Caso Skanska: el Gobierno pidió el juicio político del juez

El Gobierno se involucró ayer en el caso Skanska al pedir el juicio político de uno de los dos jueces que investigan las presuntas coimas que la empresa constructora sueca habría pagado a funcionarios para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, cumplió con su palabra de denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez penal tributario Javier López Biscayart.

Este juez había querido alojar en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal a Adrián López, un procesado que refirió el pago de las presuntas coimas de Skanska y que habría sido amenazado en el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita tributaria.

López estuvo pocas horas en la Superintendencia la semana pasada porque el ministro del Interior se opuso e invocó dos resoluciones que impiden alojar a presos en dependencias policiales.

El juez replicó declarando la inconstitucionalidad de ambos decretos, pero el conflicto pareció atemperarse cuando el gobierno de la ciudad ofreció alojar a López en la cárcel de contraventores.

López Biscayart investigaba una evasión impositiva de numerosas empresas cuando descubrió el presunto pago de coimas.

La otra causa que también investiga los posibles sobornos está a cargo del juez federal Guillermo Montenegro, a raíz de una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez.

En las próximas horas la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolverá este conflicto de competencia, pues López Biscayart le ha pedido a Montenegro que se abstenga de intervenir.

Ayer, el diputado Pérez criticó el pedido de juicio político: "Con la denuncia del ministro queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción". El legislador agregó que "el Gobierno busca obstaculizar permanentemente a la Justicia en causas de corrupción con el apriete, la amenaza y el chantaje".

Esteban Bullrich, diputado de Pro y también denunciante del caso, afirmó que "la presión que el Gobierno está ejerciendo sobre el Poder Judicial en esta causa es alarmante. Teme que se destape la olla. El tema de los derechos humanos es una pantalla".

Confrontación

Tanto el juez como el ministro fueron elevando el voltaje de su confrontación. López Biscayart estaba obligado a garantizarle seguridad a su detenido, y varias fuentes judiciales confirmaron que es común el alojamiento transitorio de presos en la Superintendencia.

Por eso, la reacción del ministro por el tema de un preso parece desmedida, especialmente si, según ha trascendido, la Cámara en lo Penal Económico podría decidir que López Biscayart no es competente para investigar las presuntas coimas.

Hasta ahora, las únicas intervenciones del Gobierno fueron un escrito del Ministerio de Planificación en el que aseguraba que la ampliación de los gasoductos fueron obras privadas financiadas con fondos privados, y una declaración del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. El Gasoducto Norte se financió con un fideicomiso que manejó Ulloa.

Adrián López era el apoderado de la firma Infiniti, que vendía facturas truchas. Skanska compró dos facturas por servicios que Infiniti no le brindó, y el dinero, según López, se destinó al pago de coimas. Pero a estas alturas el valor de sus dichos quedó superado por el de otras pruebas, como una auditoría interna de Skanska que confirmó el pago de sobornos sin decir quién cobró.

Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara de Casación, la más cuestionada por el Gobierno, debe resolver si excarcela a López.

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION