Si usted comete un delito, como es incendiar, afectar la propiedad, ahí no hay ninguna duda que debe actuar la Justicia", enfatizó. Pero también advirtió sobre el riesgo de la inacción.

"Si uno no hace nada, los conflictos entre derechos horizontales, igualmente legítimos, pueden generar un problema muy serio en la sociedad, el deber del Estado es ordenar", precisó y, en ese sentido, sugirió instrumentar formas de "mediación y diálogo" que consideró "caminos mucho más eficientes que la Justicia".

El presidente del tribunal se rehusó a opinar sobre los cortes de rutas en Entre Ríos, motivados por las protestas contra la papelera Botnia, porque advirtió que al existir una denuncia "puede llegar a la Corte".

Durante la conferencia, Lorenzetti reconoció que "la Justicia es lenta" y "tiene que cambiar".

"En la Corte Suprema, como en todo el Poder Judicial, debemos hacer grandes cambios", aceptó y agregó que "existe una gran demanda, legítima, pero nunca ha sido transformado seriamente".

Al señalar síntomas de los problemas que enfrenta la Justicia, Lorenzetti contrastó que mientras la Corte de los Estados Unidos trata unas 80 sentencias anuales, el tribunal supremo trata en la Argentina "una cantidad que supera las 12 o 15 mil".

En cuanto a las propuestas, el titular de la Corte planteó una reforma procesal que multiplique los juicios orales en las provincias pero advirtió que "para ello hay que nombrar más jueces, hace falta más presupuesto, que es un problema del Ejecutivo".

"En muchos casos los presupuestos no sólo no han aumentado, sino que en algunas provincias han disminuido", acotó.

Lorenzetti fue cuidadoso al marcar destinatarios de los mensajes de la Corte Suprema y, en ese sentido, advirtió que los llamados de "mesura" lanzados la semana pasada "no están dirigidos sólo al gobierno sino a toda la sociedad".

Por último, al anticipar la agenda del tribunal para los próximos meses, el magistrado adelantó el tratamiento de las causas sobre los reclamos de las mutuales frente a la pesificación y las demandas por la reducción de sueldos públicos.

Fuente: DyN

La jueza Carmen Argibay toma distancia de Bisordi y dice que no ve injerencia en el Poder Judicial

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, negó hoy que éste sea el momento de mayor injerencia de un gobierno sobre la justicia.

"No, yo no lo veo así", aseguró, terminante, la jurista quien, no obstante, defendió la actitud del máximo tribunal que integra al pedir "mesura" en las críticas ofíciales a la Cámara de Casación Penal.

Argibay hizo breves comentarios ante preguntas que le formuló el público en un panel sobre derechos humanos y sociales realizado en la Facultad de Derecho porteña.

En el mismo participaron, entre otros, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la senadora nacional Marita Perceval y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chilliers.

En su exposición, Chilliers había criticado a la Cámara de Casación a la que califican de "tribunal desprestigiado" que, dijo "tiene más de cien casos que no han tenido resolución en tres años".

Pese a ello, se manifestó por "preservar la legitimidad" de los procedimientos judiciales para "hacer avanzar los juicios de derechos humanos" que consideró que "entran en una etapa final".

También Carlotto criticó esas demoras aduciendo que "un tribunal no puede tardar años en resolver algunas cosas porque no están en juego propiedades sino personas" y al igual que el resto de los panelistas elogió a "esta Corte Suprema prestigiosa que tenemos".

Argibay, que fue presentada como una ex presa política que permaneció nueve meses detenida tras el golpe de 1976, concentró la mayor atención de la concurrencia, que al fin de las exposiciones le hizo llegar gran cantidad de preguntas.

Entre los interrogantes del público, integrado por gran cantidad de estudiantes de abogacía, trabajadores judiciales y funcionarios de la justicia, uno se refirió al porqué del pedido de "mesura" hecho en un comunicado de la Corte.

"Porque si no somos mesurados podemos ser desmesurados", dijo risueña la jurista, arrancando un aplauso de la concurrencia. Pero de inmediato, y ante otra pregunta sobre si coincidía con quienes aseguran que este es el momento de mayores presiones sobre la justicia en su historia, fue igualmente lacónica: "no, yo no lo veo así".

Las Primera Jornadas sobre derechos Humanos y Sociales en la Justicia, organizadas por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y la Defensoría General de la Nación, proseguirá mañana.

En el panel de cierre, previsto para las 18, participarán el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, entre otros expositores.

Hubo más objeciones al Gobierno

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país pidió ayer "respeto" a la independencia del Poder Judicial y manifestó su preocupación por las "injerencias" sobre la Justicia. Se sumó así a las críticas realizadas por la Corte Suprema y por la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, que anteayer le solicitaron "mesura" al Presidente.

