El Gobierno denunció a uno de los jueces del caso Skanska

El País

Se trata de Javier López Biscayart, del fuero penal tributario. La denuncia fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por presuntas anomalías en su función. La semana pasada, el funcionario había tenido un cruce con el magistrado, que le anuló una resolución para el traslado de un detenido.


El Gobierno denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura al juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien interviene en la causa del llamado Caso Skanska –por supuesta evasión impositiva y pago de coimas-, acusándolo de presuntas anomalías en su función.

Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia DyN, la denuncia fue elevada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien reaccionó de esta manera ante la reciente decisión del juez de alojar varias horas en una dependencia policial a un imputado en ese expediente, lo que el funcionario consideró un "avasallamiento" a las facultades de su cartera.

Previamente, el magistrado había declarado inconstitucionales las resoluciones ministeriales por las cuales se prohibió ese tipo de detenciones en sede policial.

Fernández considera que López Biscayart -uno de los jueces del caso, ya que también interviene el juez federal en lo penal Guillermo Montenegro- "avasalló" las funciones de la cartera política.

De tal manera, ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a López Biscayart.

Voceros del Ministerio del Interior reiteraron a la agencia DyN que "en este caso del procesado con prisión preventiva debió ser alojado en una cárcel". Y también desestimaron el presunto argumento del magistrado de mandar al acusado -Adrián López, de una empresa supuestamente "fantasma"- a la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal, en Villa Lugano, y luego a la cárcel contravencional de la Capital Federal, como medida para resguardar su seguridad.

En el Caso Skanska está involucrada la empresa sueca que lleva ese nombre y que intervino en la ampliación de dos gasoductos, a partir de un proyecto del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, uno de los funcionarios de máxima confianza del presidente Néstor Kirchner.

Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente que dirige Alberto Abad, descubrió facturas presuntamente truchas en poder de esa firma e hizo la denuncia inicial.

Con el devenir de la investigación judicial fue detenido y procesado López, integrante de una de las firmas supuestamente "fantasma" que había facturado servicios y trabajos que no pudieron ser comprobados, como presunto miembro de una asociación ilícita, en el marco de una posible evasión fiscal.

Finalmente Skanska admitió las anomalías y pagó una multa de 13 millones de pesos a la AFIP. Pero a la vez el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro investigan si ese procedimiento esconde el pago de coimas.

El supuesto pago de los sobornos, justamente, habría sido deslizado por el detenido López en una declaración ante la Justicia. En ese marco, el fiscal Stornelli también pidió que se cite a declarar a varios funcionarios del Gobierno.

El diputado nacional del ARI Adrián Pérez, uno de los denunciantes en el caso, criticó la denuncia presentada por el Gobierno contra el juez López Biscayart. "Con la denuncia del ministro (del Interior) queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción", dijo Pérez.