Moyano e Hijos S.A.

Entre los tres manejan una caja de más de $ 500 millones y reciben subsidios y tratamiento especial del Gobierno. Cada vez que pueden, recuerdan que son capaces de parar el país. La iniciación de Facundo, el menor, y los problemas con la Justica de Pablo, el sucesor de Hugo en Camioneros. Privilegios de casta gremial.

Tienen el poder de acompañar o enfrentar la posición del presidente Néstor Kirchner de fijar una línea Maginot para las subas de sueldos; y lo dejaron claro desde que se iniciaron a principios de año las negociaciones salariales. Tambien de poner hombres de confianza en puestos clave del Ejecutivo nacional o de dejar sin alimentos y bebidas a las principales ciudades, como amenazaron en los últimos días.

Pueden, además, congelar el transporte de granos y lograr que los distribuidores de caudales se abstengan de renovar el efectivo de los cajeros automáticos, como ocurrió el mes pasado, o permitir que las urbes se ahoguen en su propia basura y, acaso resumiendo la envidia de los candidatos a Jefe de Gobierno de la Capital, de hacer que los conductores de autos pasen sin pagar peajes o de dejar sus barreras bajas, tal como lo hicieron hace veinte días.

También manejan un ferrocarril y cuentan con un extraño privilegio: el gremio madre de su conglomerado de poder tiene la llamativa atribución de, cuando cierra un acuerdo con una determinada empresa, esa compañía ahorra costos al no pagar aportes patronales, que luego son solventados por un fondo fiduciario creado por el superministro Julio De Vido.

Además, recibieron un promedio de $ 171 millones por año en subsidios del Gobierno nacional y manejan fondos de obras sociales por más de $ 20 millones y de organismos del Estado por otros $ 350 millones. En total, gerencian una caja de unos $ 545 millones por año.

Es altamente probable que en 1961, cuando tenía sólo 17 años y consiguió su primer trabajo de camionero en una empresa marplatense, Hugo Moyano, líder de la CGT no se imaginara mientras recorría la vieja Ruta 2 que acumularía tanto poder para él y su familia. Dos de sus siete hijos parecen seguir sus pasos con firmeza. Pablo es el actual líder "de facto" del sindicato de camioneros que preside su padre. Y lo de "de facto" es porque su cargo gremial es el de Tesorero, pero sin embargo, como se observó también esta última semana, estuvo al frente del conflicto que los transportistas impulsaron contra Quílmes, por nombrar sólo una de la decena de amenazas de desabastecimiento que se generaron en los últimos doce meses.
Facundo, por su parte, tiene 21 años y se decidió a enfrentar al Sindicato de Vialidad y a la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) para, como suelen hacer su padre y su hermano mayor, sacarles afiliados y llevarlos a su propio molino: el novel Sindicato Unido de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA) en el que asegura ya tiene 3.000 trabajadores asociados, aunque sus competidores le bajan la cifra a 1.500. De todas formas, como analizó un viejo gremialista al que siempre se lo encuentra en el emblemático edificio de la CGT de la calle Azopardo, "Moyanito" –como le dicen a Facundo- se aseguró en sólo unos meses desde que se comenzó a formar su gremio, una caja de aportes sindicales que a fin de año puede sumar un millón de pesos".

LA CAJA GRANDE. Si los Moyano fueran gerentes de una compañía se diría que están dentro del club de los "decisores de compra" más importante del mercado. Pero son dirigentes gremiales y su capital no es sólo económico, sino también, simbólico.

Es por ello que para entender con precisión el poder que suma este grupo familiar es bueno ir por partes.
De acuerdo a un estudio del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), cerca de un millón de trabajadores sufren cada mes descuentos de 3% promedio de sus salarios que tienen escaso o nulo control por parte del Estado. De esta manera los sindicatos argentinos embolsan al año alrededor de $ 500 millones de los salarios de trabajadores a los que nunca se les consultó si querían darle otro destino a ese dinero.

Precisamente, se trata de un porcentaje que se les descuenta de sus ingresos, sean o no afiliados a su sindicato, en concepto de "cuota solidaria", que un sector importante de los gremios pacta con los empleadores en las negociaciones colectivas de trabajo.

Pero los $ 500 millones puede resultar una cifra subestimada si se toma en cuenta que los sindicatos más poderosos y con mayor número de afiliados mantienen retenciones forzosas.

Ejemplo de ello es el gremio de los camioneros. Los transportistas afiliados al sindicato de Hugo y Pablo Moyano tienen en los recibos de sueldo un descuento de 3% de cuota solidaria y un seguro de sepelio de 1,5% sobre el salario bruto más otro 0,5% que va a la federación nacional que nuclea a los sindicatos de camioneros distritales, lo que le sumaría a la caja otros $ 5 millones.

