Descartan sanciones contra el ex juez de caso Skanska por viajar a Francia para asistir al Mundial de Rugby

Un abogado había reclamado medidas disciplinarias contra Guillermo Montenegro por su viaje a París, pero el Consejo de la Magistratura las rechazó por considerar que no había una "imputación concreta".

El Consejo de la Magistratura rechazó un pedido para sancionar a Guillermo Montenegro, ex juez de la causa Skanska y futuro ministro de Justicia de Mauricio Macri, por haber viajado a Francia para presenciar el partido inaugural del Mundial de rugby.

El planteo había sido formulado por el abogado Ricardo Sánchez, quien mediante un correo electrónico denunció que el ex magistrado había viajado a París para presenciar el debut de Los Pumas ante el seleccionado anfitrión.

El denunciante pidió que, de comprobarse la veracidad de la acusación, “se proponga las medidas disciplinarias necesarias frente a una realidad que francamente avergüenza”.

Pero el plenario del Consejo aprobó un dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina –que preside la diputada kirchnerista Diana Conti- en el que consideró que “la presentación en análisis carece de una imputación concreta que amerite una investigación”.

“Toda vez que la denuncia resulta manifiestamente improcedente, corresponde desestimar in limine las presentes actuaciones”, resolvió el Consejo.

Fuente: DyN

Vuelven a arreciar las críticas contra el gobierno porteño por las derivaciones del caso Skanska

Instalada a pleno en una campaña porteña nacionalizada, la vinculación que el jefe de Gabinete hizo del gobierno de Telerman con una empresa ligada al caso Skanska sigue generando fuertes cruces. Esta mañana, Alberto Fernández ratificó su denuncia y el candidato de PRO, Mauricio Macri, sostuvo que "la falta de transparencia de todas las cuentas del gobierno de la Ciudad es enorme".

Fernández volvió sobre la polémica en declaraciones radiales: "La pregunta que me hago es por qué cuando el Gobierno dice esto está ensuciando la campaña y cuando lo dice la oposición es por el bien del país", planteó.

Además, el jefe de Gabinete enfatizó que el conductor televisivo Marcelo Tinelli, quien ayer se mostró muy molesto por algunas derivaciones de la polémica que salpicaban a su productora Ideas del Sur, "no tiene nada que ver con esto".

"Tinelli ha quedado en el medio injustamente. Yo nunca hablé de Marcelo Tinelli, ni de Ideas del Sur, creo que él se ha sentido muy dolido", manifestó Fernández.

En tanto, Mauricio Macri opinó esta mañana que "hay que dejar que la Justicia actúe y no utilizar eso en medio de la campaña".

Sin embargo, criticó con fuerza a la administración de Telerman: "La falta de transparencia en todas las cuentas del Gobierno de la Ciudad es enorme", lanzó.

Caso Skanska: los radicales se sumarían al pedido de juicio político contra Aníbal Fernández

La Unión Cívica Radical (UCR) evalúa pedir juicio político contra el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a raíz de la controversia surgida por el Caso Skanska, tal como lohicieran ayer los partidos opositores ARI y PRO.

"Posiblemente nuestro bloque acompañe el pedido de juicio político en contra de Aníbal Fernández", dijo hoy el titular de la UCR, Gerardo Morales, aunque dudó de que prospere la iniciativa ya que el funcionario, según dijo, " es impune para presionar" a los jueces.

Morales se mostró escéptico y sostuvo que el pedido de juicio político "no va a correr, porque Aníbal Fernández sabe que es impune para hacer, decir y presionar a los jueces como lo hace".

Ayer, el ARI y el PRO pidieron en el Congreso el juicio político para Aníbal Fernández, que denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Javier López Biscayart, encargado de investigar el caso Skanska, un caso de presunta evasión y pago de coimas en el que podrían estar involucrados funcionarios del Gobierno.

Ese magistrado investiga dónde fueron a parar alrededor de 13,4 millones en sobornos que la empresa sueca Skanska admitió haber pagado para intervenir en la ampliación de un gasoducto en Córdoba.

El conflicto entre el ministro del Interiro y López Biscayart surgió a partir de un pedido del juez para alojar a Adrián López, uno de los detenidos de la causa, en una dependencia de la Policía Federal. Fernández rechazó la solicitud, argumentó que el Pacto de San José de Costa Rica lo impedía y terminó denunciando al magistrado ante el Consejo.

Diputados de ARI y Pro presentaron ayer en el Congreso un proyecto de resolución para iniciar un juicio político contra Fernández, al que acusan de haber ejercido presión sobre el juez penal tributario López Biscayart.

Ahora, la UCR podría sumarse a ese pedido en contra del titular de la cartera política, según anticipo Morales a radio América.

Fuente: DyN

Carrió pidió el juicio político de Aníbal Fernández por el caso Skanska y al ministro le causa “gracia”

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo esta mañana que le causa " gracia" la decisión de la candidata presidencial Elisa Carrió de pedir que se lo someta a juicio político por haber cuestionado al juez que investiga presuntos sobornos en la denominada causa Skanka, Javier López Biscayart.

Fernández insistió en que él no está pidiendo enjuiciamiento para el magistrado, sino que le solicitó al Consejo de la Magistratura que evalúe una situación que él considera anómala, en cuanto al papel que deben cumplir los policías de la Federal en el traslado de presos.

Según Fernández dijo a radio América, "Carrió desconoce por completo de qué se trata el tema; alguien le ha contado un poquito, le pareció bárbaro pelearse con el ministro del Interior, porque le debe dar un poquito más de chapa de la que tiene para competir, y eso me llama la atención y, sin ser irrespetuoso, me causa gracia".

Fuente: DyN

Piden juicio político para juez del caso Skanska

El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal económico y tributario, Javier López Biscayart, quien tiene a su cargo una de las causas por el Caso Skanska -que investiga presunta evasión y/o pagos de coimas en los que estarían involucrados funcionarios cercanos al ministro Julio De Vido- acusándolo de supuestas anomalías en su función.

Fuentes gubernamentales dijeron a DyN que la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar en una dependencia policial a un imputado por considerar que corría peligro su vida tras haber recibido amenazas.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a DYN que "en este caso de procesado con prisión preventiva debe ser alojado en una cárcel".

Y también desestimaron el argumento del magistrado de mandar al acusado Adrián López, de una empresa "fantasma" que habría emitido las facturas con las que se habrían pagado las coimas, a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Lugano, tras lo cual lo alojó en la cárcel contravencional de la Capital Federal.

Fuente: DYN

Caso Skanska: el Gobierno pidió el juicio político del juez

El Gobierno se involucró ayer en el caso Skanska al pedir el juicio político de uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas que la empresa constructora sueca habría pagado a funcionarios para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, cumplió con su palabra de denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez penal tributario Javier López Biscayart.

Este juez había querido alojar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal a Adrián López, un procesado que refirió el pago de las presuntas coimas de Skanska y que habría sido amenazado en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita tributaria.

López estuvo pocas horas en la Superintendencia la semana pasada porque el ministro del Interior se opuso e invocó dos resoluciones que impiden alojar a presos en dependencias policiales.

El juez replicó declarando la inconstitucionalidad de ambos decretos, pero el conflicto pareció atemperarse cuando el gobierno de la ciudad ofreció alojar a López en la cárcel de contraventores.

López Biscayart investigaba una evasión impositiva de numerosas empresas cuando descubrió el presunto pago de coimas.

La otra causa que también investiga los posibles sobornos está a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, a raíz de una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez.

En las próximas horas la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolverá este conflicto de competencia, pues López Biscayart le ha pedido a Montenegro que se abstenga de intervenir.

