Crece la polémica entre el Gobierno y el juez Bisordi

El País



La polémica desatada entre el Gobierno y el juez Alfredo Bisordi, titular de la Cámara de Casación, sigue creciendo. Tras las duras críticas que hizo ayer el magistrado al presidente Néstor Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo hoy que el juez tiene "una actitud que preocupa y mucho" y justificó el hecho de haber solicitado su renuncia.

En ese sentido, aseguró que tiene la necesidad de defender al presidente Kirchner, a quien, según dijo, Bisordi "puso por debajo de asesinos como Onganía, Videla, Viola o Bignone". De esta manera, el ministro, en declaraciones radiales, salió a defender la actitud del Gobierno y rechazó las críticas por su presunta intromisión en asuntos de la Justicia.

Ayer, el juez lanzó fuertes críticas a Kirchner: atribuyó a la "simpatía que tiene el Gobierno por grupos que actuaron en el pasado" el duro cuestionamiento que recibió de parte del Presidente. Y denunció presiones kirchneristas, mediante la amenaza de un supuesto escrache del grupo HIJOS.

El 24 de marzo pasado, al cumplirse 31 años del golpe de Estado de 1976, Kirchner había cargado desde Córdoba contra el máximo tribunal penal del país, al cuestionar las "demoras" para resolver causas pendientes contra los militares involucrados en la última dictadura. A esa embestida se habían sumado ministros del Gobierno, entre ellos Fernández, que habían pedido a Bisordi que "le haga un favor a la patria y renuncie" al cargo.

El camarista, sin embargo, ratificó ayer que no presentará su renuncia, aunque aseguró que se jubilará en 2008, cuando cumpla 60 años, porque, según dijo, "ya no tiene sentido permanecer vinculado a la administración de Justicia".

Arranca el diálogo cara a cara con Uruguay

Funcionarios argentinos y del país vecino volverán a verse en Madrid para en el marco de la mediación del rey Juan Carlos; expectativa entre asambleístas




Tras cinco meses de gestiones del representante del rey Juan Carlos I de España y en un clima que combina cierta tensión con la falta de expectativas, funcionarios de la Argentina y Uruguay volverán a verse cara a cara en medio del trabado conflicto por las papeleras.

La esperada mesa de diálogo, tal como fue planteada por el hombre de la corona, el embajador ante la ONU, Antonio Yáñez, comenzará esta tarde en Madrid.

Enviados. Ni Néstor Kirchner ni Tabaré Vázquez serán de la partida. Por la Argentina estarán el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el canciller Jorge Taiana; la directora de Asuntos Legales de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti; la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y el gobernador electo de Entre Ríos, Sergio Urribarri.

Será el retorno de Picolotti a las gestiones oficiales por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. La funcionaria había quedado golpeada y de hecho fue apartada del tema tras sus fracasadas gestiones para frenar los créditos que el Banco Mundial otorgó a la empresa finlandesa y que provocó el regreso de los asambleístas de Gualeguaycchú a las rutas en noviembre pasado.

Cerca del rey. El escenario del encuentro será el Palacio de Santa Cruz, sede de la cancillería local. Desde mañana, los funcionarios se encontrarán en el Palacio de la Quinta del Prado, a 15 kilómetros de Madrid, el mismo predio donde residió Francisco Franco y que está a cinco minutos de La Zarzuela, residencia del rey.

Por Uruguay estarán en Madrid el canciller, Reinaldo Gargano; el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres.

Posiciones. Las posturas que los enviados pondrán sobre la mesa son conocidas: la Argentina insistirá en que Uruguay violó el tratado del Río Uruguay por haber autorizado unilateralmente la instalación de la pastera e insistirá en reclamar que la planta sea relocalizada.

Esto último parece lo menos factible, sobre todo porque Botnia ya anunció que comenzará a producir pasta de celulosa en septiembre próximo.

Uruguay, por su parte, volverá a pedir que se levanten los cortes de ruta como condición necesaria para comenzar a dialogar. En este contexto, reiterará, esta vez con Yáñez Barnuevo como testigo, su propuesta de realizar un monitoreo conjunto de la planta una vez que esté funcionando.

Factor Botnia. Frente a estas posiciones, a primera vista irreconciliables, la expectativa está concentrada en lo que el emisario del rey tenga para decir sobre las conversaciones que mantuvo con las autoridades de Botnia. Hasta ahora la empresa demostró que se mantendrá firme en su decisión de empezar a funcionar, pero no se descarta que haya hecho alguna propuesta al español.

Carrió pidió el juicio político de Aníbal Fernández por el caso Skanska y al ministro le causa “gracia”

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo esta mañana que le causa " gracia" la decisión de la candidata presidencial Elisa Carrió de pedir que se lo someta a juicio político por haber cuestionado al juez que investiga presuntos sobornos en la denominada causa Skanka, Javier López Biscayart.