Estas cuotas solidarias generaron polémica el año pasado cuando la Justicia ordenó suspender su aplicación en un acuerdo firmado entre la asociación bancaria y la cámara que agrupa a las entidades del sector. Desde la CGT que conduce Hugo Moyano se argumenta a favor de estos aportes que, cuando un sindicato negocia aumentos salariales, los beneficios alcanzan a todos los trabajadores del sector, sean afiliados o no.
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IMPOSICIÓN Y CONTROL. La masa salarial anual de los trabajadores cubiertos por los convenios colectivos sería del orden de los $ 67.000 millones anuales, según los datos relevados por la AFIP.

Entre los convenios colectivos con mayor cobertura de trabajadores, la mayoría contempla imposiciones que superan el 5% de la nómina salarial, como son los casos de comercio, construcción, gastronómicos, metalúrgicos, sanidad y, por supuesto, camioneros. Más allá del escaso control sobre estos fondos, los sindicalistas también suman poder gracias a las obras sociales. Y al parecer, estos conglomerados sanitarios han visto acrecentar sus ingresos desde la crisis sin mejorar sus contraprestaciones.

Este otro "dejar hacer, dejar pasar" kirchnerista permite mayor acumulación de poder. Pero también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a una investigación de Perfil, la líder cegetista y "nueva mujer" de Hugo Moyano, Liliana Esther Zulet, maneja la obra social de los choferes de camiones, una caja de unos $ 20 millones anuales. Lo hace a través de la empresa que gerencia los servicios médicos disponibles para los 700 mil miembros de la familia camionera.

Pero el poder de compra de los Moyano no se agota en los fabulosos ingresos de los aportes sindicales y de las obras sociales que manejan.

LAS OTRAS CAJAS. Su poder simbólico, ese que les permite movilizar grupos de trabajadores para interrumpir abastecimientos, también les garantiza, por ejemplo, recibir cuantiosos subsidios del poder central. Desde que asumió Kirchner, el gremio de los camioneros ha recibido subsidios por $ 518 millones hasta el año pasado, entre ellos, un fondo para el Régimen de Fomento de Profesionalización al Transporte Automotor de Cargas (Refop) que se mantienen gracias a que se modificó la alícuota del impuesto a combustibles que se destina al subsidio del transporte, que del 18% llegó al 20,5% (ver aparte).

A estos subsidios hay que sumar que desde principios de 2006, el Gobierno de Néstor Kirchner le entregó a los Moyano la administración de un presupuesto de $ 350 millones de la Administración de Programas Especiales (APE), que depende de la Superintendencia de Seguros de Salud. Esto se hizo con la designación de Juan Rinaldi, abogado del gremio de camioneros y hombre de confianza de la familia sindical, como director de esa área.

El APE subsidia las prestaciones de alta complejidad de las obras sociales sindicales y está conformado por un sistema de fondos de redistribución al que aportan los trabajadores con una parte de su salario.

Nadie duda que el poder de los Moyano se sustenta en el control del gremio de camioneros, sector que se hizo cada vez más valioso gracias a la "estrategia" de la década pasada de cerrar trenes. De hecho, Moyano tiene unos 75.000 afiliados y se calcula que hay más de 335.000 camioneros en la Argentina. Lo cierto es que hay varios gremios que tienen muchos más trabajadores asociados, pero el poder de camioneros es mucho más grande. Tanto que Moyano resultó ser electo a dedo por el Gobierno para acompañar a Franco Macri y sus amigos chinos de Sonhe Hopefull en la sociedad que controla el tren Belgrano Cargas, que, dicho sea de paso, recibe un subsidio operativo mensual de $ 22,5 millones.

De esta manera no resulta extraño que los Moyano repitan cada vez que pueden, como lo hace Hugo, que el gobierno de Néstor "está haciendo" muchas de las cosas que promovió Juan Domingo Perón.

TODO O NADA. Los Moyano van por más. Las discusiones entre los camioneros y la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas por el pago de los fletes de granos da vueltas sobre el control del derecho de verificación de cargas que, de otorgarse a los gremios le generaría el manejo de una caja que se estima en, al menos, u$s 70 millones.

Pero no todas son rosas para la familia Moyano. Pablo es el que más problemas tiene con la Justicia. Un fallo de un tribunal correntino le prohíbe liderar piquetes aunque le concedió la probation antes de continuar con un proceso que podría mandarlo a la cárcel por privación ilegítima de la libertad en una causa penal en su contra originada en un corte de rutas cerca de Brasil, junto a otros tres militantes de su gremio.

Por otra parte, cuando el año pasado organizaba protestas que rayaban con la xenofobia contra los propietarios de supermercados de origen asiático, Pablo no dejaba de asentir mientras el delegado del gremio, Carlos Ayala, aseguraba sin que se le moviera un pelo: "El italiano es jodido, el gallego es jodido y el judío es jodido, pero con ellos nunca tuvimos los problemas que tenemos desde hace tiempo con los chinos". Por ello fueron querellados penalmente en la Justicia federal por supuesta discriminación.

Más allá de los problemas judiciales, hasta la gente más cercana a los Moyano todavía no se anima a afirmar que Hugo y Pablo se han recuperado plenamente del desgaste que significaron los incidentes de San Vicente el año pasado, aunque sí se animan a afirmar que queda mucho por ver aún de su poder.