Ayer, el diputado Pérez criticó el pedido de juicio político: "Con la denuncia del ministro queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción". El legislador agregó que "el Gobierno busca obstaculizar permanentemente a la Justicia en causas de corrupción con el apriete, la amenaza y el chantaje".

Esteban Bullrich, diputado de Pro y también denunciante del caso, afirmó que "la presión que el Gobierno está ejerciendo sobre el Poder Judicial en esta causa es alarmante. Teme que se destape la olla. El tema de los derechos humanos es una pantalla".

Confrontación

Tanto el juez como el ministro fueron elevando el voltaje de su confrontación. López Biscayart estaba obligado a garantizarle seguridad a su detenido, y varias fuentes judiciales confirmaron que es común el alojamiento transitorio de presos en la Superintendencia.

Por eso, la reacción del ministro por el tema de un preso parece desmedida, especialmente si, según ha trascendido, la Cámara en lo Penal Económico podría decidir que López Biscayart no es competente para investigar las presuntas coimas.

Hasta ahora, las únicas intervenciones del Gobierno fueron un escrito del Ministerio de Planificación en el que aseguraba que la ampliación de los gasoductos fueron obras privadas financiadas con fondos privados, y una declaración del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. El Gasoducto Norte se financió con un fideicomiso que manejó Ulloa.

Adrián López era el apoderado de la firma Infiniti, que vendía facturas truchas. Skanska compró dos facturas por servicios que Infiniti no le brindó, y el dinero, según López, se destinó al pago de coimas. Pero a estas alturas el valor de sus dichos quedó superado por el de otras pruebas, como una auditoría interna de Skanska que confirmó el pago de sobornos sin decir quién cobró.

Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, la más cuestionada por el Gobierno, debe resolver si excarcela a López.

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION

De Vido se aseguró la continuidad en el cargo

* Acuerdo matrimonial. Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su esposa y primera dama, acordaron que en caso de que la senadora llegue a la presidencia Julio De Vido permanecerá a cargo del Ministerio de Planificación. "Será más por imposición de Néstor que por convencimiento de ella", dijo a LA NACION un hombre que conoce esa negociación. Cristina Kirchner desconfía de De Vido. Le critica su mala imagen. Los negocios y las obras públicas no tienen la mejor prensa. Pruebas al canto, el escándalo Skanska. Pero el Presidente le hizo saber: "Es su mano derecha e irreemplazable". Kirchner suele decir que "De Vido es un hacedor" y juntos tienen un eslogan: "Obras son amores...". La frase está sacada del lenguaje futbolero que dice que "goles son amores". El acercamiento del ministro a la primera dama se produjo durante los viajes a Ecuador y Venezuela. Ahora, tienen que pensar cómo evitar la frase más temida por la senadora: "Cristina al gobierno; Néstor al poder".



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Concertación plural. Luis D´ Elía junta por derecha y por izquierda para presentarse como candidato a intendente de La Matanza, contra el actual jefe comunal, Fernando Espinoza, del PJ. Hoy a la noche será recibido en un asado en lo de un dirigente del Paufe (pattismo), Silvio Klein. Asistirán Juan Carlos Piriz, hombre de Alberto Pierri; el empresario de la carne Alberto Samid; Rubén Ledesma, del gremio de empleados de comercio; Martín Castillo, de Compromiso K, y el "Chapu" Urreli, del Partido Comunista. Samid lo acompañaría como candidato a senador nacional en las elecciones de octubre. Ledesma y Piriz, como diputados; Urreli, como concejal. D Elía está convencido de ganar con una alianza heterogénea; ahora quiere obtener la boleta del Frente para la Victoria, al igual que Espinoza. ¿La carne del asado la pondrá Samid?

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* Cuerdas flojas. En las carteras de Planificación y de Economía se comenta por primera vez que Guillermo Moreno aparece hoy más debilitado y en la cuerda floja en su cargo de secretario de Comercio Interior. Las continuas derrotas en materia inflacionaria, la suba de precios y el desabastecimiento de carne y lácteos, más el continuo manoseo del Indec, están generando un deterioro en la figura del otrora omnipresente secretario de Estado. Kirchner lo tiene en observación. Es posible que Moreno nunca deba renunciar, porque el Presidente no suele desplazar a sus funcionarios.



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* Coalición religiosa. El rabino Sergio Bergman integra la Coalición Cívica que lidera la candidata presidencial Elisa Carrió y tiene a su cargo impulsar el diálogo interreligioso dentro del sector y convocar a figuras de la sociedad civil para hacer política. Bergman confió luego del lanzamiento que tiene un alineamiento con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio. El cardenal primado no hará política activa, claro está, por las limitaciones que impone la Iglesia. Pero muchos laicos que trabajan a su lado integran las mesas de trabajo de la Coalición Cívica. Bergman es muy amigo del arzobispo y de su ex vocero Guillermo Marcó, hombre de mucho predicamento en la Iglesia.


Mariano Obarrio

El Gobierno denunció a uno de los jueces del caso Skanska

El País

Se trata de Javier López Biscayart, del fuero penal tributario. La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por presuntas anomalías en su función. La semana pasada, el funcionario había tenido un cruce con el magistrado, que le anuló una resolución para el traslado de un detenido.


El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska –por supuesta evasión impositiva y pago de coimas-, acusándolo de presuntas anomalías en su función.

Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia DyN, la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a la agencia DyN que "en este caso del procesado con prisión preventiva debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado -Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de la Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.

En el Caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial.

Con el devenir de la investigación judicial fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal.

Finalmente Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la AFIP. Pero a la vez el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.

El supuesto pago de los sobornos, justamente, habría sido deslizado por el detenido López en una declaración ante la Justicia. En ese marco, el fiscal Stornelli también pidió que se cite a declarar a varios funcionarios del Gobierno.

El diputado nacional del ARI Adrián Pérez, uno de los denunciantes en el caso, criticó la denuncia presentada por el Gobierno contra el juez López Biscayart. "Con la denuncia del ministro (del Interior) queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción", dijo Pérez.

Caso Skanska: detenido teme que lo maten

Uno de los dos detenidos del el caso Skanska, Adrián Félix López, teme por su vida, y le pidió al juez que lo mantiene preso que lo traslade de un complejo penitenciario federal a una cárcel VIP “por razones de seguridad”.

Cuando fue indagado hace un año, López vinculó el pago de sobornos con el ministerio de Planificación. López era titular de dos de las sociedades fantasma que operaron con la empresa sueca Skanska y fue procesado por el juez en lo penal Tributario Javier López Biscayart como jefe de asociación ilícita fiscal.

López consiguió una audiencia el martes con López Biscayart y le dijo, —según reconstruyeron fuentes judiciales consultadas ayer por el diario Clarín, que publica hoy la información en su edición impresa— que por "razones de seguridad" desea que lo trasladen del complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, a la sede de Delitos Complejos de la Policía Federal, en la calle Cavia, en Palermo, donde también estuvo alojada la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray.

En Marcos Paz, López había gozado de medidas de resguardo personal a las que luego renunció. Miguel Hernández, el segundo detenido del caso está preso en Ezeiza. Ahora, el juez López Biscayart debe resolver si acepta el pedido de López o no.

En tanto la Cámara en lo Penal Económico debe anunciar si la investigación de los funcionarios públicos sospechados le queda a López Biscayart o pasa al juzgado federal de Guillermo Montenegro.

Las obras en las que se habrían pagado coimas fueron la ampliación de gasoductos, en los que Skanska hizo sólo un tramo y se habla de 17 millones de pesos en sobornos.

Advertencia de Kirchner a los jueces de la Corte

El presidente Néstor Kirchner le respondió a la Corte Suprema, con una fuerte dosis de ironía, las críticas que el máximo tribunal le había dedicado anteayer al reclamarle mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial.