Fernández insistió en que él no está pidiendo enjuiciamiento para el magistrado, sino que le solicitó al Consejo de la Magistratura que evalúe una situación que él considera anómala, en cuanto al papel que deben cumplir los policías de la Federal en el traslado de presos.

Según Fernández dijo a radio América, "Carrió desconoce por completo de qué se trata el tema; alguien le ha contado un poquito, le pareció bárbaro pelearse con el ministro del Interior, porque le debe dar un poquito más de chapa de la que tiene para competir, y eso me llama la atención y, sin ser irrespetuoso, me causa gracia".

Fuente: DyN

Cronología del conflicto

La controversia entre la Argentina y Uruguay por la instalación de plantas papeleras a la vera del río que hace de frontera natural se inició hace tres años y medio a partir de las denuncias públicas de ciudadanos argentinos.

A continuación, los hechos salientes en el desarrollo del conflicto:

3 de octubre de 2003: vecinos de la ribera argentina del río Uruguay advierten sobre la eventual instalación de una planta de la española Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la argentina de Gualeguaychú. La Cancillería argentina emite por primera vez un comunicado en el que reconoce "preocupación" por el asunto y el presidente argentino, Néstor Kirchner, instruye al entonces canciller Rafael Bielsa a hacer un seguimiento del tema.

9 de octubre de 2003: El gobierno del entonces presidente uruguayo, Jorge Batlle, autoriza la instalación de Ence en Fray Bentos.

27 de octubre de 2003: La Cancillería argentina solicita a Uruguay detalles técnicos de la planta de Ence y presenta una queja por escrito porque, según alega, el proyecto fue autorizado unilateralmente por Uruguay, sin consulta previa a la Argentina, acto contrario al Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida de ese recurso fluvial.

2 de marzo de 2004: El Gobierno de Uruguay se compromete ante el de la Argentina a controlar la instalación y funcionamiento de la planta de Ence. El compromiso queda sellado en un acuerdo por el que también se crearía un sistema para vigilar la construcción de la planta y su posterior funcionamiento, con informes periódicos de las autoridades uruguayas a las argentinas, algo que finalmente nunca se concretaría.

15 de febrero de 2005: El gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez autoriza unilateralmente la construcción de una planta de la finlandesa Botnia, también en Fray Bentos.

15 de abril de 2005: Botnia inicia la construcción de su planta, con una inversión de 1100 millones de dólares.

6 de mayo de 2005: Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez acuerdan crear un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN) para estudiar el asunto.

Junio de 2005: La Argentina envía una carta al Banco Mundial en la que expresa su "preocupación" ante la posibilidad de que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende de ese organismo, contribuya a la financiación de las plantas. Como consecuencia, la CFI inicia un proceso de evaluación interno.

5 de julio de 2005: Uruguay autoriza unilateralmente la construcción de una terminal portuaria para Botnia sobre el río Uruguay.

3 de agosto de 2005: El GTAN se reúne por primera vez, en Montevideo.

13 de octubre de 2005: La "ombudsman" (defensora del pueblo) del Banco Mundial, Meg Taylor, se hace eco de las objeciones de los vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú a la instalación de dos papeleras frente a su costa, en Uruguay.

19 de diciembre de 2005: La Corporación Financiera Internacional (CFI) divulga un estudio "preliminar" de impacto social y ambiental del proyecto de Botnia, en el que señala que no prevé efectos negativos para la Argentina.

3 de enero de 2006: La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia los bloqueos sobre el puente hacia Fray Bentos. El corte, al que se suman temporalmente vecinos de los otros dos pasos fronterizos, dura 45 días.

30 de enero de 2006: El grupo de trabajo creado por la Argentina y Uruguay para evaluar el impacto ambiental de la instalación de dos papeleras en territorio uruguayo concluye su período de trabajo de 180 días sin ningún tipo de avances ni de acuerdos.

11 de marzo de 2006: Los presidentes de Argentina y de Uruguay se reúnen en Chile y acuerdan realizar dos encuentros para negociar un salida a la controversia en un plazo de 90 días, durante los cuales Botnia y Ence deberían suspender las obras. El acuerdo fracasa y hasta el momento (abril de 2007) ambos mandatarios no han vuelto a reunirse para dialogar sobre el conflicto.

4 de mayo de 2006: La Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay.

En tanto, Uruguay recurre al Tribunal Arbitral del Mercosur para que decida si la Argentina violó los acuerdos de libre circulación dentro del bloque al permitir el bloqueo de pasos.

12 de mayo de 2006: el conflicto bilateral logra amplia difusión internacional cuando la reina del carnaval de Gualeguaychú, Evangelina Carrozo, irrumpe en bikini en la foto de familia de la cuarta Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea, América latina y el Caribe, en Viena, con un cartel en contra de las papeleras en Uruguay.

