Poder Ciudadano cuestiona los viajes de Cristina Kirchner

En medio de las giras de instalación internacional de la senadora Cristina Kirchner -quizá la próxima candidata a presidenta-, la Fundación Poder Ciudadano presentó la última semana una denuncia en la Oficina Anticorrupción (OA) porque todavía no fue respondido su pedido de informes sobre los gastos del viaje que la primera dama realizó a París a principios de febrero.

La senadora estuvo en Francia entre el 4 y el 9 de febrero para firmar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Con una agenda de alto perfil político, aprovechó para entrevistarse con el premier francés, Dominique de Villepin; la candidata socialista a presidenta, Ségolène Royal, y el postulante conservador Nicolas Sarkozy.

Según informaron los periodistas que cubrieron el viaje, la acompañó una delegación de 20 personas y ella se hospedó en el célebre hotel Meurice, frente al jardín de las Tullerías, cuyas tarifas publicadas en Internet no bajan de 600 euros por noche.

En su pedido de informes, al que tuvo acceso LA NACION, Poder Ciudadano requiere el nombre y el cargo de todas las personas que conformaron la comitiva oficial (incluidos los periodistas), los costos de alojamiento de cada uno de ellos y la agenda oficial de la senadora.

La solicitud fue enviada el 9 de febrero a la Presidencia de la Nación, fundada en el decreto 1172/03 de acceso a la información, que establece mecanismos para que cualquier ciudadano pueda pedir y recibir información del Poder Ejecutivo.

El 23 de ese mismo mes, la Dirección General de Recursos Humanos y Administración de la Secretaría General de la Presidencia respondió a Poder Ciudadano con una carta en la que pedía 10 días de prórroga para contestar. Ese es el plazo máximo de mora que permite el decreto.

"Se informa que la administración se encuentra actualmente trabajando en la contestación de su solicitud y que por tal motivo hemos decidido extender el plazo de respuesta en 10 días según lo establece el artículo 12 del decreto 1172/03", dice la nota de la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, los 10 días pasaron sin novedades (ya transcurrieron tres semanas), y por eso Poder Ciudadano acaba de presentar ante la OA una denuncia por incumplimiento del decreto de acceso a la información. Ahora, la OA debe abrir un expediente sobre la denuncia y reiterar el pedido.

"Casi todos nuestros pedidos son respondidos, pero los que no, los denunciamos en la OA, porque ése es el paso administrativo previsto en el decreto, mientras que la acción judicial la consideramos sólo como último recurso y hasta ahora no fue necesario", explicó Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

Alonso destacó que de la media docena de denuncias que debió girar a la OA ante la mora de distintos organismos del Estado para brindar información, todos sus pedidos finalmente fueron respondidos sin tener que recurrir a la instancia judicial, y cree que en este caso será igual.

Más allá de la información sobre los viajes del matrimonio presidencial, Poder Ciudadano habitualmente requiere datos sobre la pauta de publicidad oficial, la asignación de pensiones asistenciales, las declaraciones de bienes de los funcionarios y la ejecución del presupuesto de distintos organismos, entre otros.

Para todas ellas, el decreto 1172/03, cuya aplicación empezó a regir casi desde que Kirchner llegó al poder, significó un gran avance en el acceso a la información pública y que hasta ahora dio muy buenos resultados para acercar información delicada a los votantes, pero falta un ley nacional que abarque los tres poderes, porque el decreto sólo abarca al Ejecutivo, mientras que el Legislativo y el Judicial permanecen sin regulación.

Así, un senador o un juez no tienen hoy la misma obligación que tiene un funcionario nacional de difundir la información requerida por los ciudadanos.