“Gracias a esa desmesura por ahí tenemos una nueva Corte”, le enrostró a los jueces del máximo tribunal, y agregó: “No vine a invadir ningún poder”. Fue en la presentación de un nuevo canal educativo que se lanzó en la Casa de Gobierno.

Visiblemente molesto por los cuestionamientos que desde todo el arco judicial despertó su pedido para que se sometiera a juicio político a cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país–, el Presidente eligió llamarlos “las corporaciones” y les advirtió: “No vine a hacer pactos de silencio”.

A contramano de las palabras del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que a la mañana había decidido bajarle el tono a la disputa, Kirchner optó por reforzar su embestida. “A mí no me van a extorsionar con casos de corrupción o con denuncias, truchas o no, porque el día que descubra o esté marcado con certezas que es un corrupto no tengo ningún problema. Yo siempre dije que vine con las manos así y me voy a ir con las manos así”, repitió, mientras alzaba los brazos y recibía los aplausos de un salón Sur colmado. Kirchner se refería así a la posibilidad de que las investigaciones por el pago al grupo Greco o la causa Skanska, que involucran al Gobierno, también podrían pasar por las manos de la Cámara de Casación.

Los cuatro camaristas cuestionados por el jefe del Estado son Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Alfredo Bisordi. Pero ningún párrafo del discurso de ayer estuvo destinado exclusivamente a ellos.

Sí el Presidente dedicó críticas veladas a Bisordi, el juez que esgrimió hace unos días una defensa pública propia tras las palabras de Kirchner el sábado pasado, en el acto en Córdoba, en el 31er. aniversario del golpe militar.

"En La Perla vi los rostros de muchísima gente que está esperando que no tengamos más jueces racistas, o que porque alguien piensa diferente lo tratan de terrorista y demás", dijo. En 2005, el Consejo de la Magistratura apercibió a Bisordi por haberse referido a una ex detenida en la ESMA como "delincuente terrorista".

Lejos de retractarse ante el comunicado que ayer emitió la Corte, Kirchner reforzó sus palabras: "Asumo las responsabilidades de las cosas que digo". Enseguida volvió a aclarar: "No vine a invadir ningún poder".

Para usar otra vez las mismas palabras con las que lo criticó al máximo tribunal, el Presidente insistió: "Creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la desmesura es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más están esperando ver en el lugar que corresponde a aquellos que violaron todos los derechos humanos. ¿Y qué hay?".

Un ministro cercano a Kirchner, en diálogo con LA NACION, interpretó: "Con estas declaraciones el Presidente hizo explícito su fuerte diferencia con la Corte. Pero no está mal eso."

A pesar de que Kirchner apuntó también a ciertos fiscales de la Cámara de Casación, en el Gobierno no está previsto que la embestida se extienda más allá de los cuatro magistrados cuestionados, indicó el funcionario, con despacho en la Casa Rosada.

Estos cuatro jueces de la Cámara de Casación fueron denunciados por organismos de derechos humanos por supuesto retraso en la investigación. Y el Consejo de la Magistratura ya analiza el caso.

Horas antes de la reacción de Kirchner, el juez de la Corte Carlos Fayt había procurado no exacerbar los ánimos al negar que existiera un conflicto de poderes. "El país está harto de escándalos", había dicho.

En la misma línea, el jefe de Gabinete había considerado que fue Bisordi quien "se dio por aludido" ante las palabras de Kirchner, en otro intento de poner fin a la disputa.

Durante un acto de campaña, el candidato de Pro a jefe de Gobierno porteño sentó su posición en favor de los jueces: "En el nivel institucional, la Argentina retrocede más de un 9 por ciento anual. Hay que mantener las formas institucionales y la división de poderes", agregó.

