Senadores radicales piden a la Justicia que intime a Felisa Miceli a responder sobre el caso Greco

Los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales le pidieron a la Justicia que intime a la ministra de Economía, Felisa Miceli, a responder sobre el controvertido expediente por el cual estuvieron a punto de pagarse unos 600 millones de pesos a los herederos del Grupo Greco.

Según documentación, los legisladores plantearon ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de la magistrada María José Sarmiento, un pedido de "pronto despacho" para que Miceli responda un total de 17 preguntas.

En ese listado se destaca el reclamo de los senadores sobre si "existen informes respecto de la determinación del monto y la consistencia de la deuda con el Grupo Greco y las obligaciones de dicho Grupo con el Estado por parte del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía".

El dato no es menor, pues podría trocar la posición del Estado argentino, de deudor a acreedor del Grupo Greco, explicaron a la agencia DyN fuentes cercanas a los legisladores radicales.

Sanz y Morales también preguntaron su "existe alguna opinión, intervención o informe técnico por escrito" de la ministra Miceli "solicitando la cancelación de la deuda con el Grupo Greco o advertencia alguna al Presidente de la Nación (Néstor Kirchner) o al Jefe de Gabinete de Ministros (Alberto Fernández) para no cancelar las mismas e investigar la situación".

La presentación, que en términos jurídicos es una "acción de amparo por mora", responde -según los senadores opositores- a que "el Ministerio de Economía no respondió lo solicitado oportunamente", cuando se tramitó un proyecto de ley que reclamaba unos 1.300 millones de pesos adicionales, casi 600 de los cuales estaban destinados al Grupo Greco.

"Si bien la ministro de Economía, Felisa Miceli, remitió una respuesta, ésta fue recibida por los senadores fuera del término legal y además la misma es parcial, insuficiente y no responde lo sustancial como indica el decreto 1.172, que afirma que el Poder Ejecutivo debe informar 'debidamente'", dijeron los legisladores radicales.

Morales señaló que "Miceli reiteradamente ha entorpecido la búsqueda de información necesaria para analizar y eventualmente aprobar el proyecto de ley" que había pedido Economía y luego, cuando los senadores radicales advirtieron de qué se trataba, fue dejado sin efecto.

Entre las preguntas que los senadores le pidieron a la Justicia que Miceli responda figuran "¿cómo se determinó en definitiva el monto indicado como obligación a cancelar al Grupo Greco?; ¿existen informes por escritos que avalen tal determinación?; ¿intervino en el proceso de determinación y requerimiento de cancelación del crédito la Oficina Nacional de Crédito Público?; ¿cuál fue el grado de participación y, eventualmente de control del proceso Judicial, de la Procuración del Tesoro de la Nación?".

El escrito inquiere también si "intervinieron la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación en el trámite de consolidación de la deuda, si hubo alguna objeción respecto del procedimiento de determinación del monto que en definitiva se remite para cancelación y si existe algún informe o participación de los funcionarios del Ministerio respecto de la negativa de la SIGEN".

Los senadores también quieren saber "qué funcionario -o funcionarios- realiza la solicitud del monto a incluir en el pedido realizado mediante proyecto de Ley ante el Congreso de la Nación".

Y -agregan- "por qué el Ministerio de Economía y Producción no actuó de la misma manera en que lo hicieron las anteriores autoridades del mismo ministerio en el caso Meller, que fuera una de las causales de juicio político al Dr. (Eduardo) Moliné O'Connor, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de las intimaciones realizadas por la Justicia con amenazas de sanción que iban desde aplicación de astreintes (conminaciones judiciales que pueden transformarse en indemnizaciones en favor del damnificado) hasta arresto".

El Grupo Greco era un conglomerado mendocino de 44 empresas que quebró en 1980; su caída tuvo un fuerte impacto negativo en la economía provincial y el Estado, en manos de los militares, se hizo cargo de parte de los débitos y luego lo expropió.

El grupo demandó al Estado y la Justicia ordenó resarcirlo en un monto que alcanza los 598 millones de pesos.

Fuente: DyN