13 de julio de 2006: La CIJ resuelve no dar lugar al pedido cautelar de Argentina para que Uruguay suspenda la construcción de las plantas hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

6 de septiembre de 2006: el Tribunal Arbitral del Mercosur cuestiona los bloqueos de puentes, aunque señala que el gobierno argentino actuó de "buen fe" y no le impone sanciones.

4 de noviembre de 2006: durante la Cumbre Iberoamericana en Montevideo, el presidente argentino, Néstor Kirchner, pide al rey Juan Carlos de España que medie en el conflicto. El monarca acepta ejercer de "facilitador" y encomienda la tarea al embajador de España ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.

14 al 17 de noviembre de 2006: primera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

20 de noviembre de 2006: La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia un nuevo bloqueo por "tiempo indeterminado" sobre el paso a Fray Bentos.

28 de noviembre de 2006: Uruguay presenta ante la Corte Internacional de Justicia un pedido de medida cautelar contra Argentina por los cortes de ruta en los pasos fronterizos que conectan a ambos países.

4 al 7 de diciembre de 2006: segunda visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

12 de diciembre de 2006: La española Ence anuncia que construirá una papelera cerca de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en el Río de La Plata, después de que su proyecto en Fray Bentos, cerca del río Uruguay, fuera duramente criticado por los argentinos.

23 de enero de 2007: La CIJ rechaza la medida cautelar solicitada por Uruguay para que Argentina ponga fin a los bloqueos de pasos fronterizos.

29 al 31 de enero de 2007: tercera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.

2 de febrero de 2007: El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anuncia que la Argentina y Uruguay han llegado a un "entendimiento para iniciar un diálogo directo" con el apoyo de España para abordar los problemas creados por la instalación de plantas de celulosa en la frontera.

9 de marzo de 2007: El Poder Legislativo de Entre Ríos aprueba una ley que prohíbe la exportación de madera a Uruguay, una iniciativa impulsada por los habitantes de esa provincia argentina que se oponen a la construcción de una papelera en el país vecino.

23 de marzo de 2007: El gobierno de España anuncia que la primera reunión entre representantes de los gobiernos de la Argentina y Uruguay sobre el conflicto de las papeleras comenzará el 18 de abril en Madrid.

La oposición colombiana denuncia que Uribe promovió grupos paramilitares

El senador del Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, ha denunciado que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, aprobó en los 90, cuando era gobernador de la región de Antioquia, la creación de un operativo de seguridad al jefe paramilitar Salvatore Mancuso. A estos grupos, dirigidos por ultraderechistas, se les acusa del asesinato de cientos de campesinos con la excusa de la persecución de las guerrillas comunistas. El Gobierno ha rechazado las acusaciones.

La de Mancuso fue una de las 82 Convivir, como se conocieron en Colombia este tipo de escuadrones privados, que Uribe autorizó de 1995 a 1997 cuando era gobernador, según ha precisado el senador en un debate sobre los paramilitares realizado en el Congreso. Estos grupos fueron creados en un principio para ayudar a la policía a luchar contra las guerrillas, los grupos de secuestradores y otros delincuentes. Sin embargo, pronto se hicieron con ellos líderes paramilitares de extrema derecha acusados de masacrar a campesinos en su supuesta lucha contra las guerrillas.

"Cualquier medio para destruir a la izquierda estaba justificado", ha dicho el congresista, para añadir que "la estrategia acabó creando el monstruo del paramilitarismo al que todavía nos enfrentamos". Petro ha explicado que esos escuadrones contaron con 4.118 miembros. El senador se ha propuesto desvelar los nexos de casi 2.000 personas con los escuadrones paramilitares ultraderecha, muchas de ellas políticos de ese departamento. Además, ha explicado en la sesión que estos grupos tuvieron lazos con grandes narcotraficantes y contaron con la colaboración de efectivos de la Fuerza Pública.

Según él, "los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 ó 30 vuelos con coca". Basándose en testimonios judiciales, Petro ha explicado que oficiales militares y policiales mantuvieron relaciones con los desaparecidos jefes mafiosos del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez y ha puesto varios ejemplos.

En la sesión en la que Petro ha realizado las denuncias estaban presentes los ministros del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en representación del Gobierno de Uribe, cuya familia también ha sido implicada por el congresista con grupos paramilitares. Holguín ha dicho que Petro "pinta a Colombia como un país de asesinos y paramilitares, y la gente sabe que eso es una bobada".

La sesión parlamentaria sobre el paramilitarismo en Antioquia ha despertado una gran expectativa en todo el país, por tratarse de la patria chica del presidente Uribe y por remontarse a los años en los que el actual presidente ejerció allí como gobernador.