Denuncia de Bisordi

* El presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Bisordi, que acusó al presidente Kirchner de pretender manejar a los jueces, denunció ayer que era vigilado por dos personas desconocidas. En la mañana de ayer, el camarista se presentó en la comisaría 47a, de Villa Pueyrredón, y declaró que al salir de su casa había visto a dos individuos que lo observaban desde un auto, a unos 25 metros de la puerta de su domicilio. Uno de ellos lo filmaba y el otro le sacaba fotos, según su relato. Ahora, el hecho lo investiga el juez federal Daniel Rafecas, que ayer abrió una causa para averiguar quiénes eran estas personas.

Investigan al Enargas por presunto pago de coimas

El juez López Biscayart ordenó allanamientos en la Secretaría de Energía, de Obras Públicas, en Repsol-YPF, Nación Fideicomisos y Transportadora Gas del Norte.

Una andanada de allanamientos a organismos oficiales es la nueva y más enérgica instancia de la causa 1705 que instruye el juez Javier López Biscayart, una investigación que se inició como de evasión tributaria y se dirige a dilucidar ahora, si se pagaron coimas a funcionarios vinculados a la obra pública. Tanto es así, que Néstor Ulloa, el gerente de Nación Fideicomisos que administraba los recursos para construir la ampliación del Gasoducto Norte –la obra en la que según la empresa constructora Skanska se hicieron pagos ilegítimos– es el nuevo imputado.

Fue con ese talante que Ulloa se presentó ante López Biscayart para ofrecer una declaración espontánea el último jueves. El funcionario de origen jujeño –que según un ex gerente de Skanska habría sido quien indicó que debían operar con la empresa fantasma Infiniti Group para lograr la obra del escándalo– pretendió lavarse de culpa y cargo. Cuando terminó con su declaración, el juez ordenó el allanamiento de la empresa Transportadora General del Norte, gerenciadora de la obra.

En ese operativo, los investigadores habrían encontrado documentación que en primera instancia, demostraría inquietantes indicios de que la obra fue inflada en un porcentaje inaudito, superior a 154 por ciento, a instancias del Enargas, un organismo oficial que responde al ministro Julio De Vido a través de Fulvio Madaro.

FUENTE: PERFIL.COM

Skanska: el Gobierno eligió el silencio

El caso de las presuntas coimas que habría pagado la empresa constructora sueca Skanska durante la ampliación del Gasoducto Norte preocupa tanto al Gobierno como a directivos de algunas de las empresas que desde el sector privado participan del negocio del gas.

Ayer, ningún vocero oficial respondió a las consultas de LA NACION tras los allanamientos que el juez penal tributario Javier López Biscayart realizó anteayer en el Ministerio de Planificación Federal, que dirige Julio De Vido, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y en Nación Fideicomisos.

Tampoco respondieron los directivos de Transportadora Gas del Norte (TGN), la sociedad anónima que opera el Gasoducto Norte y que tuvo a su cargo las obras de la ampliación.

La preocupación oficial fue confirmada por fuentes judiciales. La de algunas empresas privadas, por directivos que manifestaron su temor a ser vistos con redactores de este diario.

La postura del Gobierno la adelantó el ministerio de De Vido hace pocas semanas, cuando respondió a un pedido de informes del juez federal Guillermo Montenegro, que investiga el posible pago de coimas.

Ese escrito, firmado por el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Enrique Llorens, afirma que tanto las obras de la ampliación como los fondos para su financiamiento mediante un fideicomiso fueron privados.

Y agrega que no hubo licitación pública para seleccionar a las empresas, sino contrataciones a cargo de TGN.

Pero en la justicia federal no están de acuerdo con este enfoque que, de prevalecer, los dejaría sin nada que investigar, pues no habría funcionarios públicos ni dinero público en danza.

A esta divergencia entre la Justicia y el Gobierno se suma otra dentro de los tribunales: López Biscayart considera que el juez federal Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli no tienen competencia para investigar el caso de las eventuales coimas, que surgió a partir de una evasión tributaria que investiga López Biscayart.

