El Gobierno anunció que reestatizará Tandanor

El gobierno nacional anunció hoy la reestatización de los astilleros Tandanor.

El astillero había sido privatizado en 1991 durante la gestión del ex presidente Carlos Menem.

El anuncio fue hecho esta mañana por la ministra de Defensa, Nilda Garré, tras reunirse con el presidente Néstor Kirchner, en la Casa de Gobierno.

Durante la conferencia de prensa, la ministra reivindicó a los trabajadores del astillero por mantener en actividad la empresa.

Erman, involucrado. La privatización del astillero generó una exhaustiva investigación judicial, próxima a ir a juicio oral, en la que uno de los involucrados era el ex ministro de Defensa de Menem, Antonio Erman González, recientemente fallecido .

El ex ministro estaba procesado por el delito de "administración fraudulenta" y había sido señalado por la Cámara Federal porteña cono responsable de haber beneficiado a Tandanor en el proceso de privatización.

El negocio. En un fallo emitido en diciembre del año pasado, los jueces de la Sala I de la Cámara explicaron que, si bien el precio de tasación del astillero era de 170 millones de dólares la empresa, con sólo haber pagado 7 millones, tomó posesión y empezó a vender los bienes de Tandanor.

La licitación preveía que la empresa debía pagar un precio de contado, al momento de la licitación, de 8 millones. El resto, según esa venta, debía integrarse al escriturar, al contado, en bonos de deuda pública.

Según la investigación, a los pocos meses de la licitación se modificaron las condiciones de pago en favor de la empresa. Se estableció que sólo debía pagar la suma inicial y se le dio un plazo de 10 años para pagar el resto (con 3 años de gracia).

Además, se aceptó como garantía de la operación una hipoteca sobre una empresa, que era una compañía vinculada a la privatizada y no sirvió para cubrir las deudas. Quebró antes y no estaba asegurada.

Sospecha. La hipótesis de trabajo de la Justicia fue que en la firma adjudicataria no estaban interesados en Tandanor sino en un terreno del astillero aledaño al Apostadero Naval en Puerto Madero, con la idea de hacer un multimillonario negocio inmobiliario.

La resolución de la Cámara criticó el "desventajoso desprendimiento que significó para el Estado nacional la venta de la planta I" del astillero, "con ánimo de beneficiar patrimonialmente a esa empresa a la que se le adjudicó el 90 por ciento de sus acciones".