Los titulares de cámaras de apelaciones de todo el país se entrevistaron ayer con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y manifestaron "como tema prioritario" su "grave preocupación por que se respete la independencia del Poder Judicial, frente a la injerencia de otros poderes del Estado, como una cuestión institucional que hace a la seguridad jurídica de la ciudadanía".

Así lo informó la Corte Suprema por medio de un comunicado que dio a conocer en la tarde de ayer.

De acuerdo con los integrantes de esta Junta, la polémica abierta por las declaraciones del Presidente en relación con la denuncia contra cuatro jueces de la Cámara de Casación es una cuestión que "supera las situaciones personales, por encontrarse vinculada a cuestiones institucionales".

Los camaristas, que reclamaron "el absoluto respeto que merecen las garantías previstas en la Constitución Nacional", coincidieron "en un todo con las expresiones vertidas por la Corte", afirma el comunicado. El máximo tribunal había solicitado "mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial".

La Corte rechazó la pesificación de los depósitos judiciales y ordenó a bancos restituirlos en dólares

La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes la pesificación de los depósitos judiciales y ordenó restituir los fondos en dólares, al considerar que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo tienen autoridad para decidir el destino de las sumas confiadas por los jueces a los bancos, en el marco de un litigio.

"Son los jueces quienes deben resolver el destino de los fondos, sin injerencia de ninguna otra autoridad", consigna la resolución en la que la Corte dirimió, a cinco años de la pesificación compulsiva de depósitos, el conflicto planteado en torno a los fondos colocados en los bancos por orden de los tribunales.

En un fallo firmado en disidencia, al que accedió DyN, la Corte resolvió apartarse de la doctrina que estableció a través del "Caso Massa" en diciembre pasado, cuando condenó a los bancos a devolver colocaciones afectadas por la emergencia económica de 2002 al valor de 1,40 pesos por dólar, más el ajuste por CER y los intereses calculados a una tasa del 4 por ciento anual.

En aquella resolución, la Corte se pronunció por la constitucionalidad de la pesificación al entender que esa medida fue dispuesta mediante normativa legítimamente emanada del Congreso y el Poder Ejecutivo, a los que reconoció "facultades para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico".

Ahora, la Corte diferenció las colocaciones voluntariamente efectuadas por clientes de los bancos con las sumas que ingresan a las entidades con el único fin de ser tuteladas hasta tanto se defina un juicio en el que está en juego dinero, como puede ser el caso de una demanda por daños o por un despido, un proceso de quiebra o el pleito por los bienes de un divorcio, por ejemplo.

La Constitución otorga a los magistrados "el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos", por lo que ni los legisladores ni el Poder Ejecutivo pueden "decidir un pleito ni ejercer funciones relativas a la Justicia, y esa frontera existe tanto en tiempos de normalidad como de emergencia", sentenció el tribunal.

La mayoría fue conformada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, mientras la única disidencia correspondió a la vicepresidente Elena Highton de Nolasco.

La sentencia, enmarcada en un litigio en el que el Banco Ciudad de Buenos Aires peleó por la pesificación de los depósitos judiciales, reunió sólo cuatro votos coincidentes, por lo que mayoría se formó con la nueva integración que tiene la Corte desde que el gobierno de Néstor Kirchner decidió eliminar dos cargos para que haya sólo siete jueces supremos.

Ni el ministro Enrique Petracchi ni su colega Juan Maqueda votaron sobre el caso, que sienta jurisprudencia que deberá ser acatada, por analogía, por todos los bancos estatales.

El Banco Ciudad acudió a la Corte luego de que la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial rechazara la pesificación de los fondos judiciales.

Pero el argumento esgrimido por el Banco, según el cual "los depósitos judiciales integran el sistema financiero porque son invertidos a plazo fijo" y, consecuentemente resultan pesificables, sólo tuvo la adhesión de Highton de Nolasco.

"En el supuesto especial de los depósitos judiciales está comprometida tanto la división de poderes como el derecho de propiedad", afirmó la Corte, que abundó: "son los jueces quienes deben resolver el destino de los fondos, sin injerencia de ninguna otra autoridad".

La sentencia fue dictada en el marco de la demanda individualizada como "EMM S.R.L. c/ Tía S.A. s/ ordinario s/ incidente de medidas cautelares", en la que tanto los tribunales de primera y segunda instancia, como ahora la Corte, ordenaron "mantener en dólares estadounidenses los fondos depositados" e "invertidos a plazo fijo" por decisión judicial.

FUENTE: PERFIL.COM