Este magistrado sostiene que la competencia es suya. Los allanamientos que realizó fueron una manera de ratificarlo.

A su vez, dentro de su fuero, la postura del juez choca con la de su fiscal, Germán Bincaz, quien dictaminó que las eventuales coimas deben investigarse en el fuero federal.

Bincaz llegó a esa conclusión luego de que los diputados de Pro Esteban Bullrich y Esteban Eduardo Jerez denunciaron el eventual pago de coimas. Una denuncia similar del diputado de ARI José Adrián Pérez en el fuero federal originó la causa de Montenegro y Stornelli.

Arbitraje judicial

La última palabra en la disputa entre López Biscayart y su fiscal la tendrá la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, donde apeló el magistrado.

En su juzgado, el sumario de Skanska es uno entre más de cien que el juez abrió para investigar la evasión tributaria de otras tantas empresas que se valieron de facturas falsas de una firma llamada Calibán y luego rebautizada Infiniti.

El caso de las coimas surgió cuando uno de los responsables de Infiniti declaró que sus facturas le habían servido a Skanska para pagar coimas en la ampliación del Gasoducto Norte.

Esta empresa sueca tuvo a su cargo la construcción de la planta impulsora de la localidad cordobesa de Deán Funes.

Un informe interno de la firma encontró indicios de un posible pago de comisiones, y la casa matriz desplazó a más de media docena de gerentes argentinos.

Otro dato interesante del escrito en el que el Gobierno respondió al juez Montenegro son las numerosas referencias, sin ningún tipo de acusaciones, a las responsabilidades de TGN en la ampliación del gasoducto.

Sin embargo, la aprobación técnica de las obras corría por cuenta del Enargas y de la Secretaría de Energía.

FUENTE: LANACION.COM

Para Macri, "hay que investigar a fondo"

El candidato a jefe de gobierno por Pro, Mauricio Macri, afirmó ayer que la Justicia "debe ir a fondo" en la investigación del presunto pago de coimas durante la ampliación del Gasoducto Norte, un caso en el que quedó en la mira el accionar del Ministerio de Planificación Federal. Y aclaró que "al Gobierno le conviene esclarecer el tema lo antes posible para alejar toda sospecha" sobre sus funcionarios.

"Espero que no se ocupen del tema dentro de veinte años, como ocurre ahora con Isabelita [Perón]", afirmó Macri a LA NACION en un alto de su encuentro de campaña con vecinos, en el barrio de Villa Urquiza.

"Acá estamos acostumbrados a la Justicia con delay, a Isabel se la juzga ahora por algo que pasó hace treinta años. Espero que eso no ocurra nuevamente en este caso y que se vaya a fondo en esta cuestión", ironizó el líder de Pro, en referencia al caso de presuntas coimas pagadas por la constructora sueca Skanska a funcionarios públicos, un tema que es seguido con marcada atención en el ministerio que encabeza Julio De Vido.

Al margen de este tema específico, a Macri se lo vio relajado en otro sábado de campaña, esta vez en la esquina de Monroe y Triunvirato, en pleno Villa Urquiza.

Muy relajado, y acompañado por el legislador porteño Marcos Peña y los diputados nacionales Paula Bertol y Cristian Ritondo, el presidente de Boca Juniors charló durante un largo rato con los vecinos sobre los problemas de seguridad, la basura y el tránsito, recogió besos y abrazos, también algún insulto aislado.

Centrado en los problemas de la ciudad, Macri propuso a los demás candidatos a jefe de gobierno firmar un texto en el que le solicitan a la Casa Rosada el traspaso de la policía, el transporte y el puerto a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.

Ya de vuelta en el armado nacional, Macri tuvo palabras de elogio hacia el empresario Francisco de Narváez, quien acaba de romper lanzas con Roberto Lavagna. "Rescato a la gente que entra en la política sin nada que ganar y mucho por perder", alabó el líder de Pro.

FUENTE: LANACION.COM