El Parlamento de Ecuador reanuda su trabajo tras un mes de estancamiento

FERNANDO ARROYO LEÓN (EFE)

QUITO.- El Congreso de Ecuador ha reanudado sus funciones tras un mes de estancamiento, mientras 57 diputados opositores al Gobierno, que no aceptan su destitución por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se reunían en un hotel.

Con 62 diputados presentes en la sesión, que ha sido aplazada cada semana desde hace un mes, el Parlamento se reunió y empezó a debatir sobre una agenda de trabajo que también generó discrepancias entre los congresistas.

El quórum se completó con la presencia de diputados no sancionados y algo más de una veintena de suplentes de los destituidos, que se han autodenominado el 'Grupo de la dignidad'. Sin espacio para intentar recuperar sus escaños, los legisladores sancionados se reunieron en un hotel de Quito, a modo de un Congreso paralelo, con más fuerza moral que legal.

Un fuerte dispositivo policial vigiló la seguridad en la sede del Parlamento y, pese a que no llegaron los destituidos, los agentes cumplieron la orden de constatar que sólo entrasen los autorizados.

El presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, que proviene de la oposición, pero que también ha sido criticado por ese grupo, aseguró que daba paso a la sesión de hoy para normalizar las funciones legislativas y porque esa era una "demanda del pueblo ecuatoriano".

Tensión por la consulta sobre una Asamblea Constituyente

Cevallos dio paso a la sesión ordinaria del Congreso amparado en una opinión del procurador del Estado, Xavier Garaycoa, quien admitió la posibilidad de que se reúna el Parlamento, de forma provisional, con los diputados suplentes, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva definitivamente el embrollo jurídico.

Y es que los diputados destituidos por el TSE, sancionados por "interferir" en el proceso de la consulta popular que se celebrará el próximo domingo sobre una Asamblea Constituyente de plenos poderes, han presentado varios recursos para revertir la destitución, aunque hasta ahora han fracasado.

De todas formas, el Congreso reanudó sus sesiones, pese a que el reparto de ciertos cargos administrativos, vacantes por la salida de los destituidos, ha generado fricciones entre grupos parlamentarios, según han advertido los medios de información.

A los destituidos no les ha quedado otra cosa que erigirse como la oposición política al Gobierno del izquierdista Rafael Correa, a quien acusan de dirigir una "dictadura".

"Estamos tratando de salvar la democracia", ha asegurado el socialcristiano Pascual del Cioppo, tras anunciar que los diputados sancionados emprenderán acciones para "hacerle ver al país y al mundo entero que en el Ecuador no se está viviendo en un régimen democrático".

"Se disolvió a la oposición de un solo plumazo, no hay oposición, no hay el contrapeso que debe haber en todo estado democrático; nadie puede hablar aquí en contra de un gobierno, porque definitivamente enseguida es vejado, perseguido y apaleado", afirmó el socialcristiano.

No obstante, Del Cioppo y sus correligionarios esperan una última oportunidad para recuperar sus cargos con el fallo que debe emitir el Tribunal Constitucional sobre la recusación a la sanción del TSE.

Correa denuncia 'mafias políticas'

Por su parte, el jefe del Estado responsabilizó a los diputados destituidos, a los que acusó de responder a intereses de "mafias políticas", de querer "imponerse a las bravas" y de paralizar la función legislativa.

Según Correa, Ecuador está saliendo adelante y dejando atrás una historia de dominación de grupos políticos tradicionales que, según dijo, han controlado en el pasado todas las funciones del Estado.

La actual crisis política en Ecuador estalló hace más de un mes, cuando los 57 diputados opositores decidieron "sustituir" al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber dado paso a la consulta popular del próximo domingo.

Por el contrario, Acosta decidió destituir a los 57 legisladores, por considerar que la figura de "sustitución" no está en las leyes locales, y porque, en momentos electorales como el actual, el TSE es la máxima autoridad en el país, con el poder de sancionar a quienes "interfieran" en el proceso.